El ministro de Justicia responsabiliza a la Xunta de los retrasos en los pagos a abogados de oficio, la caída de los servidores o la "lentitud" para poner en marcha la oficina judicial
R. PRIETO | A CORUÑA En víspera del 75 aniversario de la aprobación en referéndum del Estatuto de Galicia, el ministro de Justicia invitó al presidente de la Xunta y líder del PP gallego a retomar la reforma estatutaria frustrada la pasada legislatura y así lograr "acelerar" el traspaso de competencias pendientes a la comunidad. Como responsable de este bloqueo, Francisco Caamaño señaló a los populares gallegos, aunque sin mencionarlos. "Debe existir un motor y un compromiso que debe partir de quien asume el Gobierno de Galicia. El PSdeG -añadió- siempre ha mostrado su voluntad expresa (de un nuevo Estatuto); el partido socialista cree en la autonomía política y en el autogobierno de los gallegos".
Al emplazamiento hecho ayer por Caamaño a la Xunta durante su participación en un coloquio del Fórum Europa. Tribuna Galicia organizado en el hotel Finisterre de A Coruña, respondió con un no el portavoz parlamentario del PP, Pedro Puy. La crisis y la postura del Bloque, según dijo, "justifican" que por el momento no se vaya a abordar la reforma del Estatuto.
Para el Gobierno de Feijóo -argumentó Puy- su "prioridad" en estos momentos es la recuperación económica. "Abrir el proceso requiere un clima político que posiblemente no es fácil de encontrar en este momento", replicó el portavoz de los populares al ministro de Justicia. Aunque sin mencionarlo, Puy se refirió a la postura del Bloque, y recordó que "ya se sabe perfectamente lo que ocurrió en la anterior legislatura, que hubo quien quiso importar un modelo estatutario que con el tiempo se demostró que no era la solución", en alusión al Estatuto catalán.
Y sobre los traspasos pendientes que según apuntó Caamaño permitiría la reforma del Estatuto, Puy aseguró que con el actual texto y la Constitución hay "marco legal suficiente" para asumir nuevas competencias y que, según aseguró, están comprometidas por parte del Gobierno central. "De todos los gobiernos de la democracia, el de Zapatero luce un traspaso más pequeño, aunque fue él mismo el que insistió en supuestas evoluciones autonómicas y criticó supuestas involuciones en el pasado (en referencia a José María Aznar", concluyó.
El principal escollo entre PP, PSdeG y Bloque para reformar el Estatuto durante la pasada legislatura, que culminó con la frustrada reunión de Monte Pío en enero de 2007, fue la definición de Galicia, que en el actual texto aparece como nacionalidad histórica.
Responsabilidades
En clave autonómica, Caamaño no solo aludió ayer a la reforma del Estatuto sino también a los continuos balones fuera que tratan de echar comunidades que como la gallega tienen transferidas las competencias en materia de Justicia. Cada uno que asuma su responsabilidad. Ese es el mensaje que ayer quiso hacer llegar el ministro de Justicia al presidente de la Xunta. Aunque sin mencionarlo directamente, se refirió a los atrasos en los pagos a los abogados de oficio que acumulaba el Gobierno gallego, la caída de los servidores en los órganos judiciales o la "lentitud" con la que está abordando la implantación de la nueva oficina judicial. "Me consta la voluntad de la Xunta para modernizar el sistema judicial. Los ritmos y la forma son de su competencia. Otras comunidades ya tienen abierta la oficina judicial", cuestionó Caamaño.
Sobre la ley de disciplina presupuestaria recién aprobada por la Xunta para fijar un techo de gasto, Caamaño celebró la iniciativa del Ejecutivo del PP. Pero también puso peros. El primero, según apuntó, no determinará el techo de gasto, sino que establecerá una regla de gastos y en segundo lugar no se podrá poner en marcha este año "ni en los próximos" porque -advirtió el ministro- solo se podrá aplicar en épocas de bonanza económica. "Antes de anunciar futuribles, (la Xunta) debería gestionar medidas reales y efectivas para los tiempos actuales. Está bien pensar en la austeridad del mañana, pero hay que gestionarla día a día", sentenció Caamaño.
El Gobierno o de Zapatero ya tiene "industrializado" el nuevo proceso judicial. Solo tiene que desarrollarlo. Así lo aseguró ayer el ministro de Justicia en un acto en A Coruña, quien detalló que el nuevo sistema pasa por una agilización de la Justicia con la aplicación de nuevas tecnologías, la instauración de la oficina judicial -es decir la creación de grandes unidades especializadas en las que cada grupo se encarga de una determinada tarea y lo hace para distintos jueces y una nueva ley de enjuiciamiento criminal que ponga fin al colapso de los asuntos penales. "El 70% de los asuntos que llegan a los juzgados son de naturaleza y penal; y de ellos solo son sentenciados el 16%, el resto están abocados a su sobreseimiento", apuntó Caamaño.
La aplicación de las nuevas tecnologías en el sistema judicial permitirá, según apuntó el ministro, que en dos años todos los tribunales del país podrán trabajar en red y que en un periodo máximo de cinco años se podrá trabajar sin papel. "La ley de nuevas tecnologías permitirá que en cinco años, los abogados y los ciudadanos puedan entrar en su expediente y hacer trámites vía electrónica", confirmó Caamaño.
Sobre la recta final de esta legislatura, apuntó que será "decisivo" para consolidar reformas "imprescindibles". Los próximos meses, añadió, "no estarán vacíos": "Se esperan días de mucho ruido que requerirán temple y sentido de la responsabilidad". "No nadamos en este océano de casi dos años con la mayor crisis económica para renunciar ahora que estamos a punto de llegar a puerto", concluyó.
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