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jueves, 7 de julio de 2011

El Gobierno central invita a Galicia a reclamar los 805 millones vía judicial

CSIF               JUSTICIA INFORMA


El Ejecutivo niega el traspaso de fondos a la comunidad//Currás dice que el ánimo negociador "no ha servido para nada"// El Consello de la Xunta decidirá si recurre ante el Constitucional

No hubo transacciones ni propuestas, solo una rotunda negativa del Gobierno central a la reivindicación de Galicia respecto al cumplimiento del nuevo plan de financiación autonómica. El Gobierno central se niega a traspasar a la comunidad gallega 805 millones de euros que reclama la Xunta.

Con "decepción y sorpresa", la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, da así por fracasado el intento de diálogo con el Ministerio de Política Territorial, cuya actitud, en su opinión, ha hecho que el ánimo negociador del Ejecutivo de Feijóo "no haya servido para nada".

Tras este intento fallido de alcanzar un acuerdo en la reunión de la comisión bilateral, celebrada ayer en Madrid -a la que por parte del Estado sólo asistieron directores generales- el nuevo paso a dar desde la comunidad autónoma será que el Ejecutivo gallego, reunido en el Consello de la Xunta, decida si finalmente recurre los presupuestos generales del Estado de este año ante el Tribunal Constitucional (TC).

La conselleira subrayó que la negativa del Estado de transferir los 243 millones de euros del Fondo de Cooperación (incluidos en la reclamación total de los 805) pone en riesgo que Galicia pueda cumplir por tercer año consecutivo con el objetivo de estabilidad presupuestaria.

"Yo transmito que hoy (por ayer) la postura del Estado fue invitarnos a que continuemos en la vía judicial", aseguró Fernández Currás, al tiempo que explicó que el Gobierno central "entiende que la vía judicial ya está abierta", después de que la Xunta haya presentado un recurso contencioso administrativo y de que otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Murcia, hayan presentado recursos de inconstitucionalidad.

EL MINISTERIO GUARDA SILENCIO. Por su parte, el Ministerio de Política Territorial guardó silencio sobre el resultado de la reunión de la comisión bilateral argumentando que se trató de "una reunión de carácter técnico", como "tantas otras" y sobre las que tiene como política "no hacer comentarios", según apuntaron a este periódico fuentes de este departamento.

Marta Fernández Currás lamentó además que la delegación del Gobierno central no mostrase ninguna voluntad de consenso a pesar de que fue la propia conselleira la que encabezó la delegación gallega en este foro de negociación entre administraciones, ya que este asunto es de "máxima prioridad" para el Ejecutivo autonómico en estos momentos.

Añadió que esta actitud del Ejecutivo central es más sorprendente si cabe al producirse dos días después de que el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunciase 8.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas para el próximo año 2012.

En este contexto, Currás se preguntó si el Ejecutivo central también invitará a las autonomías a reclamar estos supuestos nuevos recursos ante los tribunales, después de hacerlo ayer con parte de los 9.000 millones adicionales que comprometió hace año y medio con el nuevo modelo de financiamiento autonómico.

La Xunta reclama al Estado 805 millones por supuestos incumplimientos de varios puntos del modelo de financiación firmado en 2009.

MODELO INCUMPLIDO. Uno de ellos se refiere a la cláusula status quo, diseñada para garantizar que las CCAA no pierdan recursos respecto a anteriores modelos de financiación. Según el Gobierno de Feijóo, el Estado hizo un complicado cálculo para darle la vuelta al acuerdo y ahorrar más de 200 millones adicionales. Además, Galicia reclama también 243 millones del Fondo de Cooperación creado para compensar pérdidas en la prestación de servicios a los ciudadanos.

El resto de los recursos reivindicados por la Xunta hasta alcanzar los 805 millones de euros se corresponden con recursos adicionales pendientes del año pasado, así como a la revisión de la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA).

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