La implantación de la nueva Oficina Judicial en los juzgados de la capital, a primeros de febrero, no contó con la sintonía necesaria de los funcionarios de justicia, quienes tienen que aplicarla en la práctica, y la lectura que hacen de su puesta en marcha, transcurridos los primeros cuarenta y cinco días es
Según dicen no hay protocolos actuación, las plantillas son escasas, han surgido muchos problemas informáticos y a la hora de localizar los procedimientos, además de que se producen retrasos constantes en el registro de documentos que tardan varios días en llegar a su destino, por citar sólo algunos de los fallos que ha detectado la nueva junta de personal de justicia, que ayer mismo registró en la Subdelegación del Gobierno un informe detallado de doce páginas al Ministerio de Justicia para que tenga en consideración su punto de vista y actúe en consecuencia, para evitar lo que consideran "el colapso total", al que aventuran se va a llegar.
El informe detalla servicio por servicio una serie de "irregularidades y deficiencias, tanto organizativas, funcionales e informáticas que dificultan el trabajo diario de los funcionarios destinados en las distintas oficinas", dicen.
La junta de personal insiste además en la idea con la que recibieron el cambio organizativo que el ministerio ha emprendido para modernizar la justicia, "no se debía de haber llevado a efecto sin antes depurar todos los fallos y disfunciones que se conocían en las ciudades de Burgos y Murcia y que vemos como se repiten la mayoría de ellos en nuestra capital".
Además creen que como ya no hay vuelta atrás (lo dijo el ministro el jueves en Almagro), "o se pone solución a todos los problemas ya definidos en este informe, o la justicia en Ciudad Real a pesar del gran esfuerzo de todos, va hacia el colapso".
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