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Los abogados ven contradicción entre el borrador de Ley de Planta y Del Río
Los profesionales que desarrollan su labor en el Juzgado de Haro solicitan «un pronunciamiento» de su colegio reclamando una clarificación expresa
Las garantías ofrecidas por el Gobierno de La Rioja, a través de su consejero de Presidencia e Interior, Emilio Del Río, sobre la continuidad de las sedes judiciales de Calahora y Haro, más allá del contenido del borrador de proyecto de Ley que ultima el Ministerio de Justicia, no tranquilizan lo más mínimo al colectivo de profesionales de la abogacía que desarrollan su labor en los juzgados de las cabeceras de comarca y, más concretamente, en el partido judicial de Haro, en el que se engloban tanto los municipios del entorno jarrero como el de Santo Domingo de la Calzada.
Es algo que queda bien patente en el escrito que todos ellos han remitido al decano de su colegio profesional en La Rioja reclamando, tal y como hizo hace apenas un año al tener conocimiento de las propuestas defendidas por el Consejo General del Poder Judicial, «un pronunciamiento en torno al texto de la comisión institucional para la elaboración de una nueva Ley de Demarcación y Planta Judicial» que, como evidenciara la reproducción del documento en estas mismas páginas, pone en entredicho la continuidad, no ya de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción -que desaparecen al crearse la nueva figura de los juzgados de Instancia-, sino la localización de estas sedes en otras ciudades que no se correspondan con las capitales de provincia del país.
Es más. La redacción del escrito, al que ha tenido acceso este periódico, hace referencia a «la situación de incertidumbre y temor creada por su contenido», dados los conceptos de «provincialización de la administración de justicia y desaparición de los partidos judiciales, desaparición de los juzgados de primera instancia e instrucción e implantación de los tribunales de instancia con sede en las capitales de provincia», reproducidos textualmente el pasado domingo en El Correo.
Pero también por «las recientes declaraciones de autoridades autonómicas que, de manera no tácita sino expresa, parecen contradecir el texto de la comisión, contribuyendo a generar (sic) un estado de cosas que, en opinión de los compañeros de Haro, necesitan de un pronunciamiento colegial que exija una clarificación al respecto por parte de las autoridades con competencias en la materia, y tanto en el ámbito nacional como autonómico».
La comunicación recoge, en última instancia y en términos totalmente inequívocos, la «abierta oposición» de los profesionales al repetido texto de la comisión por razones tan obvias que no merecen tan siquiera ser enumeradas, no siendo, por otro lado, la presente comunicación el medio idóneo para ello». Y confirma que «en el futuro» estos harán uso de «todos los medios a nuestro alcance para mostrar, tanto ante la opinión pública como ante la autoridad política, nuestra postura respecto a un tema que, como profesionales con despacho abierto en el partido judicial de Haro, nos afecta de manera directa».
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