Los sindicatos registran 4.000 firmas para paralizar la ley «in extremis»
Los representantes sindicales de los 90.000 empleados de la Administración autonómica desplegaron ayer toda su capacidad en el Parlamento gallego para intentar suspender in extremis el proyecto de ley impulsado por el Gobierno de Feijoo, mediante el cual se recortan algunos derechos relacionados con los días de libre disposición o las bajas laborales.
Dirigentes de las centrales CIG, CC.OO., UGT, CSIF y USO mantuvieron reuniones en el pazo de O Hórreo con los tres grupos políticos, mientras los delegados del comité de empresa de los servicios centrales de la Xunta y de la junta de personal de San Caetano registraban una petición en el Parlamento, avalada por casi 4.000 firmas, para pedir la retirada del proyecto normativo y plantear un texto alternativo con la soluciones que ya le trasladaron días atrás el Ejecutivo.
Propuestas alternativas
Estas medidas que ponen sobre la mesa los representantes de los trabajadores, entre las que figuran la promoción del software libre en la Xunta, la reducción de los gastos de gabinete o de publicidad y propaganda, también contribuirían a generar un ahorro en las arcas públicas, según los empleados públicos, del orden de los 80 millones anuales que prevé dejar de gastar la Administración autonómica en personal.
Una delegación formada por representantes de cinco centrales sindicales se reunieron en paralelo con los grupos del BNG, el PSdeG y el PP para trasladarles sus reivindicaciones. «Punto por punto, todos os artigos son lesivos», manifestó la responsable de CIG-Administración, Carmen López.
Respaldo de la oposición
Las reuniones han servido a los sindicatos para comprobar que su reclamación para frenar el proyecto de ley será respaldada por los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, pero no por el PP. De hecho, el socialista Lage Tuñas denunció que el texto «pisotea dereitos laborais dos traballadores», argumento que también utilizó la nacionalista Ana Pontón, quien emplazó a Feijoo a que si quiere ahorrar empiece por suprimir las diputaciones, las delegaciones territoriales o los gastos derivados de la propaganda.
El Ejecutivo de Feijoo continúa aferrado a la tesis de que las medidas que pretende adoptar en Galicia son menos traumáticas que las que se han aplicado o están pendientes de aprobación en otras comunidades más ricas.
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