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El nuevo diseño del Registro Civil divide a los registradores
El Ministerio de Justicia está impulsando una reforma del Registro Civil que consiste en asignar al colectivo de registradores la gestión de los registros. Este nuevo diseño es consecuencia de una ley del anterior gobierno que establecía la desjudicialización del Registro Civil, y que fijaba como fecha el año 2014 para ponerlo en marcha, pero que no especificaba en ese momento quién se haría cargo del mismo.
Las críticas al proyecto han llegado desde diversos ámbitos, pero ahora son los propios registradores quienes protestan contra el modelo. Su preocupación ha hecho que las bases del colectivo hayan logrado reunir firmas para forzar a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores a convocar una Asamblea, que previsiblemente tendrá lugar a principios de abril, donde debatir la cuestión y sacar conclusiones.
El colectivo de registradores disidentes ha afirmado al periódico Expansión, que "con la excusa del Registro Civil se cargan el sistema registral español", y que "la gran mentira es que se diga que esto es lo que queremos los registradores cuando no es así". Insisten en que el nuevo modelo hará que la seguridad jurídica se vea muy perjudicada a largo plazo y denuncian la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo esperan sostener el sistema, ya que aseguran que desde el Ministerio les han informado de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito para los ciudadanos.
Pero hay muchas más voces en contra de la reforma. Los funcionarios de Justicia también se han manifestado radicalmente El Ministerio de Justicia está impulsando una reforma del Registro Civil que consiste en asignar al colectivo de registradores la gestión de los registros. Este nuevo diseño es consecuencia de una ley del anterior gobierno que establecía la desjudicialización del Registro Civil, y que fijaba como fecha el año 2014 para ponerlo en marcha, pero que no especificaba en ese momento quién se haría cargo del mismo.
Las críticas al proyecto han llegado desde diversos ámbitos, pero ahora son los propios registradores quienes protestan contra el modelo. Su preocupación ha hecho que las bases del colectivo hayan logrado reunir firmas para forzar a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores a convocar una Asamblea, que previsiblemente tendrá lugar a principios de abril, donde debatir la cuestión y sacar conclusiones.
El colectivo de registradores disidentes ha afirmado al periódico Expansión, que "con la excusa del Registro Civil se cargan el sistema registral español", y que "la gran mentira es que se diga que esto es lo que queremos los registradores cuando no es así". Insisten en que el nuevo modelo hará que la seguridad jurídica se vea muy perjudicada a largo plazo y denuncian la inexistencia de una memoria económica que acompañe a la ley y que explique cómo esperan sostener el sistema, ya que aseguran que desde el Ministerio les han informado de que el Registro Civil seguirá siendo gratuito para los ciudadanos.
Pero hay muchas más voces en contra de la reforma. Los funcionarios de Justicia también se han manifestado radicalmente en contra afirmando que "el Gobierno opta por entregar derechos fundamentales de ciudadanos y trabajadores a intereses privados de grupos afines".
Además, la reforma, que dejaría sin Registro Civil no sólo a los municipios pequeños sino también a las grandes poblaciones que no sean capitales de provincia, no parece que vaya a tener tampoco buena acogida entre los ayuntamientos afectados, cuyos ciudadanos deberán desplazarse a la capital para cualquier gestión.
A esto hay que sumar que el borrador del texto que contiene esta nueva organización también ha despertado recelos por parte de los notarios, cuyo presidente, José Manuel García Collantes ha asegurado que algunas de las medidas que en él se incluyen dañarán seriamente el tráfico jurídico.
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