El próximo 4 de julio se cumplirán cinco años de la presentación del proyecto para construir la Ciudad de la Justicia de Vigo. Elaborado por Irisarri + Piñera, contemplaba una actuación sobre una superficie de 20.420 m2 colindante con las actuales sedes de la Audiencia y de los Juzgados. La propuesta, seleccionada en un concurso internacional de ideas, recogía la edificación, en la trasera de esos inmuebles, de un tercer edificio que quedaría unido a las instalaciones existentes por un vestíbulo en doble altura. Tendría cabida para ubicar una veintena de nuevos juzgados y una clínica forense.
En su día fue unánimemente elogiado por colectivos sociales, líderes políticos y representantes de los distintos estamentos de la judicatura. Vendría a poner orden a la por entonces ya caótica situación de las dependencias judiciales existentes en la ciudad, una treintena de juzgados repartidos en dos edificios en los cuales se han ido habilitando pasillos, sótanos y huecos inverosímiles para combatir condiciones de extrema precariedad. El por entonces conselleiro de Presidencia del bipartito, José Luis Méndez Romeu, llegó a fijar su inauguración para 2010.
Pues bien, cinco años después de su presentación la Ciudad de la Justicia sigue siendo tan solo eso, un proyecto recogido en un papel. Nada se ha avanzado desde entonces. Durmió durante años un sueño de los justos nunca suficientemente explicado, hasta que salió del olvido en 2009, al hilo del ambicioso Plan de Infraestructuras Judiciales puesto en marcha por la actual Xunta para modernizar las instalaciones de las principales ciudades gallegas, con una inversión de 100 millones de euros. Lo hizo, por cierto, con el sorprendente descubrimiento, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, de que el proyecto no se adecuaba al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), junto al exorbitado coste de las expropiaciones, en torno a los 20 millones de euros, más que la obra en sí, presupuestada en 15 millones.
Xunta y Concello negociaron su adaptación en un tiempo récord, en lo que parecía el desbloqueo definitivo del proyecto, entre otras razones porque el nuevo planteamiento, además de adaptarse al PXOM, reduce el coste de las expropiaciones a 4,9 millones de euros, de los cuales 1,2 millones no requieren desembolso en efectivo ya que, por ser suelo municipal, los aportaría el Concello. Pero no ha sido así. La Ciudad de la Justicia de Vigo sigue paralizada. Mientras, todas las demás ciudades han cerrado los convenios con la Xunta para que ésta acometa las obras.
Carece de sentido repetir una vez más las estrecheces y limitaciones que imponen las actuales instalaciones de los juzgados vigueses. Son de sobra conocidas. Las hemos puesto recientemente negro sobre blanco en este mismo espacio editorial. Y, además, ahí están para quien quiera comprobarlas. Basta con acercarse a los inmuebles de la calle Lalín.
El motivo último del desencuentro hay que buscarlo en el compromiso adquirido en su día por escrito por el Concello de aportar los terrenos a la Xunta para que ésta construyese la Ciudad de la Justicia. Es cierto, como dice el Concello, que ninguna otra ciudad ha tenido que pagar por los terrenos, con la excepción de Pontevedra (algo más de un millón). Pero también lo es que todas han puesto suelo o edificios a disposición de la Xunta para los nuevos equipamientos judiciales. Es decir, que la Xunta no ha costeado nunca el terreno.Habría que preguntarse, en todo caso, por qué el Concello asumió tal compromiso. Y quizá la única respuesta sea porque cuando así se dejó escrito estábamos aún en los tiempos de vino y rosas, y no de estrecheces extremas como ahora. Para cualquier ayuntamiento del tamaño de Vigo, 3,7 millones es una cantidad relevante. En este caso representa en concreto un tercio de la partida total de inversión anual de la ciudad. Y es verdad, igualmente, que de la Ciudad de la Justicia se beneficiarán no solo los residentes en la ciudad olívica, sino otros muchos vecinos de su hinterland. Pero lo comprometido, comprometido está.
Con la fuerza de lo escrito en la mano, la Xunta se mantiene inflexible en su postura. Ni pago aplazado, ni convenio para que expropie ella y, en compensación, se quede con el aprovechamiento que las parcelas reporten en el futuro, ni ninguna otra alternativa. Insiste en que destinará a otros fines los 15 millones consignados si antes de mediados de marzo no se desbloquean los terrenos. No todos comprenden tal postura, por más que le asista la razón. Y recuerdan que acaba de suscribir un convenio, por ejemplo, por el cual aportará casi 12 millones de euros para la construcción en otra localidad de un aparcamiento subterráneo que, al tiempo, permitirá llevar a cabo una gran reordenación urbanística. Si de lo que se trata es de limitaciones presupuestarias y, consecuentemente, de priorizar, entre plazas de aparcamiento y equipamientos judiciales no debería haber mucha discusión.
Así las cosas, es lógico que haya ciudadanos que piensen que más que ante un problema irresoluble nos encontramos ante un pulso, sin más. Y, peor aún, que muchos de esos mismos ciudadanos perciban lo que ocurre como un paradigma, uno más, de hasta qué punto los políticos, lejos de solucionar problemas, que es para lo que son elegidos, en ocasiones se convierten ellos mismos en un problema.
No les falta razón para ello. Porque, en este caso, no ganará quien más resista, en contra de lo que solía aconsejar Camilo José Cela a los españoles y algunos puedan estar pensando, sino aquel que haga posible que quien en realidad salga victoriosa sea la ciudad. En una palabra, que si estamos ante una batalla de ese tipo, como muchos creen, lo más probable es que ésta la gane en realidad quien haga lo pertinente para evitar la injusticia de que la ciudad se quede sin Ciudad de la Justicia. Sea lo que sea lo que tenga que hacer para conseguirlo. Y aún hay tiempo para ello. Quizá bastaría con que alguien reparase en que la Política, así, con mayúscula, es, sobre todo, el arte de lo posible. Y más en tiempos como estos, en los que la crisis convierte casi toda aspiración ciudadana en misión realmente imposible.
En su día fue unánimemente elogiado por colectivos sociales, líderes políticos y representantes de los distintos estamentos de la judicatura. Vendría a poner orden a la por entonces ya caótica situación de las dependencias judiciales existentes en la ciudad, una treintena de juzgados repartidos en dos edificios en los cuales se han ido habilitando pasillos, sótanos y huecos inverosímiles para combatir condiciones de extrema precariedad. El por entonces conselleiro de Presidencia del bipartito, José Luis Méndez Romeu, llegó a fijar su inauguración para 2010.
Pues bien, cinco años después de su presentación la Ciudad de la Justicia sigue siendo tan solo eso, un proyecto recogido en un papel. Nada se ha avanzado desde entonces. Durmió durante años un sueño de los justos nunca suficientemente explicado, hasta que salió del olvido en 2009, al hilo del ambicioso Plan de Infraestructuras Judiciales puesto en marcha por la actual Xunta para modernizar las instalaciones de las principales ciudades gallegas, con una inversión de 100 millones de euros. Lo hizo, por cierto, con el sorprendente descubrimiento, pese al tiempo transcurrido desde su aprobación, de que el proyecto no se adecuaba al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), junto al exorbitado coste de las expropiaciones, en torno a los 20 millones de euros, más que la obra en sí, presupuestada en 15 millones.
Xunta y Concello negociaron su adaptación en un tiempo récord, en lo que parecía el desbloqueo definitivo del proyecto, entre otras razones porque el nuevo planteamiento, además de adaptarse al PXOM, reduce el coste de las expropiaciones a 4,9 millones de euros, de los cuales 1,2 millones no requieren desembolso en efectivo ya que, por ser suelo municipal, los aportaría el Concello. Pero no ha sido así. La Ciudad de la Justicia de Vigo sigue paralizada. Mientras, todas las demás ciudades han cerrado los convenios con la Xunta para que ésta acometa las obras.
Carece de sentido repetir una vez más las estrecheces y limitaciones que imponen las actuales instalaciones de los juzgados vigueses. Son de sobra conocidas. Las hemos puesto recientemente negro sobre blanco en este mismo espacio editorial. Y, además, ahí están para quien quiera comprobarlas. Basta con acercarse a los inmuebles de la calle Lalín.
El motivo último del desencuentro hay que buscarlo en el compromiso adquirido en su día por escrito por el Concello de aportar los terrenos a la Xunta para que ésta construyese la Ciudad de la Justicia. Es cierto, como dice el Concello, que ninguna otra ciudad ha tenido que pagar por los terrenos, con la excepción de Pontevedra (algo más de un millón). Pero también lo es que todas han puesto suelo o edificios a disposición de la Xunta para los nuevos equipamientos judiciales. Es decir, que la Xunta no ha costeado nunca el terreno.Habría que preguntarse, en todo caso, por qué el Concello asumió tal compromiso. Y quizá la única respuesta sea porque cuando así se dejó escrito estábamos aún en los tiempos de vino y rosas, y no de estrecheces extremas como ahora. Para cualquier ayuntamiento del tamaño de Vigo, 3,7 millones es una cantidad relevante. En este caso representa en concreto un tercio de la partida total de inversión anual de la ciudad. Y es verdad, igualmente, que de la Ciudad de la Justicia se beneficiarán no solo los residentes en la ciudad olívica, sino otros muchos vecinos de su hinterland. Pero lo comprometido, comprometido está.
Con la fuerza de lo escrito en la mano, la Xunta se mantiene inflexible en su postura. Ni pago aplazado, ni convenio para que expropie ella y, en compensación, se quede con el aprovechamiento que las parcelas reporten en el futuro, ni ninguna otra alternativa. Insiste en que destinará a otros fines los 15 millones consignados si antes de mediados de marzo no se desbloquean los terrenos. No todos comprenden tal postura, por más que le asista la razón. Y recuerdan que acaba de suscribir un convenio, por ejemplo, por el cual aportará casi 12 millones de euros para la construcción en otra localidad de un aparcamiento subterráneo que, al tiempo, permitirá llevar a cabo una gran reordenación urbanística. Si de lo que se trata es de limitaciones presupuestarias y, consecuentemente, de priorizar, entre plazas de aparcamiento y equipamientos judiciales no debería haber mucha discusión.
Así las cosas, es lógico que haya ciudadanos que piensen que más que ante un problema irresoluble nos encontramos ante un pulso, sin más. Y, peor aún, que muchos de esos mismos ciudadanos perciban lo que ocurre como un paradigma, uno más, de hasta qué punto los políticos, lejos de solucionar problemas, que es para lo que son elegidos, en ocasiones se convierten ellos mismos en un problema.
No les falta razón para ello. Porque, en este caso, no ganará quien más resista, en contra de lo que solía aconsejar Camilo José Cela a los españoles y algunos puedan estar pensando, sino aquel que haga posible que quien en realidad salga victoriosa sea la ciudad. En una palabra, que si estamos ante una batalla de ese tipo, como muchos creen, lo más probable es que ésta la gane en realidad quien haga lo pertinente para evitar la injusticia de que la ciudad se quede sin Ciudad de la Justicia. Sea lo que sea lo que tenga que hacer para conseguirlo. Y aún hay tiempo para ello. Quizá bastaría con que alguien reparase en que la Política, así, con mayúscula, es, sobre todo, el arte de lo posible. Y más en tiempos como estos, en los que la crisis convierte casi toda aspiración ciudadana en misión realmente imposible.
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