CSI●F JUSTICIA INFORMA
Rajoy defendió ante los diputados la necesidad de aplicar reformas a la Administración de Justicia, como una de las medidas más para salir de la crisis que atenaza a la economía española. La previsibilidad del sistema judicial incide directamente sobre el crecimiento económico y el desarrollo de una economía, como ha defendido en diversas ocasiones la Abogacía institucional.
En el ámbito de la Justicia, una de las primeras medidas que tomará el Gobierno de Rajoy es la renovación del Tribunal Constitucional. El presidente aseguró en su discurso de investidura que abordará de "manera inmediata, en diálogo con la oposición, el proceso de renovación pendiente en el Tribunal Constitucional, al mismo tiempo que otros igualmente abiertos como el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Radio Televisión Española, a fin de que puedan estar resueltos en el plazo de los próximos tres meses".
Estas medidas se enmarcan en la necesidad de "recuperar la confianza de los ciudadanos en la Justicia y propiciar el respeto a su independencia e imparcialidad, tanto en lo que afecta al órgano de gobierno de los jueces, como al Tribunal Constitucional", aseguró Rajoy. Los cambios volverán a afectar al Alto Tribunal, que ha sido objeto de cuatro reformas durante las legislaturas socialistas.
El PP quiere evitar que este Tribunal se acabe convirtiendo en una tercera instancia. El nuevo Parlamento estudiará la atribución a la jurisdicción ordinaria del recurso de amparo para garantizar los derechos fundamentales. Se reservará al Constitucional las competencias en los supuestos de interés constitucional de acuerdo con lo que disponga una futura ley.
Las reformas que se pretenden abordar en las instituciones judiciales "persiguen, tanto agilizar y mejorar su funcionamiento, como reformar el recurso de amparo y el recurso previo de inconstitucionalidad, así como dar mayores garantías de independencia en los nombramientos de sus miembros".
CIEN PRIMEROS DÍAS
La mayoría absoluta en el Parlamento permitirá al Partido Popular promover una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que 12 de sus 20 miembros sean elegidos entre y por jueces y magistrados de todas las categorías.
Otra de las primeras medidas anunciadas es la presentación en el primer trimestre de 2012 de una Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Acceso a la Información Pública. Es uno de los objetivos marcados en el programa electoral del PP durante esta X Legislatura para establecer los deberes de las Administraciones en esta materia y garantizar a los ciudadanos la efectividad de este derecho de acceso. En base al diálogo, sería deseable que existiera un acuerdo de bases entre todas las fuerzas políticas por la transparencia y contra la corrupción en el ámbito local. El anticipo electoral evitó que el Congreso debatiera la proposición de ley relativa a la transparencia, presentada por el PP en junio de 2011.
La necesidad de reducir la ligitiosidad que llega a los tribunales justifica para Rajoy adoptar medidas para "mejorar la seguridad jurídica a través de un marco normativo claro -con menos y mejores leyes- y una Administración de Justicia profesional, especializada y eficaz. Aprobaremos una nueva Ley de Mediación y Arbitraje como mecanismos de solución extrajudicial de conflictos, así como una Ley de la Jurisdicción Voluntaria".
Una de las medidas que deberá abordar el actual Gobierno es la transposición en plazo de la Directiva 2008/52 sobre la mediación en asuntos civiles y mercantiles. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la Directiva antes del 21 de mayo de 2011, fecha ya incumplida por España. El art. 11 de la Directiva establece que, a más tardar el 21 de mayo de 2016, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre su aplicación.
Desde la Abogacía se propugna por aprobar una ley estatal básica reguladora de la mediación que regule esta institución, su ámbito (judicial y extrajudicial), el estatuto de los mediadores, el contenido de la mediación y los efectos del acuerdo que alcancen las partes.
Con la finalidad de agilizar la Administración de Justicia, se ha reclamado la aprobación de una ley reguladora de la jurisdicción voluntaria para que los numerosos asuntos que colapsan los tribunales puedan ser solventados sin proceso o por vías paralelas, de índole administrativa, y a través de profesionales, designados para ello por la ley.
OFICINA JUDICIAL
La Nueva Oficina Judicial, que todavía no acaba de encajar en la estructura funcional de la Justicia, también será objeto de reformas. Rajoy asumió el compromiso de "abordar los cambios en el modelo de la oficina judicial que aseguren la unidad de gestión en todos los órganos jurisdiccionales".
Todo para que la Administración de Justicia se convierta, de una vez por todas, en un servicio público moderno y de calidad. Para ello, propuso el ya presidente del Gobierno "promover un uso eficiente y coordinado de las nuevas tecnologías, compatibilizando los ocho sistemas informáticos actuales, que son incompatibles entre sí".
Otras medidas anunciadas durante la investidura fueron la simplificación de procedimientos judiciales, el reforzamiento del principio de oralidad, la revisión -una vez más- del sistema de recursos y la incorporación de los juicios rápidos al ámbito civil.
El presidente del Gobierno obvió durante su intervención algunos de los temas más espinosos del programa electoral del Partido Popular. No hubo alusión a la reforma del Código Penal para introducir la pena de prisión permanente revisable y la posibilidad de aplicar medidas de seguridad postpenales. Ni a las propuestas de cambios en el cómputo de beneficios penitenciarios sobre cada una de las penas impuestas ni al establecimiento de una nueva regulación de la multirreincidencia; todas recogidas en el programa electoral del PP.
Tampoco hubo palabras para la extensión de la sanidad pública a todos los colectivos. Una de las primeras medidas que deberá abordar el recién nombrado Ejecutivo será dar cumplimiento al plazo establecido por la Ley 33/2011 General de Salud Pública, apoyada por el PP durante su tramitación parlamentaria.
Su Disposición Adicional Sexta establece que en el plazo de seis meses (hasta el 5 de abril de 2012), el Gobierno determinará reglamentariamente los términos y condiciones de la extensión del derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública para quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en atención a la evolución de las cuentas públicas. El derecho al acceso a la sanidad pública es una reclamación del CGAE dada la trascendencia que tiene para el colectivo de abogados.
MEDIDAS ECONÓMICAS
Pensiones y otra reforma laboral:
- Actualización del poder adquisitivo de las pensiones a partir del 1 de enero de 2012.
- Supresión de las prejubilaciones para acercar la edad real de retiro (63,5 años) a la edad legal (65 años pero que se irá a los 67 años progresivamente hasta 2027).
- El nuevo Gobierno llevará al Congreso un proyecto de reforma laboral en el primer trimestre de 2012.
- Cambios en los convenios colectivos. Se dará prioridad a los acuerdos de empresa y a los sectoriales frente a los territoriales.
- Las fiestas laborales se trasladarán a los lunes con la excepción de aquellas con mayor arraigo.
- Control del absentismo laboral injustificado e impulso a las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, área en la que apuesta por el desarrollo del teletrabajo.
- Plan de Empleo Juvenil con incentivos a la inserción laboral de los menores de 30 años como una bonificación del 100% a las cotizaciones de la Seguridad Social durante el primer año.
Control del déficit:
- Real Decreto-Ley de Medidas Urgentes en materia Económica y Presupuestaria con la prórroga de los Presupuestos y un acuerdo de no disponibilidad de gasto para cumplir con el déficit, que debe bajar al 4,4% en 2012. Una vez conocidos los datos de cierre de 2011 y con el nuevo cuadro macro, presentará antes del 31 de marzo unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2012.
- Ley de Estabilidad Presupuestaria para poner límites de gasto y endeudamiento en todas las Administraciones Públicas. Prohibirá un déficit superior al 0,4% del PIB a partir de 2020 para el conjunto de las Administraciones. También fijará la responsabilidad de cada una de ellas en caso de incumplimiento. La Ley se dictará a la vista de la reforma constitucional de este año.
Impuestos:
- Pago de deudas de las Administraciones Públicas. Pondrá en marcha un procedimiento similar al de la cuenta corriente tributaria para compensar todas las deudas de las Administraciones con las empresas, pymes y autónomos.
- IVA a autónomos y pymes: Estos colectivos no tendrán que pagar el impuesto hasta que efectivamente se hayan cobrado las facturas.
- Ayuda fiscal al empleo. Rebaja fiscal por 3.000 euros por la contratación del primer trabajador.
- Impuesto de Sociedades: Las empresas con una cifra de negocio de hasta 12 millones de euros se podrán acoger al régimen especial de reducida dimensión que tiene un tipo del 20%. Se aumenta hasta los 500.000 euros el límite de base imponible al que se aplica el tipo reducido del 25%.
- Cambios en la fiscalidad de los dividendos. Los beneficios dedicados a la adquisición de nuevos activos tributarán diez puntos menos que los destinados a remunerar a los accionistas.
- IRPF: Mejora de la tributación de los planes de pensiones.
- Recuperar la deducción en el IRPF por inversión en vivienda habitual.
- Rebaja del IVA a la compra de una casa. La compra de vivienda habitual tendrá un tipo superreducido de 4% -medida que caduca a final de diciembre de 2011-, pero con un límite en el precio de adquisición.
Reforma financiera:
- Se fomentará el saneamiento de los balances de la banca en los primeros seis meses del año para recuperar su acceso a la financiación y puedan dar crédito.
- Venta de los inmuebles terminados que tengan los bancos y una actualización "muy prudente" del precio de los activos con peor salida como el suelo o las promociones sin terminar.
- Modificación del sistema de supervisión y regulación del Banco de España para que sea más ágil y se eviten "las indecisiones y bloqueos que lo han caracterizado" a lo largo de la crisis.
Sanidad:
- Nueva Ley de Servicios Básicos para que las Comunidades distingan entre lo que es básico y esencial de lo que no lo es, con vistas a ajustar los gastos.
- Pacto por la Sanidad con todos los partidos políticos, Administraciones Públicas y profesionales implicados.
Educación:
- Bachillerato de tres años y puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Calidad de la Educación.
- Bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo y una educación trilingüe en las comunidades con lengua cooficial.
- Cambios en el proceso de acceso a la función docente en la que se prime el mérito y la capacidad.
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