La portavoz del Poder Judicial critica la inexistencia de un órgano unificador
NIEVES ALBARRACÍN | MADRID La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, cree que la transferencia de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas "ha producido muchas disfunciones" porque no existe un órgano que unifique los sistemas de gestión procesal entre todas ellas y el Ministerio. Bravo responde así, en una entrevista a Efe, al anuncio de algunas comunidades de rechazar las competencias de Justicia ante sus actuales problemas de financiación, y también opina sobre los procesos que afectan al juez Baltasar Garzón y a varios políticos, como es el caso del expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps.
"De las 17 comunidades, 11 tienen las competencias transferidas y cada una de ellas tiene un sistema de gestión procesal distinto e incompatible con el de otra comunidad y con los del Ministerio. Hubiera sido deseable que se hubiera creado algún supraorganismo que hubiera homogeneizado el sistema informático y la redistribución de los instrumentos materiales y personales para evitar estas situaciones con las que nos hemos ido encontrando", argumenta Bravo.
Asimismo, preguntada acerca de si cree que los políticos, como ocurre en el caso de los jueces, deberían ser suspendidos de sus funciones de forma automática al ser procesados para evitar situaciones como la de Camps, Bravo considera que se trata de "una cuestión interna" de cada partido y "del mensaje que quieren trasladar a la ciudadanía.
Sobre los procesos judiciales abiertos contra Baltasar Garzón y su posible impacto para la imagen de la Justicia española, la portavoz del CGPJ compara la situación del magistrado "con la de cualquier ciudadano que no está sustraído al control de la ley". "El mensaje que se da es que nadie está sustraído del control en el ejercicio de sus funciones", cree.
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