Con pocas posibilidades de que se creen más órganos y la Oficina Judicial sin implantar, la descongestión parece difícil de lograr
Por más que se hable de la reforma de la Justicia o de una nueva Oficina Judicial que nunca acaba de llegar, lo cierto es que las estadísticas cantan. Y desgraciadamente cantan casi siempre lo mismo: que los juzgados andaluces siguen saturados y que los asuntos se acumulan en todos los órdenes ya sea civil, penal, social o contencioso administrativo. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial así lo confirman reflejando que, al término del segundo trimestre de este año, en los tribunales andaluces había en trámite más de 608.000 asuntos entre las cuatro jurisdicciones.
En el orden civil, la que más casos acumula, había un total de 274.000 asuntos en trámite (a una media de 686 por órgano), mientras que en lo penal eran más de 199.000 los casos registrados y sin haberse resuelto y supone que van a una media de 453 por órgano.
En la jurisdicción contencioso administrativa se acumulaban a finales del pasado mes de junio más de 82.000 asuntos y parece que estos eran los órganos más saturados con una media de 1.514 cada uno. En cuanto al orden social, había más de 51.000 asuntos y cada juzgado se llevaba al año una media de unos 864 procedimientos.
Pero llama la atención que en el orden penal, las sentencias se siguen amontonando sin que año tras año se dé solución a un problema que puede desencadenar errores como aquel que provocó que un hombre que debía estar en la cárcel, Santiago del Valle, estuviera en la calle y tuviera la oportunidad de acabar con la vida de la pequeña Mari Luz Cortés.
En este caso, los juzgados de lo penal andaluces, que pusieron en este periodo más de 9.000 sentencias, arrastraban todavía otras 62.816 sin ejecutar. Esas son solo las de los juzgados penales, a las que hay que sumar el resto para llegar a un total de más de 91.000 en toda la jurisdicción penal. La situación apenas ha variado si se tiene en cuenta que en 2010 Andalucía acabó el año con 67.000. Las cifras no son extrañas si se tiene en cuenta que Andalucía es la comunidad más poblada (con más de ocho millones) pero también la que tiene la tasa de litigiosidad más alta de España con 57,87 asuntos por cada mil habitantes.
Pero lo peor es que la situación no tiene muchos visos de resolverse si se tiene en cuenta que, después del recorte de número de órganos (este año ha entrado en funcionamiento la mitad que en años anteriores), la previsión para 2012 es igual de pesimista. A falta de que el nuevo Gobierno tome posesión, no parece que la situación económica permita la creación de más juzgados.
Otras CC.AA., por delante
Y esta situación también se ve agravada por el hecho de que la reforma de la Oficina Judicial, de la que en Andalucía llevan años hablando, tampoco se ha puesto en marcha. Pese a que la Junta sigue asegurando que empezará, con la legislatura a punto de terminar (las elecciones tocan en marzo) no es probable que empiecen a funcionar los proyectos piloto de los que se ha hablado. Algo en lo que Andalucía se queda atrás con respecto a otras comunidades.
De hecho, en el País Vasco ya hay un proyecto piloto, lo mismo que en Cataluña con un inicio del despliegue de oficinas. Y en el territorio del Ministerio (aquel que no tiene las transferencias de Justicia) también han comenzado en algunas ciudades: Murcia, Ciudad Real, Cáceres y Mérida son algunos ejemplos. Andalucía sigue como siempre: con los órganos saturados y a la cola en nuevos proyectos.
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