ANTONIO RODRÍGUEZ CASTILLA MAGISTRADO DE LO SOCIAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
G. JIMÉNEZ, S/C de Tenerife
El grave colapso que sufre la Justicia y la marcha de muchos magistrados de las Islas, al haberles retirado las ventajas de la insularidad, ha agravado la situación de la Justicia en Canarias, según explicó Antonio Rodríguez Castilla, magistrado del Juzgado de lo Social número 6 de Santa Cruz de Tenerife y delegado de la Asociación Foro Judicial Independiente en Santa Cruz de Tenerife durante la celebración de las jornadas "Las nuevas reformas orgánicas y procesales y la independencia judicial".
Según destacó Rodríguez Castilla, la sobrecarga de trabajo y las malas condiciones a las que se enfrentan los magistrados ha provocado que en la actualidad solo el 33 por ciento de los jueces de lo Social de Santa Cruz de Tenerife sean titulares.
¿Cuál la situación actual de la Justicia en Canarias?
La situación de la Justicia en Canarias, que es común en todas sus juridicciones, se define con una palabra: colapso. El motivo reside en la falta de medios y personal, así como por escasez de coordinación de los distintos elementos jurídicos en la solución de los problemas y la interinidad. A esto se suma la situación económica, pero, no nos engañemos, esto no ha surgido a raíz de la crisis. Se dice y se repite continuamente que invertir en Justicia no es rentable, y es cierto. El interés en la Justicia solo lo tiene quien tiene un pleito, el resto de la sociedad le da la espalda. Los políticos, que son quienes tienen el dinero, han dejado de invertir, y el poco dinero que llega lo hace a cuenta gotas. A esta situación se suma que los jueces peninsulares que antes venían a las Islas y decidían quedarse aquí, se vuelven a su tierra, porque ya no es rentable quedarse en las Islas. Y es que la situación de Canarias es de mayor gravedad que la del resto del territorio español.
¿Qué ha ocurrido para que estos jueces ya no quieran quedarse en Canarias?
La insularidad tiene sus particularidades, y por ello los jueces tenían unas ventajas. Antes los jueces podíamos unir dos periodos de vacaciones si éramos residentes en Canarias para compatibilizar la vida familiar en la Península y ahora, con la aprobación del reglamento judicial, nos lo han suprimido. Se está produciendo una situación donde las pocas ventajas o beneficios que tenía la insularidad están desapareciendo, y si a eso unimos la situación de colapso en los juzgados, Canarias tiene un problema serio en materia de Justicia. Confiamos en que el nuevo Gobierno que se ha constituido asuma y comprenda la especialidad insular para compensar a toda la administración de Justicia y haga un esfuerzo para lo que no es sino una actividad social.
En época de crisis todos se están ajustando el cinturón...
Es cierto que hablar, en época de crisis, de beneficios que había y que se han quitado la sociedad no lo va a entender. Pero de alguna forma hay que compensar la singularidad canaria. Antes había ayudas, viviendas, apoyo al traslado, facilidad en materia escolar para las familias... Todo eso se está burocratizando y está desapareciendo. Si en el plano familiar no tienes ventajas y en el profesional estás peor que en tu tierra, no tienes elementos para quedarte aquí, y es una pena, porque los hijos de muchos compañeros que fueron destinados aquí son canarios, y ahora dicen que se van porque "para vivir mal lo hago en mi tierra". Y es que, si a esa falta de beneficios se añade que no nos encontramos cómodos en nuestro trabajo por la situación de la administración de Justicia, la decisión está tomada de antemano, y es los compañeros vienen a las Islas con idea de transitoriedad y no quieren darle una oportunidad a la Comunidad Autónoma.
La interinidad es otro de los grandes problemas de la Justicia en las Islas. ¿Cómo se podría solucionar?
Hay un problema de formación en Canarias, porque los isleños no opositan y no son funcionarios de carrera. En Cataluña, por ejemplo, los estudiantes de derecho no quieren la función pública porque en la privada cobran más, sin embargo en Andalucía ocurre lo contrario y hay un exceso de función pública. Pero en Canarias, lugar similar a Andalucía, no hay funcionarios de carrera, y, quizás, esto ocurra porque no se incentiva la educación y la formación en la universidad; solo hay que tener en cuenta que la tasa de abandono escolar en el Archipiélago es muy alta. El problema de la interinidad en las Islas solo se resolverá cuando el canario afronte la universidad y la enseñanza pública como una opción profesional. Además, la función pública es una buena opción en una Comunidad Autónoma donde el nivel de vida es de los más altos de España, y de funcionario se puede vivir perfectamente.
Con la crisis, el trabajo en los juzgados de lo Social ha aumentado. ¿Cómo está la situación esos órganos judiciales?
Llevamos cuatro años de auténtico espanto. El ejemplo es que cuando llegué al partido judicial de Santa Cruz de Tenerife en 2008, todos los jueces que había en la jurisdicción social eran titulares y en la actualidad solo queda un 33 por ciento, pues todos se han ido a otros órganos judiciales. El motivo es que si no puedes con tu trabajo, que además ves que se retrasa, buscas un destino que, por lo menos con el mismo trabajo, te garantice tranquilidad. Y es que en lo Social hay juicios que se están celebrando a dos años. Ahora parece que la situación está mejorando, pero no sabemos si ha sido por las elecciones, que siempre en esa época mandan refuerzos, o es que verdaderamente Canarias está saliendo adelante; será algo que valoraremos en el segundo semestre, pues queremos ser prudente. En Santa Cruz de Tenerife hay siete juzgados de los social y necesitamos once, porque no somos eficaces; estamos haciendo lo que podemos, pero no es suficiente.
¿La solución a estos problemas será la nueva Oficina Judicial?
La implantación de la nueva Oficina Judicial es una decisión legislativa, por lo que no tenemos nada que decir y la apoyaremos. Pero siempre que cuenten con nosotros, porque no se puede mantener la administración de Justicia cuando al juez se le está arrinconando en la nueva oficina judicial. Pedimos que nos oigan, que seamos capaces de solucionar los problemas juntos y que seamos prudentes, porque lo que no podemos es ocasionarle al ciudadano un problema mayor que el que ya tiene un partido judicial determinado. Se ha hablado de los planes pilotos de Arrecife y Arona, precisamente dos partidos judiciales muy complicados, por lo que vamos a ser conscientes de lo que hacemos con el dinero de los ciudadanos. Por este motivo, tres asociaciones hemos hecho un comunicado en el que pedimos colaboración y conexión entre todos los afectados para la implantación de este órgano, pues así los problemas serán menores y el rechazo también.
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