
La Comisión de Estudios del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha hecho suyas algunas de las reivindicaciones de las asociaciones judiciales y ha aprobado hoy por unanimidad cambios en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), referida a sustituciones y permisos de los jueces.
Las principales críticas de las asociaciones judiciales y de las Juntas de Jueces al anteproyecto de LOPJ las suscitaban las reformas en los permisos y las sustituciones, y a este respecto la Comisión de Estudios aboga por "el mantenimiento del vigente régimen de permisos y licencias", según ha informado hoy el Consejo en una nota de prensa.
El informe, que no es vinculante para el Gobierno y que será elevado al Pleno del CGPJ del próximo 4 de octubre para su debate y votación, argumenta que debe mantenerse el actual régimen de permisos y licencias "en la medida en que su razón obedece a la especial dedicación y responsabilidad que comporta el ejercicio de la función jurisdiccional".
El anteproyecto obliga a los jueces a solicitar autorización a sus superiores para disfrutar sus tres días de permiso y estos pueden denegarlos por necesidades del servicio.
También establece que los jueces tengan que pedir al presidente del órgano de que dependan ausentarse un máximo de tres días al mes y no más de nueve al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, "siempre que queden cubiertas las necesidades del servicio".
En cuanto a las licencias de estudios, recoge que si son por tiempo superior a 20 días anuales, no serán retribuidas y solo lo serán sin limitación las relacionadas con la función jurisdiccional.
La reforma también afecta al régimen de sustituciones y refuerzos en los órganos judiciales y pretende que la "práctica totalidad de sustituciones y suplencias" sean cubiertas por jueces y magistrados profesionales para "reducir la interinidad" y conseguir "la realización del ajuste presupuestario exigido por la actual coyuntura económica" sin merma "apreciable" en el servicio.
A este respecto, el informe formula "una serie de sugerencias al objeto de evitar disfunciones y retrasos, así como una merma de la calidad de la Justicia en perjuicio de los derechos de los ciudadanos", según señala la nota del CGPJ.
Todo ello, "sin dejar de compartir la filosofía basada en dar preeminencia a la justicia profesional frente a la ejercida por sustitutos ajenos a la Carrera Judicial", ya que reconoce "la gravedad del momento económico actual y las limitaciones presupuestarias que tal situación exige".
El pasado lunes, representantes de las cuatro asociaciones judiciales se reunieron con el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, para informarle sobre sus suspicacias ante esta modificación de la LOPJ por considerarla un ataque a su estatuto orgánico y a su independencia.
Tras la reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, anunció el compromiso de Moliner para "liderar" esas reivindicaciones y aseguró que se trasladarían al Pleno del 4 de octubre, porque es en esa reunión donde se estudiará el informe definitivo de la Comisión de Estudios.
En ese Pleno, añadió Bravo, "se decidirá la postura del CGPJ" con respecto a esa parte de la reforma de la LOPJ y a las peticiones de las asociaciones judiciales y de las juntas de jueces del pasado viernes, que entre otras cosas pidieron la dimisión de Moliner yamenazaron con adoptar medidas de protesta, e incluso ir a la huelga si no se atienden sus reclamaciones.
El informe, que no es vinculante para el Gobierno y que será elevado al Pleno del CGPJ del próximo 4 de octubre para su debate y votación, argumenta que debe mantenerse el actual régimen de permisos y licencias "en la medida en que su razón obedece a la especial dedicación y responsabilidad que comporta el ejercicio de la función jurisdiccional".
El anteproyecto obliga a los jueces a solicitar autorización a sus superiores para disfrutar sus tres días de permiso y estos pueden denegarlos por necesidades del servicio.
También establece que los jueces tengan que pedir al presidente del órgano de que dependan ausentarse un máximo de tres días al mes y no más de nueve al año para el estudio o resolución de causas de especial complejidad, "siempre que queden cubiertas las necesidades del servicio".
En cuanto a las licencias de estudios, recoge que si son por tiempo superior a 20 días anuales, no serán retribuidas y solo lo serán sin limitación las relacionadas con la función jurisdiccional.
La reforma también afecta al régimen de sustituciones y refuerzos en los órganos judiciales y pretende que la "práctica totalidad de sustituciones y suplencias" sean cubiertas por jueces y magistrados profesionales para "reducir la interinidad" y conseguir "la realización del ajuste presupuestario exigido por la actual coyuntura económica" sin merma "apreciable" en el servicio.
A este respecto, el informe formula "una serie de sugerencias al objeto de evitar disfunciones y retrasos, así como una merma de la calidad de la Justicia en perjuicio de los derechos de los ciudadanos", según señala la nota del CGPJ.
Todo ello, "sin dejar de compartir la filosofía basada en dar preeminencia a la justicia profesional frente a la ejercida por sustitutos ajenos a la Carrera Judicial", ya que reconoce "la gravedad del momento económico actual y las limitaciones presupuestarias que tal situación exige".
El pasado lunes, representantes de las cuatro asociaciones judiciales se reunieron con el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, para informarle sobre sus suspicacias ante esta modificación de la LOPJ por considerarla un ataque a su estatuto orgánico y a su independencia.
Tras la reunión, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, anunció el compromiso de Moliner para "liderar" esas reivindicaciones y aseguró que se trasladarían al Pleno del 4 de octubre, porque es en esa reunión donde se estudiará el informe definitivo de la Comisión de Estudios.
En ese Pleno, añadió Bravo, "se decidirá la postura del CGPJ" con respecto a esa parte de la reforma de la LOPJ y a las peticiones de las asociaciones judiciales y de las juntas de jueces del pasado viernes, que entre otras cosas pidieron la dimisión de Moliner yamenazaron con adoptar medidas de protesta, e incluso ir a la huelga si no se atienden sus reclamaciones.
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