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CSIF tacha de "irresponsables" las palabras de Beteta sobre la amenaza de recurrir al Constitucional la devolución de la extra en Castilla y León
El presidente regional de la central considera que el acuerdo con los sindicatos supondrá un ahorro de 15 millones de euros para la Junta, al evitar la vía judicial
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) en Castilla y León calificó de "irresponsables" las palabras del secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, al advertir que el Gobierno central recurrirá ante el Tribunal Constitucional la devolución de la paga extra de Navidad de 2012 que, de momento, han anunciado los ejecutivos de las comunidades autónomas de Extremadura y Castilla y León.
A juicio del presidente regional del sindicato más representativo de empleados de la Junta, Carlos Hernando, la negociación que llevarán a cabo las centrales con la administración regional servirá para ahorrar una importante cantidad de dinero a las arcas públicas al evitar la vía judicial. En el caso de la Junta, calcula que ese coste ronda los 15 millones de euros pero que puede superar los 100 millones en toda España.
Hernando consideró que las declaraciones del secretario de Estado de Administraciones Públicas son "contra natura" porque varias sentencias de tribunales ya están dando la razón a los demandantes y reconocen el derecho a percibir esa paga extraordinaria de Navidad. Beteta explicó esta mañana que hasta que el Constitucional no se pronuncie al respecto el real decreto ley (20/2012) es de obligado cumplimiento para todas las administraciones.
La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha fijado para el viernes la reunión con los representantes de la Mesa General de la Función Pública, con el objetivo de negociar los plazos y cuantías correspondientes a la parte devengada hasta el 15 de julio de 2012 de la extra de Navidad. El desembolso del Ejecutivo regional rondará los 50 millones de euros.
La Junta mostró su disposición a abonar esa cantidad después de que varias sentencias hayan reconocido el derecho de cobrar la parte de la paga extraordinaria devengada antes de la entrada en vigor del real decreto que la derogó en 2012.
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