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Las puertas de los juzgados de León han vuelto a ser el escenario escogido por funcionarios judiciales para protagonizar este miércoles un nuevo paro de media ahora para denunciar las "nefastas" consecuencias que acarreará para un servicio básico los planes del Gobierno.
Un protesta en la que han acusado al ministro Alberto Ruiz Gallardón de escudarse en la crisis económica para desmantelar y privatizar el servicio de justicia tal y como se conoce en la actualidad. Unos planes que además, según han denunciado, está haciendo a espaldas de trabajadores y ciudadanos.
Una privatización que, según han denunciado los representantes sindicales, supondrá una reducción del número de trabajadores en el sector y una pérdida de los derechos laborales adquiridos.
El portavoz de la Junta de Personal de León, Fabricio Gómez, ha denunciado que la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial que plantea el Gobierno supondrá en primera instancia la privatización de los registros civiles para dárselos a los registradores de la propiedad, no garantizando la confidencialidad de los datos y repercutiendo directamente en los bolsillos de los ciudadanos.
Medidas más contundentes
Otro de los puntos de rechazo es lo que también consideran una privatización de los actos de comunicación y ejecución, un proceso que ahora desempeñan los funcionarios de Justicia, pero que podría recaer en los procuradores "en principio de forma voluntaria" para que sean también los leoneses los que "paguen de su bolsillo" los gastos.
Una ley que podría suponer la supresión o agrupación de juzgados y que se repercutirá en los puestos de trabajo ya que sólo la privatización de los registros civiles podría terminar con un centenar de empleos en la provincia de León.
De ahí que Gómez alerte de que en última instancia los planes del Gobierno van a causar un "coste a los ciudadanos que, previamente, han pagado por la vía de impuestos para que sean servicios gratuitos servidos por funcionarios de Justicia especialistas y capacitados".
Un nuevo paro, una nueva concentración de los trabajadores de Justicia para denunciar a Gobierno que, según denuncian, está poniendo en jaque a un servicio y un derecho fundamental para la ciudadanía. Por ello, los trabajadores ya advierten de medidas más contundentes si Gallardón no da marcha atrás a este despropósito.
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