Gabriela Bravo • Portavoz del Consejo General del Poder Judicial
La valenciana afirma que la transferencia de las facultades de Justicia a las comunidades autónomas ha producido muchos problemas debido a que no existe un órgano que unifique todos los sistemas de gestión procesal y el Ministerio. Responde así al anuncio de algunas de ellas de rechazar las competencias judiciales ante los problemas de financiación. Las causas del juez Baltasar Garzón y de Francisco Camps todavía hacen daño a la institución.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cree que la transferencia de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas «ha producido muchas disfunciones» porque no existe un órgano que unifique los sistemas de gestión procesal entre todas ellas y el Ministerio.
El CGPJ suspende de forma cautelar a los jueces cuando se les abre vista oral. ¿Debería existir una medida similar para los políticos y evitar situaciones como la de Camps?
Es una cuestión interna del partido y del mensaje que quieren trasladar a la ciudadanía, incorporar o no a las listas electorales a personas con procedimientos abiertos. Desde el punto de vista judicial están protegidos por la presunción de inocencia.
Baltasar Garzón también está pendiente de ser juzgado. Ver a un magistrado sentado en el banquillo, ¿puede empeorar la imagen de la Justicia?
La imagen de Baltasar Garzón en el banquilo es la de cualquier ciudadano que no está sustraído al control de la ley. No creo que contribuya a la buena o mala imagen de la Justicia. Eso depende de muchos factores.
Desde el punto de vista de todas las reformas judiciales ¿Ve conveniente el adelanto electoral anunciado por Zapatero?
No me corresponde a mí decidir si se tienen que adelantar o no las generales.
¿Cree que existe el peligro de que en la instrucción de ciertos procesos prime el interés del Gobierno?
Me va a permitir que no profundice en el contenido del anteproyecto porque el Consejo como órgano consultivo tiene que emitir un informe. Lo que sí lamento es que se intente situar en la sociedad ese déficit de desconfianza con el Ministerio Fiscal.
Similar crítica han merecido también los límites a la acusación popular.
Es necesario delimitar sus funciones. A veces es reprobable cuando se utiliza para el ejercicio de determinados intereses espúreos, que no persiguen fundamentalmente que la Justicia resuelva ciertos conflictos. En ese sentido, exige una nueva valoración y reflexión antes de tomar una decisión.
Durante su mandato, el Consejo ha abordado reformas que han permitido que se haya concedido la reducción de la jornada laboral a una magistrada ¿Tenían hasta ahora los jueces menos derechos sociales?
Ha sido un gran avance en el reconocimiento de derechos que no estaban previstos. En materia de conciliación han sido muy novedosos. La carrera judicial cada año se está feminizando más y las cargas familiares no pueden ser un obstáculo para la promoción en este ámbito.
¿Cómo es las relación del Consejo con el Ministerio y las regiones? Desde el Poder Judicial se ha reprochado que no hayan creado las plazas previstas.
Hemos pedido reformas legislativas y al mismo tiempo los problemas del día a día tienen que ser atendidos. Así, consideramos conveniente recordar a la Administración central y a la autonómica que el número de jueces sigue siendo insuficiente.
La crisis está provocando que muchas autonomías rechacen las competencias en Justicia por el gasto que supone.
Es cierto que con el déficit económico que presentan algunas comunidades autónomas, éstas se están replanteando si tienen que seguir asumiendo las competencias de Justicia. Hubiera sido deseable haber creado algún supraorganismo que homogeneizara el sistema informático y la redistribución de los instrumentos materiales y personales para evitar este tipo de situaciones.
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