miércoles, 9 de abril de 2014

Justicia asegura que tendrá en cuenta las propuestas de CSI-F sobre la reforma del Registro Civil

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Justicia asegura que tendrá en cuenta las propuestas de CSI-F sobre la reforma del Registro Civil

Fecha: 08/04/2014 [07:10] h.
Origen: Redacción NJ

El Ministerio de Justicia "tendrá en cuenta" la propuesta de CSI-F a favor de un Registro Civil público, moderno y cercano al ciudadano que esté gestionado por funcionarios. El sindicato solicitará una reunión con los responsables ministeriales para abordar la reforma.

El departamento de Alberto Ruiz-Gallardón ha respondido así en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que agradece a la central sindical sus sugerencias y asegura que su contenido "será tenido en cuenta a la hora de implantar el nuevo modelo".

CSI-F, sindicato mayoritario en el sector Justicia, ha remitido en varias ocasiones su propuesta, aunque no ha sido hasta la última enviada en marzo cuando ha tenido contestación del Ministerio.

En ella, los representantes sindicales abogan por un Registro Civil público que aproveche la "formación, experiencia y potencial" de los funcionarios, que sea "único en la gestión y esté centrado en las personas y no en los hechos registrales" y que se encuentre informatizado para aprovechar los millones de euros invertidos en su digitalización.

Solicitan al Ministerio que renuncie a la privatización del Registro

Apuestan por un Registro Civil descentralizado en su funcionamiento, aprovechando "los partidos judiciales existentes y muy especialmente" los juzgados y agrupaciones de juzgados de paz. El anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial presentado el viernes reforma el mapa judicial y acaba con los jueces de paz, aunque mantiene las sedes judiciales.

Para CSI-F, es necesario establecer unas relaciones de puestos de trabajo que delimiten las funciones y responsabilidades de los empleados públicos, pero también les ofrezca el reconocimiento laboral y retributivo que merecen.

Por todo ello, insta al Ministerio a renunciar "definitivamente" al proyecto de privatizar el Registro Civil y a convocar la mesa de negociación con las organizaciones sindicales para abordar desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos la puesta en marcha de un Registro gestionado por funcionarios de secretarios judiciales, Gestión, Tramitación o Auxilio Judicial. (EUROPA PRESS)

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INFORMA CONCENTRACIONES NACIONALES


 

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ÉXITO DE LA PRIMERA JORNADA DE PROTESTAS DE LOS FUNCIONARIOS ANTE LA SEDE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA

CSI·F convoca la segunda jornada de protestas el día 9 de abril a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Justicia e invita a las organizaciones sindicales y funcionarios de Justicia a participar en ella.

 

TODOS JUNTOS PODEMOS

LA UNIDAD SINDICAL ES MÁS NECESARIA QUE NUNCA

 


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Gallardón vuelve a poner en pie de guerra a la Justicia

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Gallardón vuelve a poner en pie de guerra a la Justicia

Los sindicatos convocan a los trabajadores de la Administración de Justicia a concentrarse hoy ante la sede del Ministerio contra lo que consideran un recorte sin precedentes de sus derechos laborales.

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Los sindicatos, CSI-F, CCOO, UGT y STAJ convocan a los trabajadores de la Administración de Justicia a movilizarse hoy en toda España contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha anunciado el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el acto estelar tendrá lugar esta tarde a las 19 horas frente al Ministerio de Justicia, La concentración de mañana se celebrará a las 17,00 horas, frente a la sede del ministerio en la calle San Bernardo, donde CSI-F volverá a concentrarse mañana.

Según explica la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), en Twitter el objetivo de su convocatoria es protestar "contra una reforma que aleja la justicia de los ciudadanos con la desaparición de los juzgados de paz, las audiencias provinciales y los partidos judiciales, y que genera graves perjuicios a los funcionarios, con amortización de plazas y traslados forzosos".

Mientras que CCOO advierte en su página web que llama a la movilización porque "la reforma de la LOPJ constituirá una agresión sin precedentes que modificará sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores recortando sus derechos (movilidad funcional y geográfica forzosa, recortes de retribuciones complementarias, drástica limitación de la movilidad voluntaria,.....)"

Este sindicato asegura que "Gallardón miente en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros asegurando que no desaparecerán los juzgados de paz" y que" vuelve a mentir cuando asegura que los tribunales provinciales de instancia no supondrá la desaparición de sedes judiciales".

Y alerta que "no está garantizado en absoluto el mantenimiento de todos los puestos de trabajo actuales y anunciamos un durísimo proceso de negociación y movilización si el Gobierno no garantiza el empleo, las retribuciones y la no existencia de procesos de movilidad geográfica forzosa.
Además, CCOO justifica las movilizaciones en que "la privatización del Registro Civil sigue siendo un objetivo del ministro Gallardón y del Gobierno que, además de eliminar su carácter de servicio público y gratuito, destruirá miles de puestos de trabajo e implicará un proceso de reordenación del personal con consecuencias para todos los trabajadores de la Administración de Justicia".

Dicha central sindical recuerda que, además de todo lo anterior y de la Ley de Tasas Judiciales, el Gobierno ha aprobado dos nuevos proyectos de Ley que privatizan trámites que eran de exclusiva competencia de la Administración de Justicia: "La Reforma de la LEC atribuye a los Procuradores actos de comunicación y ejecución, para lo cual les atribuye la condición de agentes de la autoridad".

A lo que añade el Proyecto de Ley de de Jurisdicción voluntaria que "saca importantes procedimientos de la Administración de Justicia que reparte entre los registradores de la propiedad y mercantiles se ocuparán y los notarios".

Jueces y secretarios judiciales también en contra

Pero la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial planteada el viernes por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no sólo ha puesto en pie de guerra a los sindicatos de la Administración de Justicia, sino que también provoca el rechazó de tres de de las cuatro principales asociaciones judiciales (Francisco de Vitoria, por Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) que ya anunciaron ayer que se plantean convocar movilizaciones contra un anteproyecto de ley que consideran "cierra el círculo de la politización absoluta de la carrera judicial".

Tampoco gusta a los secretarios judiciales. Ayer, la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ) criticó por "absurda" y "trasnochada" la falta leve que ha introducido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para sancionar a los fedatarios públicos que "incumplan el deber de vestir y comportarse con decoro adecuado a la función".

Además, este colectivo se queja de que el anteproyecto no reconozca su derecho a la negociación colectiva, les obligue a colaborar con la Administración tributaria en la gestión de tributos -algo a lo que se opone- y les mantenga las retribuciones básicas de los jueces.

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martes, 8 de abril de 2014

CONCURSO DE TRASLADOS 2014 VACANTES GALICIA

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Adjunto remito el listado definitivo de vacantes de los cuerpos generales de la Administración de Justicia en Galicia para el concurso de traslados proximo, señalar que son las definitivas , pues son las remitidas por la Dirección Xeral de Xustiza, 

 

 


LISTA DE VACANTES GALICIA CONCURSO 2014



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MANIFESTACIONES DEL 8 DE ABRIL EN CONTRA DE LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL

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Pues aqui os dejo las fotos de las concentraciones celebradas hoy en galicia en defensa del Registro Civil como Servicio Público Gratuito:




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lunes, 7 de abril de 2014

INFORMA REFORMA LOPJ

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La reforma de la LOPJ supone un claro insulto a los funcionarios de la Administración de Justicia. SUPONE la amortización de plazas, reordenaciones generalizadas, movilidad geográfica, obstaculización a la carrera profesional y arbitrariedad en la movilidad funcional.



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El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que adapta las estructuras de la Justicia al siglo XXI

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El objetivo es agilizar la justicia y reducir los tiempos de resolución con tres medidas principales:

  • La reorganización de los tribunales a través de la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia
  • Fortalecimiento de la especialización judicial que redunde en la profesionalización
  • Reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del TS: el Alto Tribunal la establecerá cada tres meses en función de su relevancia y será publicada en el BOE

ANTEPROYECTO DE LEY DE LOPJ

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Una juez obliga al Consell a devolver la paga extra de 2012 de forma íntegra a 11 funcionarios de Justicia

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Una juez obliga al Consell a devolver la paga extra de 2012 de forma íntegra a 11 funcionarios de Justicia

La magistrada sostiene en la sentencia que el Real Decreto que anuló el abono no se ajustaba a Derecho

05.04.2014 | 05:00

La magistrada del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de Valencia ha obligado a la Generalitat Valenciana a devolver con carácter íntegro a once funcionarios de Justicia de la Comunidad la paga extra retirada en 2012 a los trabajadores mediante reales decretos como medida de ajuste presupuestario y llevada a cabo por la Conselleria de Hacienda.

La demanda fue presentada por el sindicato CSI-F, a quien ayer fue notificada la sentencia, que obliga a resarcir a los trabajadores de forma individualizada con la paga extra de diciembre de 2012 al no considerarse su impago ajustado a Derecho.

La sentencia da la razón a los argumentos defendidos entonces por el sindicato, que alegó que los funcionarios de Justicia tienen regulada la percepción de las pagas extras en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) la cual, por cuestiones de jerarquía normativa, no podía ser modificada mediante un RDL.

La citada LOPJ no fue modificada hasta finales de Diciembre de aquel año, cuando el derecho a su cobro estaba plenamente devengado, según explicó ayer el portavoz de Justicia en Alicante de CSI-F, Alejandro Vicedo, quien añadió que la organización sindical está estudiando con sus abogados extender el resultado del fallo a la totalidad de los funcionarios de Justicia de la Comunidad Valenciana.

El fallo, contra el que no cabe recurso, «reconoce como situación jurídica individualizada el derecho de los funcionarios a la percepción íntegra de la paga extraordinaria de diciembre de 2012».

Según explicó ayer Alejandro Vicedo, la gran novedad de esta sentencia es la obligación de devolver la paga de forma íntegra. Añadió que solamente se han emitido sentencias similares en España en Sevilla y Girona. La de Sevilla fue, en noviembre de 2013, la primera sentencia en España que obligaba a devolver con carácter íntegro la paga extraordinario a un funcionario.

Por otro lado, el mismo juzgado que ha sentenciado la devolución de la paga a los funcionarios de Justicia de la Comunidad adscritos a CSI-F que reclamaron, ha reconocido también el derecho de los funcionarios de la Generalitat a percibir la paga extraordinaria de diciembre de 2012 correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de junio y el 14 de julio. El fallo reconoce el derecho a la paga correspondiente a 44 días, según indicó Intersindical en un comunicado, que coordina los recursos de 800 personas a las que se denegó el cobro de la extra de diciembre de 2012 por el Real Decreto ley 20/2012 del Gobierno.

El fallo se basa en el principio general del derecho de no retroactividad de las normas, a no ser que expresamente se dicte lo contrario, por lo que al ser publicada la norma el 15 de julio la Administración debe hacerla efectiva en el periodo correspondiente. La resolución afecta a personal de Administración de la Generalitat, Educación y Sanidad.

40 millones de euros
Intersindical pide a la Generalitat que no obstaculice el cobro de los 44 días reconocidos a todo el personal en activo en 2012, unas 120.000 personas, y estima que supondrá una coste de 40 millones de euros.


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Aviso de Substituciones :04/04/2014

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Aviso de Substituciones : Galicia



Aviso de substitucións



Por parte de la Dirección Xeral de Xustiza se nos ha hecho llegar las substituciones horizontales anunciadas en la intranet, por si fuera de vuestro interes.

Substitucións entre titulares:


A CORUÑA


TSX SALA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO A CORUÑA


Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 4, 7 e 8 de abril de 2014


Motivo: vacante


XDO. PRIM. INST. E INSTR. NÚM. 1 ARZÚA


Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 4, 7 e 8 de abril de 2014


Motivo: comisión de servizos


XDO. DE INSTR. NÚM. 3 SANTIAGO DE COMPOSTELA


Corpo: Xestión Procesual e Administrativa


Prazo: 4, 7 e 8 de abril de 2014


Motivo: vacante


PONTEVEDRA


XDO. DO SOCIAL NÚM. 2 PONTEVEDRA


Corpo: Tramitación Procesual e Administrativa


Prazo: 4, 7 e 8 de abril de 2014


Motivo: licenza por enfermidade

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CONCURSO CUERPOS ESPECIALES


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Buenos días,

 

            Según nos ha informado el Ministerio, el CONCURSO DE CUERPOS ESPECIALES está prevista su publicación a finales del mes de abril, primero de mayo.

 

Saludos

 

 

 





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INFORMA OPE 2014


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EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL DE HACIENDA SIGUEN CASTIGANDO A LOS CUERPOS GENERALES Y ESPECIALES DEJÁNDOLES FUERA DE LA OPE 2014 AMPLIADA.

CSIF exigió y exige una OPE para 2014 que incluya todas las vacantes existentes en la Administración de Justicia de todos los Cuerpos de funcionarios que prestan sus servicios en ella.        

 

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INFORMA SENTENCIAS PAGA EXTRA

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NUEVAS SENTENCIAS RECONOCIENDO LA DEVOLUCIÓN DE LA PAGA EXTRA ÍNTEGRA EN JUSTICIA. CSI·F se pone a disposición de los interesados para tramitar la extensión de efectos.

En este caso ha sido el Juzgado contencioso nº 8 de Valencia en sendos procedimientos que han reconocido el derecho a percibir la totalidad de la paga extra a unos funcionarios de Valencia.

 

INFORMA NACIONAL PAGA EXTRA VALENCIA






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domingo, 6 de abril de 2014

Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial: CONSEJO DE MINISTROS

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Madrid, viernes, 04 de abril de 2014

Justicia

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL
  • Adapta las estructuras de la Justicia al siglo XXI.
  • Se reducen los tiempos de resolución con tres medidas principales: la puesta en marcha de los Tribunales Provinciales de Instancia, fortalecimiento de la especialización judicial, y reducción de la litigiosidad mediante la seguridad jurídica que proporcionará la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo.
  • Se restringe el aforamiento autonómico a aquellos expresamente previstos en los estatutos de autonomía e incluye a S.M. la Reina y a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.
  • Desaparecen las categorías judiciales pero se mantiene la nominación de magistrado de forma honorífica.
  • Se establece un sistema de consulta prejudicial que abre una vía de diálogo entre los jueces y el Alto Tribunal.
  • El mes de agosto será hábil para las actuaciones cuya demora pueda causar perjuicios irreparables.
  • Se potencia la función de los secretarios judiciales, que pasarán a denominarse letrados de la Administración de Justicia, como directores de la Oficina Judicial.

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Justicia sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial con el que se busca la agilización definitiva de la Justicia, adaptando las estructuras existentes a la realidad económica, social y jurídica del siglo XXI. Ese objetivo se logrará a través de una mayor eficiencia y rapidez en la resolución de los procedimientos gracias, entre otros aspectos, a la reorganización de los Tribunales y al aumento de la profesionalización y especialización judicial, que, junto con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Supremo, contribuirán a incrementar la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad.

Este texto sustituirá al vigente, que desde su aprobación en 1985 ha sufrido más de cuarenta modificaciones. Entre las principales novedades figura la creación de los Tribunales Provinciales de Instancia, lo que implica una nueva estructura distinta a los actuales partidos judiciales, pero en la que se mantienen todas las sedes existentes para optimizar los recursos. A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, los Tribunales Provinciales de Instancia funcionarán de forma acorde a un reparto provincial de asuntos.

Estos tribunales aglutinarán a todos los juzgados existentes bajo la fórmula de Unidades Judiciales y asumirán también la función juzgadora de la Audiencia Provincial a través de las Secciones de Enjuiciamiento. Con su creación se pretende acabar con las desigualdades que se producen actualmente entre juzgados por las distintas cargas de trabajo, tras haberse demostrado que la creación de otros nuevos no proporciona una solución definitiva al problema.

Flexibilidad de organización

La flexibilidad de organización que permiten los Tribunales Provinciales de Instancia, en todos los órdenes jurisdiccionales, facilitará las sustituciones de jueces mediante la reasignación de efectivos dentro de un mismo órgano judicial. Asimismo, se garantiza una mayor seguridad jurídica al establecer que los asuntos de especial trascendencia puedan ser instruidos por colegios de tres jueces y fomentar que se celebren plenos para unificar doctrina. Lógicamente, todos los asuntos declarados como tales en la Ley Orgánica engloban a los que llegan a la Audiencia Nacional.

Gracias a estas medidas se logrará una mayor calidad en las resoluciones de la primera instancia judicial y se fomentará la profesionalización de la carrera judicial, lo que supondrá la desaparición de los jueces de paz, pero no así de los Juzgados de Paz, que asumirán labores de apoyo y acceso al Registro Civil.

El Anteproyecto incluye una serie de medidas para evitar que la flexibilidad que ofrece el sistema pueda significar una merma de las garantías existentes. Consisten en que la identificación de la plaza ocupada por cada juez incluirá el Tribunal Provincial de Instancia al que pertenezca, el orden jurisdiccional, si es juez unipersonal o miembro de una sección colegiada, y, en su caso, si tiene funciones especializada: mercantil, familia, etcétera.

Los asuntos se repartirán con arreglo a criterios predeterminados y objetivos, como se viene haciendo hasta ahora, y sólo se permitirán cambios en el reparto por enfermedad prolongada, licencia de larga duración, existencia de vacantes y refuerzos previamente establecidos. Se llevará un libro de incidencias y la reasignación de efectivos que conlleve un cambio con respecto a los datos de la plaza se hará de forma voluntaria o por tener una menor antigüedad.


Estructura del Tribunal Provincial de Instancia

Cada Tribunal Provincial de Instancia (cincuenta más Ceuta y Melilla, que tendrán el suyo propio) contará con cuatro Salas, una por cada orden jurisdiccional: Civil, Penal, Contencioso y Social. Cada Sala dispondrá de Unidades Judiciales (los jueces unipersonales) y Secciones, cuando el conocimiento de un asunto por su relevancia se atribuya a un colegio de al menos tres jueces.

Dentro de la Sala Civil podrán establecerse Unidades o Secciones especializadas en Mercantil y Familia; en la de lo Penal, de Garantías de la Instrucción, de Enjuiciamiento, de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, de Violencia sobre la Mujer, de Menores y de Delitos Económicos; y en la de lo Contencioso-Administrativo, en materia tributaria.

Distribución provincial

Su sede oficial estará en la capital de provincia, pero se podrán mantener otras sedes desplazadas ya existentes en función de las siguientes circunstancias, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas:

  • Volumen y dispersión de la población en el territorio provincial.
  • Relevancia de la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales existentes, según los módulos establecidos conforme a las determinaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
  • Distancia de la sede desplazada a la capital de la provincia.
  • Tiempo de desplazamiento en transporte público desde la sede desplazada a la capital de la provincia.
  • Carácter uniprovincial de la Comunidad Autónoma.
  • Especiales características orográficas o geográficas del territorio provincial y, singularmente, las que dificulten los desplazamientos a la capital de la provincia.
  • Insularidad del territorio provincial.
  • Existencia, estado y posibilidad de aprovechamiento de edificios e infraestructuras judiciales existentes en la sede desplazada.
  • Posibilidad de amortización y de recuperación de las inversiones efectuadas en los edificios e infraestructuras judiciales de la sede desplazada.

Sin perjuicio de que el reparto provincial de asuntos sea una realidad a los seis meses de la entrada en vigor de esta Ley, la estructura de la demarcación judicial se supeditará a la Ley de Demarcación y Planta. Las Comunidades Autónomas dispondrán de un año desde que entre en vigor para remitir al Gobierno su propuesta de organización en materia de demarcación territorial. El criterio de las Comunidades deberá contar con el informe favorable del Consejo General del Poder Judicial en cuanto a su adecuación al nuevo modelo organizativo.

Tribunales Superiores de Justicia

Los Tribunales Superiores de Justicia seguirán siendo los órganos judiciales a nivel autonómico, pero ven ampliadas sus competencias porque asumirán las que tenían las Audiencias Provinciales en apelación en materia civil y mantendrán las que tenían en contencioso y social. También serán los encargados de conocer los recursos de casación en derecho autonómico y continuarán encargándose de investigar y juzgar a los aforados que les atribuyan los correspondientes Estatutos de autonomía.

Se mantendrán las sedes oficiales con las que ya contaban los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía, Castilla y León y Canarias. Ceuta y Melilla estarán integradas en el de Andalucía y en la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana se establecerá el Tribunal de Marca Comunitaria, con sede en Alicante.

Estarán integrados por una Sala por cada orden jurisdiccional y una Sala de Asuntos Generales. Los de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía podrá crear secciones que, con carácter exclusivo conozcan de los recursos en materia mercantil y tributaria. En el ámbito penal la instrucción de asuntos corresponderá a una Unidad Judicial, pero podrá encargarse a un colegio de tres jueces cuando su especial complejidad o importancia así lo requiera.

Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional contará con una Sala de Instancia de lo Penal y otra de lo Contencioso en la que se enmarcarán los actuales Juzgados Centrales a través de Unidades Judiciales y una Sección Colegiada que será la encargada de juzgar. Además, habrá tres Salas Superiores: una para Penal, otra para Contencioso y la tercera de lo Social.

Como los Tribunales Superiores de Justicia y el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional también contará con una Sala de Asuntos Generales para todos aquellos casos que no se enmarquen en un determinado orden jurisdiccional. Asimismo, si la propia Audiencia Nacional lo considera necesario, podrá contar con un Gabinete Técnico.

En el ámbito penal, la principal novedad será que la instrucción de los delitos se realizará a través de la Sección colegiada de Garantías de la Instrucción, de la que formarán parte los actuales Jueces Centrales. De esta forma, se fortalecen las garantías para los imputados, se incrementa la protección a los magistrados frente a las presiones externas y se agilizan las instrucciones.


Tribunal Supremo y casación

El Anteproyecto establece el carácter vinculante de determinada jurisprudencia del Supremo. Cada tres meses el Pleno de cada Sala decidirá cuál es su jurisprudencia vinculante y se publicará en el Boletín Oficial del Estado. A ella también se incorporará la doctrina creada en los recursos de casación en interés de ley y la resultante de una cuestión jurisprudencial previa cuando así se establezca en la sentencia.

Precisamente, la cuestión jurisprudencial previa es una de las novedades que presenta la Ley Orgánica del Poder Judicial como vía de diálogo entre los distintos jueces y el Tribunal Supremo. La podrán plantear ante el Alto Tribunal, tanto las Unidades Judiciales, como las Secciones Colegiadas, cuando consideren que la jurisprudencia del Supremo podría producir, con efectos generales, situaciones de injusticia manifiesta por la desproporción de las consecuencias de su aplicación; que contradice la doctrina del Tribunal Constitucional en materia de garantías constitucionales, o que resulta contradictoria con otras sentencias del Tribunal Supremo en la misma materia.

La cuestión jurisprudencial previa se interpondrá a través de un auto que se elevará al Pleno de la Sala del tribunal correspondiente una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, después de oír a las partes sobre si lo consideran pertinente. Si el Pleno entiende que se debe presentar la cuestión jurisprudencial, la elevará al Tribunal Supremo para que decida.

Además, la casación se abre a cualquier resolución de los demás tribunales en materia civil y contenciosa cuando exista un interés casacional o sea conveniente para alcanzar la unificación de doctrina, donde hasta ahora se necesitaba que la demanda alcanzara cierto importe para poder llegar al Alto Tribunal. Para ello se modificarán las leyes procesales respectivas.

Recurso de revisión y estructura del Tribunal Supremo

El Anteproyecto establece, asimismo, que sea el Tribunal Supremo quien resuelva el recurso de revisión que se pueda interponer para el cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las que se declare que se ha producido una vulneración de derecho. Hasta ahora no existía una previsión en la Ley y esto dificultaba la ejecución de las sentencias europeas que modificaban o anulaban el propio fallo de una resolución firme para los tribunales españoles, si bien no planteaba problemas cuando afectaban a la propia ejecución de una sentencia que acordaba una excarcelación.

La estructura de cinco Salas del Tribunal Supremo (Civil, Penal, Contencioso, Social y Militar) permanece inalterada, aunque incorpora tres Salas Especiales de Conflictos (actualmente Tribunal y Sala de conflictos) para resolver los que se produzcan con otros poderes públicos, con la jurisdicción militar y entre juzgados de diferente orden jurisdiccional.

Además, se regula el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que asiste al presidente y a las distintas Salas, y la conocida popularmente como Sala del 61 pasará a llamarse Sala de Asuntos Generales, aunque tendrá las mismas funciones actuales, como la de ser la encargada de aplicar la Ley de Partidos Políticos. Para ser magistrado del Alto Tribunal se deberá contar con una antigüedad de veinte años en la carrera judicial o de ejercicio profesional y no de quince como hasta ahora.

Aforados

Esta Ley Orgánica restringe el número de aforados a aquellos que establece la Constitución y a los incorporados en los distintos Estatutos de Autonomía y, al mismo tiempo, soluciona una deficiencia histórica del sistema al incluir entre ellos a S.M. la Reina y a SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias. De esta forma, solo se equipara a estos miembros de la Familia Real con las demás autoridades del Estado establecidas en la Carta Magna.

La otra novedad relativa a los aforados es que, aunque abandonen el puesto que les dio esa condición, seguirán siendo enjuiciados por el tribunal que les correspondía por ella, tal y como recogen ya algunos Estatutos de Autonomía, cuando el delito hubiera sido cometido en el ejercicio del cargo. De esta forma se evitarán los retrasos en la instrucción que suponía que dejaran el escaño con la investigación ya avanzada.

Consejo General del Poder Judicial e independencia judicial

El texto incorpora la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial relativa al Consejo General del Poder Judicial, cuya entrada en vigor se adelantó para que el actual órgano de gobierno de los jueces ya fuera renovado según los criterios establecidos en la futura Ley. En este sentido, pocas son las novedades incorporadas en el Anteproyecto. Entre ellas destaca la reducción de días en los que los nuevos vocales eligen a su presidente (de entre tres y siete se pasará a dos) y la posibilidad de que cuatro de los veinte vocales elegidos en un mandato puedan ser renovados para el siguiente.

Para fortalecer la independencia judicial se incorpora la posibilidad de que el amparo que el Consejo concede al juez que lo solicite incluya una orden para que cese la conducta perturbadora y en el caso de que no sea así se entienda que se está cometiendo un delito contra la Administración de Justicia. El juez unipersonal que se sienta gravemente inquietado por, por ejemplo, las críticas recibidas también podrá solicitar que el asunto en cuestión sea tramitado y resuelto por un órgano judicial colegiado.

El Anteproyecto reconoce el derecho libre de asociación profesional de los jueces y regula la financiación de estas asociaciones para garantizar su independencia e imparcialidad. La principal novedad de este sistema es que será el Consejo General del Poder Judicial el que determinará por reglamento los criterios para la concesión de las subvenciones que les otorga para sufragar los gastos estructurales que presenten. También podrán recibir otras subvenciones, públicas o privadas, para la realización de actividades que el Consejo General del Poder Judicial declare de interés para la carrera judicial.

Sólo jueces

Una de las novedades del Anteproyecto es que desaparecerán las categorías de la carrera judicial, de tal forma que todos serán jueces, aunque con seis de años de antigüedad tendrán el tratamiento de magistrado de forma honorífica. Así, se reconoce la significación institucional de todos y cada uno de los miembros de la carrera judicial, independientemente del destino en el que ejercen sus funciones.

El sistema general de acceso a la carrera judicial seguirá siendo por oposición libre y tras superar un curso selectivo en la Escuela Judicial, que contará con una parte teórica no inferior a seis meses y otra, de no menos de nueve meses, de prácticas tuteladas o, en su caso, no tuteladas.

Cada dos años los jueces con más de cuatro años de experiencia que lo deseen podrán presentarse a unas pruebas selectivas de excelencia y especialización profesional por órdenes jurisdiccionales, y en las materias específicas de mercantil y derecho tributario. Con ello ganarán preferencia a la hora de ocupar plazas de esa especialidad.

Responsabilidad judicial

El Anteproyecto acuerda la supresión de la responsabilidad directa del juez, que pasará a equipararse al régimen común de los funcionarios. Es decir, una vez declarada la responsabilidad patrimonial del Estado por una actuación judicial, será este quien podrá exigir la reparación del daño sufrido por dolo o culpa grave del juez.

En caso de prisión provisional no seguida de condena, la Ley adopta la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado. Es decir, mantiene la posibilidad de reclamar una indemnización en los supuestos de absolución o sobreseimiento libre por inexistencia del hecho imputado y añade que, en caso de que la prisión provisional fuera adoptada de forma manifiestamente errónea o desproporcionada atendidas las circunstancias de ese momento, se podrá acudir al procedimiento de responsabilidad por error judicial.

Letrados de la Administración de Justicia

Los secretarios judiciales pasarán a denominarse Letrados de la Administración de Justicia para adecuarse de forma más precisa a sus funciones, aunque se mantienen los cargos de secretario general de la Administración de Justicia, secretario de Gobierno y secretario Coordinador Provincial. Junto con el cambio de nombre, se fortalece su posición al establecer por Ley su responsabilidad como gerentes de la Oficina Judicial.

Al igual que ocurre con los jueces, se suprimen las categorías de la carrera. Como principal novedad, en su régimen sancionador se incorpora la sanción de multa de hasta seis mil euros para infracciones leves y graves. Se trata de una reivindicación histórica de los secretarios judiciales, quienes, a diferencia de los jueces, no podían ser multados, lo que dificultaba una adecuada escala en las sanciones previstas para este colectivo.

Asimismo, se mantiene el régimen existente en cuanto a la realización de las actuaciones judiciales y el acceso a ella y a cualquier información judicial. Será el Letrado de la Administración de Justicia quien determine si hay interés legítimo y directo en la petición de acceso a libros, archivos y registros judiciales no reservados.

Agosto, mes hábil

Dentro del apartado relativo al funcionamiento de los Tribunales, el Anteproyecto incluye que su periodo de actividad será de todo el año, declarando hábil el mes de agosto para la realización de aquellas actuaciones que prevea la correspondiente ley procesal y cuya demora, en todo caso, pueda causar perjuicios irreparables o afectar al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.

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