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De Rosa y Bravo culminan su etapa en el Poder Judicial y regresan a Valencia
El magistrado y la fiscal concluyen su mandato el 24 de septiembre, aunque podrían seguir de forma interina si no hay acuerdo para los nuevos vocales
Fernando de Rosa y Gabriela Bravo, la cuota valenciana en el Consejo General del Poder Judicial, terminan su mandato el próximo 24 de septiembre. Ese día se cumplen los cinco años desde su nombramiento como vocales al frente del órgano de gobierno de los jueces. Una etapa, sin duda, convulsa tras la dimisión en junio de 2012 del presidente Carlos Dívar por gastos injustificados al frente de la institución. Era lo que se llegó a bautizar como fines de semana caribeños. Podían empezar un jueves y terminar el siguiente lunes.
También la crisis económica ha sido un lastre para la institución. Cualquier reforma que planteaban se topaba siempre con las cuentas en números rojos del Gobierno. Y ya se sabe que sin dinero poco o nada se consigue. La escasez del presupuesto del Ministerio de Justicia era -y es- todavía mayor que otros departamentos en época de recesión.
Fernando de Rosa, exconseller de Justicia y exdecano de los jueces de Valencia, entre otros cargos, regresará a la Audiencia de Valencia. El valenciano empezó su etapa política cuando estaba al frente de un juzgado de Instrucción de Valencia. No obstante, durante su mandato al frente del Poder Judicial ascendió y ahora tiene plaza en la Audiencia de Valencia. Ahí es donde regresará tras su etapa como vicepresidente del Consejo. Su buena relación con el expresidente Francisco Camps -entonces considerado uno de los barones del PP- le abrió las puertas de Madrid. Hoy en día, tal y como ha llegado a reconocer el propio De Rosa públicamente, esa amistad más que enfriarse ha desaparecido.
Gabriela Bravo también vuelve a la capital del Turia. En este caso, su traslado a Madrid llegó de la mano del PSOE. Sus buenas relaciones con algunos dirigentes del partido socialista le auparon a la plaza de vocal. Tras el final de su mandato debe regresar a la Fiscalía de Valencia. Antes desarrollaba su labor en la sección de Menores. Ahora quizá sea destinada a otra sección. Algunas fuentes apuntan a que Bravo estaría interesada en quedarse en la capital de España. Pese a su sensibilidad progresista mantiene hoy buenos contactos en el PP.
La situación de los nuevos vocales no será tan ventajosa como la que han disfrutado los actuales. Sólo cobrarán sueldo -al nivel de un secretario de Estado- los miembros de la comisión permanente. Serán cinco más el presidente. El resto, sólo tendrán que desplazarse para las reuniones, y se les abonarán las dietas. Eso permite mantener la residencia en el lugar de trabajo, lo que ha impulsado a algunos jueces a solicitar esta plaza.
Más de medio centenar de candidatos aspiran a una docena de cargos en el Consejo. El resto, ocho, son juristas de reconocido prestigio que proponen los partidos políticos. En el listado de jueces figuran tres aspirantes de la cuota valenciana. Se trata de Pedro Castellano, expresidente de la Audiencia de Valencia y de la actual titular del puesto, Carmen Llombart. Ambos pertenecientes a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. El otro aspirante es Carlos Domínguez, presidente de la Audiencia de Castellón y que renunció a enjuiciar al expresidente de Castellón Carlos Fabra por su amistad con el político.
En caso de que Llombart saliera elegida como vocal y, además, de la comisión permanente no podría continuar con su labor al frente de la Audiencia. Un compañero ocuparía su puesto de forma interina o se convocaría la plaza
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