Miguel Borra: "Ha bajado el absentismo en el sector público" | Sonido | Cadena SER

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El porcentaje de absentismo en el sector público a lo largo del último trimestre fue del 1,75
por ciento, respecto al 1,76 del sector privado, según datos publicados por el Instituto
Nacional de Estadística. Para la  Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones Públicas, estos datos
demuestran que las recientes medias impulsadas por el Gobierno están injustificadas y
absolutamente fuera de lugar y reclama que se elimine esta penalización.
De hecho, en el mismo periodo del año pasado (segundo trimestre de 2011) la diferencia
entre ambos sectores ya era mínima, en concreto, 2,09 por ciento en el sector público
respecto al 2,04 del privado.
La instrucción de Jornada y Horarios, publicada el pasado 29 de diciembre, penaliza con
reducción de retribuciones las situaciones de baja que no comporten incapacidad temporal
(las enfermedades leves, como catarros o lesiones que no requieren baja médica).CSI-F
entiende que esta orden es una  nueva vuelta de tuerca sobre los derechos de los
empleados públicos y contribuye a difundir la idea falsa de que el absentismo es mayor en
la administración. Por otra parte, las medidas sobre la incapacidad temporal, entraron en
vigor el 15 de octubre.
Los datos del INE desmontan esta  tesis y evidencian que las ausencias al trabajo por
enfermedad, accidente o incapacidad temporal son muy similares en ambos sectores.
Además, el descenso en el absentismo se debe fundamentalmente a la situación
económica que atraviesa el país.
Por otra parte, es preciso llamar la atención en que los nuevos criterios del Gobierno van a
dar lugar a situaciones indeseadas, dado que por no perder dinero de su nómina,
empleados públicos como médicos, policías, o profesores van a acudir a su puesto de
trabajo en condiciones físicas mermadas o, por ejemplo, con los síntomas de un catarro,
como fiebre o malestar.
Según CSI-F, las administraciones tienen instrumentos para perseguir a aquellas personas
que de manera injustificada se ausentan del trabajo y por tanto, no es necesario que
vuelvan a pagar justos por pecadores.  En este sentido, CSI-F propondrá el impulso de
criterios objetivos para evaluar la productividad de los empleados públicos, así como un
nuevo plan de reordenación de empleo, en el marco  de la futura reforma de la
Administración Pública que prepara el Gobierno.