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viernes, 17 de febrero de 2012

Una ciudad administrativa en pie de guerra

CSIF               JUSTICIA      INFORMA       


Funcionarios y contratados laborales se concentraron ante la Xunta, sedes judiciales, colegios y hospitales contra los recortes



Más de 8.000 funcionarios y empleados públicos de la Xunta en la ciudad, lo que la convierten en una de las principales "empresas" de Pontevedra. Es una de las razones que explican la amplia respuesta de la movilización convocada contra el anteproyecto de Lei de Medidas do Emprego Público, un plan de recortes y de reforma laboral a medida que, en opinión de los sindicatos convocantes (UGT, CC OO, CIG y CSIF), hipotecará los derechos salariales y laborales de los trabajadores de la administración y lastrará los servicios públicos y de atención a los ciudadanos.

REDACCIÓN - PONTEVEDRA Fueron numerosas y dejaron en evidencia "el cabreo" de los funcionarios y empleados públicos de la Xunta de Galicia que, con la nueva normativa aprobada por el ejecutivo de Núñez Feijóo en la mano, podrán, entre otras cosas, ver reducida su jornada y su salario (es el caso de los interinos); no empezarán a cobrar el 100% de la baja laboral hasta el día 21 o reducidos sus días de asuntos propios.
"Llueve sobre mojado" señalaba una funcionaria a las puertas del edificio judicial de A Parda, uno de los centros de trabajo que ayer fue escenario de concentraciones de protesta.
Ante la sede judicial, pero también ante los hospitales Montecelo y Provincial, ante el Centro de Menores Avelino Montero, ante algunos centros escolares como el de San Martiño de Salcedo y sobre todo ante el edificio administrativo de la Xunta, en Campolongo hubo funcionarios y contratados laborales reclamando "condiciones de trabajo dignas" y "servicios de calidad".
En la mente de todos ellos estaban el recorte salarial del pasado año, la amenaza de quedarse sin pagas extra, la política de no cobertura de bajas y ausencias laborales o la no convocatoria de oposiciones.
Los concentrados ante el edificio de la Xunta, unas trescientas personas, decidieron bajar hasta la avenida Fernández Ladreda y cortar el tráfico, lo que hicieron cruzando y ocupando el paso de peatones más próximo a la entrada principal de la sede administrativa. Mantuvieron esta actitud durante diez-quince minutos lo que obligó a la Policía Local a intervenir para reconducir el tráfico para evitar atascos.
Las concentraciones de ayer son un primer aviso. Los trabajadores públicos de Pontevedra volverán a salir a la calle el próximo día 23 de febrero. En esa ocasión protagonizarán una concentración-manifestación en la plaza de A Peregrina,a partir de las 19.00 horas.
Los sindicatos convocantes de las protestas –CIG, CSIF, CC OO y UGT– no descartan la convocatoria de una huelga general en la función pública.
Los trabajadores de la administración están "hartos" de ser utilizados como chivo expiatorio por la Xunta y el Gobierno y exigirán en la calle que se restituya sus derechos salariales y laborales, lo que redundará en una mejor calidad de los servicios públicos.

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