El sindicato CSIF considera que la plantilla debería crecer en unas 500 personas
SEVILLA
«Tenemos más trabajo pero los mismos medios». Así de tajante se muestra el responsable de Justicia en Sevilla de CSIF, Miguel Ángel Ramos, respecto al colapso de la justicia en la provincia.
El responsable sindical asegura que en juzgados de lo Mercantil y lo Social se ha triplicado el trabajo como consecuencia de la crisis y «porque se están judicializando leyes que antes iban por la vía administrativa». Así antes, por ejemplo, la conducción sin permiso de conducir o bajo los efectos del alcohol se saldaba con una multa administrativa y ahora en muchos casos se celebran juicios.
En este sentido, Ramos señala «que los funcionarios no nos oponemos a este tipo de reformas pero creemos que deber venir acompañadas de un refuerzo de personal». Por este motivo, el sindicato considera que en Sevilla hacen falta al menos 400 o 500 funcionarios más entre todos los órganos judiciales que se sumen a los dos millares que trabajan en la actualidad en Sevilla.
D De la misma opinión es también el juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, que es partidario de un aumento de los juzgados, acompañado de personal, aunque urge a tomar medidas, sobre todo y en cuanto recursos humanos se refiere, en los Tribunales de Primera Instancia. «Durante algunos meses se han estado haciendo horas extras», como por ejemplo en los juzgados de lo Social, «porque cuando se despide a un trabajador hay un salario de tramitación que le cuesta dinero al Estado mientras se resuelve la causa, y al gobierno le interesaba pagar horas extras», asegura Ramos. Así, abogan por un nuevo modelo de Oficina Judicial en Andalucía que permita entre la optimización de los recursos humanos. En relación a esto, el pasado junio, la Consejería de Justicia entregó a los magistrados el borrador del decreto marco de organización de esta nueva oficina judicial, para que aporten sugerencias a la norma que regulará la organización de este órgano, que persigue un impulso de las
nuevas tecnologías y las infraestructuras judiciales, así como eficacia en la gestión de los recursos humanos.
Sobre la Ciudad de la Justicia, y más allá de la ubicación concreta, tanto jueces como funcionarios coinciden la necesidad de su pronta construcción. «Tener todos los juzgados en el mismo sitio puede ayudar a mejorar la lentitud de la Justicia», comentan desde CSIF. «Se ganaría en rapidez, porque hay que trasladar muchos papeles de un lado a otro, y se ahorrarían costes porque no se necesitarían tantos conductores y taxis».
Y es que, por ejemplo, con la reforma del Código Penal se tuvieron que revisar muchas condenas, con el consecuente aumento de trabajo, «y los archivos estaban en el Prado y los funcionarios en el edificio Noga» y se vieron escenas «dantescas» como el traslado de expedientes en carritos de la compra de hipermercados. De la misma opinión también es el juez decano, que considera que una Ciudad de la Justicia serviría para ahorrar en gastos «aunque no necesariamente para aligerar el número de asuntos pendientes».
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