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Las Palmas de Gran Canaria, EFE La nueva oficina judicial comenzará a funcionar de forma piloto en Canarias en los municipios de Arona (Tenerife) y Arrecife (Lanzarote), según ha anunciado hoy la viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz.
Antes de presidir la reunión de la Comisión Mixta entre el Gobierno de Canarias y los Secretarios Judiciales, en materia de medios materiales y humanos al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma, Déniz informó de que el Gobierno regional prevé que en la primera quincena de marzo se aprueben sendos proyectos piloto en estos partidos judiciales.
A partir de ahí, dijo, se informará a los operadores judiciales de Arona y Arrecife de lo que supone esta nueva organización administrativa para que se pueda comenzar a implantar de forma progresiva y, a tenor de sus éxitos y deficiencias, extenderla al resto del archipiélago.
Con la nueva oficina judicial se trabajará de una forma más homogénea, en lugar de con juzgados individuales que trabajan de forma distinta, lo que va a permitir equiparar el trabajo puramente administrativo, ya que el jurisdiccional seguirá siendo competencia de jueces y magistrados, refirió la viceconsejera.
Así, se tratará de impulsar, como en el resto de administraciones, "grandes servicios que ofrecerán mejores respuestas a los ciudadanos y en un menor tiempo", algo en lo que coincidió la secretaria de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, María Eugenia Calamita, quien aludió a los éxitos que la nueva oficina judicial ya ha revelado en estos aspectos tanto en Burgos como en Cáceres, donde opera desde hace meses.
Carolina Déniz destacó que de cara a la puesta en marcha de la nueva organización administrativa judicial, Canarias culminó el pasado mes de diciembre la migración de su programa de gestión procesal, de forma que de una primera versión del programa Atlante I se ha pasado a la segunda, el llamado Atlante II, que permite conectarse telemáticamente con otros profesionales, especialmente con los procuradores, para poder hacer las notificaciones y recibir las demandas por esta vía.
Otro de los asuntos abordados en la reunión celebrada hoy con los secretarios judiciales fue las fórmulas que se han de buscar para cumplir los objetivos fijados al comienzo de la legislatura en materia judicial, pese a los recortes presupuestarios que ha sufrido este departamento, que son de entre el 20 y el 30 por ciento en función de las materias de que se trate.
Al respecto, la viceconsejera aseguró que los objetivos no han variado, y que asuntos como el de las infraestructuras judiciales se deslizarán en el tiempo, si bien se trata de buscar fórmulas de financiación para cumplir con los plazos de finalización de las obras comprometidos.
Respecto a los recortes presupuestarios que afectan a la formación del personal judicial, Carolina Déniz informó de que se ha tratado de solventar la carencia de recursos económicos para estos fines con un programa de formación "on line".
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