Alberto Ruiz Gallardón, a los pocos días de abandonar su sede en la Plaza de la Villa y ocupar el máximo puesto en el Ministerio de la calle San Bernardo, se despachó con una serie de propuestas tendentes a conseguir una profunda reforma de la Justicia. Entre sus previsiones, la de convertir en hábil el mes de agosto para los procedimientos judiciales con el fin de agilizar una administración que acumula retrasos en toda España.
Esta medida ha sido contestada por los operadores judiciales que, en líneas generales, coinciden en considerarla ineficaz. Cabe destacar que el mes de agosto es hábil para la instrucción de los casos penales y para la celebración de juicios del ámbito penal, si bien, en la práctica, en La Rioja solo se celebran vistas de asuntos urgentes, como detalla Alberto Herrería, presidente de la Junta de Personal de Justicia y miembro de CSI-F. No se celebran juicios en el ámbito civil y tampoco hay actividad en lo contencioso-administrativo.
El mes de agosto era hábil para todos los procedimientos judiciales en la posguerra española, según recuerda el decano del Colegio de Procuradores, José Toledo. «Es un logro social adquirido y no sería conveniente volver a atrás», señala. Es más, desde su punto de vista, «nuestra idea sería precisamente la contraria, que fuera obligatorio coger vacaciones a todos los operadores de Justicia en el mes de agosto».
Sus razones son variadas. Convocar juicios penales en el mes vacacional por excelencia supondría, según Toledo, la incomparecencia de testigos y peritos. «Se tendrían que suspender, buscar hueco más adelante y volver a convocarlos. Es decir, trabajar dos veces». Pero añade algo más. «En los despachos pequeños de abogados y procuradores, muchos de ellos con un solo profesional, no podrían coger vacaciones porque tendrían que estar pendientes de los señalamientos de los juicios».
El decano de los procuradores insiste en que lo lógico sería que fuera inhábil el mes de agosto para todos los órdenes judiciales porque ahora se da la paradoja de que «hay juzgados inhábiles en agosto cuyos trabajadores cogen vacaciones en otras fechas y, por lo tanto están en su puesto de trabajo en agosto, y otros que, cuando son hábiles, tienen a sus trabajadores de vacaciones».
Enrique Stern, fiscal superior de La Rioja, añade que la propuesta de Gallardón afectaría fundamentalmente a los abogados, «porque fiscales siempre hay, durante todos los meses del año». «No veo mucho adelanto en esta medida, muchos juicios se verían abocados a la suspensión ante la falta de testigos y supondría más bien un trastorno», precisa. Los abogados, añade, «también tienen derecho a saber cuándo se van a poder ir de vacaciones sin tener que estar pendientes de que se señalen juicios».
José María Cid, decano del Colegio Oficial de Abogados de La Rioja, abunda en este argumento y señala que la idea de Gallardón «no solucionaría el retraso en la resolución de procedimientos». Y pone el ejemplo de que para la jurisdicción penal ya es hábil el mes de agosto y, sin embargo, «no va mejor ni es más ágil que las otras».
«Los jueces pueden tener un sustituto, pero los despachos de abogados y procuradores con un solo miembro tendrían complicado disfrutar de un periodo de vacaciones. Esto no es Madrid y aquí hay muchos despachos pequeños», recuerda.
José Carlos Orga, el decano de los jueces en La Rioja, cree que, de implantarse la decisión propuesta por el nuevo ministro de Justicia, «su impacto sería limitado» porque todos los operadores judiciales «tienen derecho a un mes de vacaciones y señalar juicios en agosto supondría que se suspendieran mayoritariamente ante la incomparecencia de abogados, testigos y peritos». A su juicio, la medida avanzada por Ruiz Gallardón «tiene un mero carácter testimonial».
Más allá va el decano de los abogados riojanos, para quien el anuncio del exalcalde de Madrid «parece un globo sonda para ver cómo reaccionan los interesados».
Se trata de una propuesta que, a juicio de Alberto Herrería, «hay que valorar para que no nos explote en la cara y resulte contraproducente al tener que convocar juicios y volver a señalarlos porque no acuden los testigos».
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