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Galicia contará con ocho nuevos jueces de refuerzo a partir del 12 de abril
El vicepresidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda (d); la conselleira de Trabajo, Beatriz Mato (2d); el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Miguel Ángel Cadenas (2i), y el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Manuel Almenar (i). EFE
Santiago de Compostela, 15 mar (EFE).- Galicia contará a partir del próximo 12 de abril con ocho nuevos jueces que servirán de refuerzo en determinadas unidades, algunas con carácter estructural y otras de forma puntual.
Así lo ha avanzado hoy el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para Galicia, Manuel Almenar, tras una reunión con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda y el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Miguel Ángel Cadenas.
En la reunión también han participado durante un tiempo la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato y el presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), José Manuel Rey, para analizar el convenio suscrito la pasada semana entre Xunta y CGPJ sobre medidas a personas en supuestos de vulnerabilidad en caso de desahucio.
De los ocho jueces que se incorporarán a Galicia, dos de ellos estarán a disposición el presidente del TSXG, que los podrá enviar a determinadas unidades que tengan un excesivo volumen de trabajo por causas temporales.
Así, aunque no ha confirmado que vayan a ir a esas unidades concretamente, ha citado los juzgados número uno de Lugo, que lleva el caso Pokemon, entre otros, y el número 6 de Vigo, que lleva un fraude fiscal masivo, como posibles destinos.
Además, para resolver demandas estructurales, situaciones en las que el CGPJ considera que la carga de trabajo se sitúa por encima de lo razonable permanentemente, tres jueces se incorporarán a la sala de lo social del TSXG, uno a la sala de lo social de A Coruña, otro a la sala de lo social de Vigo y uno más a la sala de lo contencioso administrativo de Santiago.
En cuanto a las medidas para evitar que personas en situación de vulnerabilidad se queden sin techo por un desahucio, bien por ejecución hipotecaria bien por impago de alquiler, Almenar ha explicado que cuando el juez competente detecte esta situación inmediatamente lo comunicará a la Consellería de Traballo e Benestar y ésta a los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente, que se encargarán.
Así, la solución puede ser facilitar otra vivienda, el pago por una renta social o conceder una ayuda económica, entre otras.
También puede suceder que sean los funcionarios que van a llevar a cabo el desahucio los que aprecian que se va a producir esa situación de desvalimiento, entonces informarán de inmediato al juez competente, quien podrá decretar la suspensión del desahucio durante un plazo no superior a 10 días para que los servicios sociales se encarguen del caso.
Galicia es la primera Comunidad que ha firmado este convenio y ya se han interesado el País Vasco y Navarra, ha dicho Almenar.
Además, el vocal del CGPJ ha informado de la redacción y aprobación de un convenio para realizar videoconferencias entre los centros penitenciarios y las unidades judiciales.
De este modo se evitarán los traslados de reclusos "con ahorro en costes de seguridad y tiempo" para los funcionarios de las fuerzas de seguridad y para los funcionarios judiciales.
Este proceso se ampliará a otros procedimientos y no solo a declaraciones.
El convenio ya tiene la aprobación de la Xunta, el CGPJ, el Ministerio de Justicia y aguarda por el visto bueno de Interior.
También se pondrá en marcha un nuevo sistema de notificación y citación a través de mensajes de texto telefónicos y por correo electrónico.
En primer lugar se hará con las víctimas de violencia machista, que podrá saber incluso si el maltratador, en caso de que estuviera en prisión, sale de permiso.
Este sistema se aplica desde enero en Galicia y Cataluña y posteriormente se ampliará a toda España.
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