El TSJ denuncia falta de personal en la Oficina Judicial y prevé el colapso

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Los funcionarios llevan quejándose durante meses del funcionamiento de la Oficina Judicial.

Los jueces de Burgos han aprobado un texto demoledor acerca del funcionamiento de la nueva Oficina Judicial. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha emitido un informe, a instancias de una ponencia de la jueza decana, Blanca Subiñas, en el que pone de manifiesto un sinnúmero de disfunciones e inconvenientes que están surgiendo en el proceso de implantación del nuevo modelo organizativo.
En el documento, que se ha remitido ya al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia, los magistrados exigen que se «mejore técnicamente la aplicación informática Minerva NOJ»; demandan más personal en las Unidades de Apoyo Directo (UPAD) de los juzgados de lo Penal, de los de Instrucción, de lo Mercantil y en el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP). Asimismo, piden un juez de ejecutorias penales.
La Sala de Gobierno realiza una descripción profunda de cómo ha influido la nueva Oficina en el trabajo de la Administración de Justicia en Burgos. Tras reconocer el «ingente trabajo de los secretarios a la hora de organizar y poner en marcha las nuevas estructuras», el documento se centra en reseñar los problemas generales. Para empezar la tramitación de asuntos «experimenta una ralentización y retraso notable». Se demora «el registro y el reparto»; el servicio de información Servicio Común General «funciona de forma defectuosa debido a que «la aplicación informática no da para más» y a que sus atribuciones no son completas; la tramitación de expedientes se ralentiza «por la falta manifiesta de personal»; se «suspenden más juicios, porque el SCOP está desbordado», y la agenda de señalamientos «dista de ser la herramienta interoperativa que se esperaba», ya que es incapaz de programarse con las instrucciones de los jueces».
Como corolario, las nuevas estructuras «han incrementado la burocratización y el papeleo». «Lo que antes se hacía con dos documentos ahora exige varios, al existir varias unidades y traslados continuos de expedientes que no cataloga la aplicación informática».
Tras señalar dificultades de orden genérico, el informe pormenoriza los problemas por órdenes jurisdiccionales. La Oficina Judicial «debe ser reformulada» en este orden porque no se adapta a los tipos de órganos penales. La plantillas UPAD han de ser reforzadas por lo menos con una persona más en cada juzgado de lo Penal, y hay tres. «Las funciones no pueden canalizarse con los dos únicos funcionarios que hay actualmente». Ellos tienen que realizar autos de admisión de pruebas, pruebas anticipadas, auxilio a la redacción de sentencias, dictado de autos de firmeza, providencias para incoar ejecutorias, auxilio en la celebración de vistas, atención al teléfono, al público y al profesional, control de escritos, exhortos, videoconferencias...». Por todo ello, los jueces prevén «un colapso a corto plazo» y advierten de que repercute en el correcto funcionamiento del Servicio de Ordenación del Procedimiento, «al existir un embudo en la tramitación de asuntos». Por este motivo «se suspenden más juicios con el importante perjuicio sobre ciudadanos y profesionales».
La acumulación de tareas retrasa la transcripción y notificación de sentencias «y por tanto el retraso en el inicio de la ejecución, con las consecuencias graves e imprevisibles que puede producir». Es necesario, a este respecto, un juez de ejecutorias penales, ya que toda la ejecución de este orden se ha residenciado en el Servicio Común de Ejecución». Se ganaría con ello «en uniformidad, seguridad jurídica y eficacia, ya que se evitarían viajes reiterados de los expedientes desde el Servicio de Ejecución a las diferentes UPAD.
En los juzgados de Instrucción «es grave la ausencia de un sistema de control sobre los asuntos que salen de la UPAD cuando hay medidas cautelares que hay que revisar o modificar, especialmente en caso de presos o medidas de alejamiento temporal. Como mínimo son necesarias dos personas más en plantilla por cada órgano, es decir ocho, ya que hay cuatro juzgados. El número de trabajadores, con la reestructuración, se redujo a la mitad.
En el juzgado de Violencia de Género también la «plantilla es insuficiente» y la situación es «de alarma» cuando por vacaciones u otras eventualidades el personal se reduce.
En el orden civil, el Servicio Común de Ordenación del Procedimiento (SCOP) debe efectuar una revisión de su relación de puestos de trabajo «porque el personal destinado es insuficiente». La media es de un funcionario y medio por juzgado -hay siete- cuando la media antes era de cuatro o cinco. El SCOP civil cuenta con 10 trabajadores de refuerzo pero solo uno es de plantilla.
En el Juzgado de lo Mercantil el retraso «es aún más grave». La relación de puestos «ha de revisarse necesaria e imperiosamente en su UPAD», que solo cuenta con dos funcionarios y que «como mínimo debería doblarse». Además, la Sala de Gobierno del TSJ «echa en falta la formación específica de los funcionarios destinados a tramitar estos asuntos, una formación que hasta ahora han dado los propios jueces». También existe «escasez de personal en la UPAD del juzgado de familia».
Sobre la aplicación informática Minerva NOJ, «no funciona todo lo bien que sería deseable», es «muy lenta y multiplica el tiempo que debe utilizar un funcionario para realizar cualquier trámite». Los modelos «son incompletos y rígidos». Y, para colmo, el sistema «es incapaz de dar noticia sobre dónde se encuentra realmente un expediente».

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