ANTONIO ANASAGASTI
Hace unos años, en época de bonanza económica, todas las autonomías querían asumir el máximo techo competencial posible. Consecuencia de ello fue la paulatina ampliación de estas competencias en las sucesivas reformas de los estatutos de autonomía. Ahora, ante la penuria económica y financiera de las arcas públicas, una importante corriente de opinión va en dirección contraria. Cada vez son más los dirigentes autonómicos que proclaman abiertamente la posible devolución de atribuciones al Estado o la no asunción de las pendientes de transferir. Aunque el posible ramillete de facultades a devolver es amplio (se ha llegado a hablar de hasta reintegrar al Gobierno la Sanidad y la Educación), últimamente este rechazo se centra en la competencia de Justicia. Tanto Murcia como Castilla la Mancha no la quieren recibir, a pesar de haber llegado, en su día, a un acuerdo con el Estado. Y, hace unos días, la Presidenta de la Comunidad de Madrid, después de haber gestionado esa competencia durante 8 años, ha reiterado su intención de devolverla.
La propia Esperanza Aguirre reconoce que el principal motivo para repudiar esa atribución es que, pese al gran esfuerzo económico que ha hecho, no ha conseguido mejorar su funcionamiento ni ha podido agilizarla. Esfuerzo que ha supuesto multiplicar por 5 el presupuesto en esa Consejería, sin obtener resultado alguno. Esto, que es una prueba palpable de incompetencia en la gestión de los responsables de la Consejería, suficiente para que dimita más de uno, lo ha transformado Esperanza como buena prestidigitadora, sacando un conejo de su chistera, en un alegato a favor de la centralización del Estado, pretendiendo mostrarse la señora Aguirre como la valedora y baluarte de la defensa del Estado Central, frente al modelo disgregador. Pero oculta que Justicia no es una competencia tan apetecible como otras. Los jueces y fiscales forman parte del poder judicial, adquieren su plaza por unas oposiciones de carácter estatal y su régimen disciplinario, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, es distinto del resto de los funcionarios, por lo que no están sometidos al poder autonómico y son inmanejables. Además la Justicia no se puede privatizar, ni externalizar sus servicios, al contrario que la Sanidad y la Enseñanza. La Justicia, por tanto, exige una buena administración.
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