6/04/2011 - 18:39
El Defensor del Pueblo advierte en su Informe Anual, hecho público este miércoles, de los "retrasos intolerables" y la situación de "colapso" que sigue produciéndose en el Registro Civil Central, que durante 2010 ha sido objeto de un grupo importante de las quejas llegadas a esta institución.
MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
El informe reconoce que la tramitación de dichas quejas ha permitido conocer el Plan de choque desarrollado por el Ministerio de Justicia con el objetivo de "normalizar" el funcionamiento del Registro, si bien a pesar de ello el Defensor sigue considerando "ineludible" que se afronte la grave situación de este órgano, "cuya situación de colapso deja a muchos ciudadanos sin posibilidad de ejercer derechos que legítimamente les corresponden".
A juicio del Defensor del Pueblo, el Plan de choque era necesario hace ya tiempo y, pese a que de los informes recibidos se desprende que algunas de las medidas propuestas ya se han implantado (entre ellas la interoperatibilidad informática entre el Registro Central y los municipales), la realidad es que "resultan insuficientes y siguen registrándose retrasos intolerables".
Varias de las quejas recibidas, según el informe, hacen referencia a la imposibilidad de comunicar con el Registro a través del teléfono de atención al ciudadano o por correo electrónico, por lo que el Defensor del pueblo ha solicitado información concreto sobre las medidas adoptadas al respecto.
¿CUÁNTO TARDA EN TRAMITARSE UN EXPEDIENTE?
El Defensor del Pueblo también ha intentado conocer, "sin éxito", información sobre los plazos medios de tramitación de los expedientes de inscripción de matrimonio e inscripción de nacimiento de los ciudadanos que adquieren la nacionalidad española en el Registro Civil Central.
El pasado mes de diciembre, la Secretaría de Estado de Justicia comunicó al Defensor que en la fase en la que se encuentra actualmente el Plan de Choque no resultaba posible facilitar dicha información.
A este respecto, el informe del Defensor considera que el diagnóstico de la situación del Registro Civil Central y la posterior propuesta de medidas exigió tener conocimiento de las áreas que se encontraban con mayor volumen de trabajo y necesidad de personal. "Por ello hemos insistido en la necesidad de la remisión de los datos solicitados", apunta el documento.
El Defensor del Pueblo también ha iniciado una investigación de carácter general ante la Dirección General de los Registros y del Notariado para conocer los tiempos medios de demora en la resolución de los resultos, que ha resultado ser de 18 meses.
Otras quejas recogidas en el informe se refieren a las demoras en la emisión por parte de la Policía y la Guardia Civil de los informes preceptivos en los expedientes de nacionalidad; así como los problemas relativos a la inscripción en 'euskera' de nacimientos en los registros civiles delegados del País Vasco.
PROTECCIÓN DE TESTIGOS
Además, el defensor plantea en su informe la necesidad de elaborar una nueva ley orgánica que regule las medidas de protección para imputados, testigos y peritos en causas criminales.
A este respecto desvela que recomendó ya en julio de 2006 al Ministerio de Justicia que se impulsase la correspondiente medida legislativa y dos años después recibió un informe en el que se admitía la posibilidad de regular con más profundidad la protección.
No obstante, y ante la falta de noticias desde aquel año, el defensor pidió en 2010 un nuevo informe a Justicia sobre este asunto del que "a fecha de este informe se continúa a la espera"
CREACIÓN DE JUZGADOS
El defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio de Justicia la creación de 51 juzgados de lo Penal en distintos puntos de España, según se desprende de un informe anual. Las comunidades autónomas donde se considera más necesaria la implantación de nuevos juzgados son la de Madrid (14), Andalucía (13), Cataluña (10) y Valencia (6).
Además el defensor recomienda la creación de nuevos juzgados en Canarias (2), Castilla La Mancha (2), Castilla León (1), Murcia (1), Baleares (1) y Navarra (1).
Además, el Defensor del Pueblo también alerta en su informe de las dificultades que sufren los extranjeros en situación documental irregular para obtener un certificado de antecedentes penales.
El Defensor del Pueblo entiende que deben adoptarse las medidas necesarias para eliminar los requisitos adicionales al pasaporte que en la actualidad se exigen, en concreto, el de "visado suficiente".
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