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Citan en audiencias especiales al fiscal y los abogados para resolver casos en 15 días y acabar con la acumulación de 7.500 expedientes
A falta de presupuesto, imaginación, reorganización de las tareas y un esfuerzo adicional. Estos son los ingredientes que han puesto los tres juzgados de Lo Penal de Cartagena tras la enésima negativa del Ministerio de Justicia a liberar dinero para reforzar estos órganos con jueces, secretarios, funcionarios o al menos el pago de horas extraordinarias. Para sacar adelante las más de 7.500 sentencias pendientes de ejecutar, los magistrados han puesto en marcha un plan de resolución de expedientes pionero en España que además de aliviar el colapso permite agilizar trámites, de forma que cuestiones que antes exigían tres meses implican ahora de diez a quince días.
Los titulares de los juzgados (una juez sustituta en el Penal 1, que en breve será dirigido por Teresa Álvarez; Álvaro Bellas en el Penal 2; y Fernando de la Fuente en el Penal 3) han puesto en marcha lo que han denominado una «Sala de ejecuciones», con la que abrevian los procesos mediante la convocatoria de audiencias especiales los viernes.
«Se trata de un novedoso sistema que permite acortar los tiempos de respuesta en la ejecución de sentencia y que ha sido promovido por los propios magistrados, en coordinación con los secretarios judiciales, los equipos de funcionarios de los juzgados, la Fiscalía de Área de Cartagena y los colegios profesionales de abogados y procuradores», explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región.
En la actualidad, hay 7.557 asuntos que el TSJ considera «en trámite»: es decir, resoluciones de cuyo cumplimiento tiene que cerciorarse el juez.
«Ante la falta de recursos , tenemos que buscar mecanismos y soluciones para ser más eficaces y en la medida de lo posible aminorar la pendencia de los asuntos en trámite o al menos que ésta no aumente», comentaba el magistrado Fernando de la Fuente.
Con este proyecto, el TSJ quiere «acumular, siempre que sea posible, en un solo acto gran parte de la tramitación», para acortar los tiempos de traslado de los expedientes desde el órgano judicial a la Fiscalía y a las distintas partes que participan en el proceso.
Desde hace algo menos de un mes, hay sesiones de ejecución toda las semanas. Se trata de convocatorias sobre suspensiones y sustituciones de penas privativas de libertad; es decir, las que conllevan el ingreso en prisión.
En estas citas, el magistrado tiene la capacidad de dictar, en su caso, una resolución «in voce», o lo que es lo mismo de palabra. «La ejecución del a sentencia queda así lista para su tramitación», añaden desde el TSJ. El presidente de este organismo público, Juan Martínez Moya, tras conocer los primeros resultados de esta iniciativa la ha valorado muy positivamente y estudia la posibilidad de extenderla al ámbito penal en los partidos judiciales de Murcia y Lorca.
Las primeras audiencias han permitido comprobar cómo mientras «con la tramitación normal, una suspensión-sustitución de pena quedaba vista tras tres o cuatro meses», ahora se convoca la comparecencia con quince días de antelación y todo queda visto en el acto, explica De la Fuente.
«Además, estas sesiones están permitiendo que el juez resuelva en el acto otras peticiones urgentes realizadas por el Ministerio Fiscal», añade el magistrado.
Para la puesta en marcha de este nuevo procedimiento, el único requisito ha sido habilitar una sala con el equipamiento técnico necesario para acceder a los correspondientes sistemas de gestión procesal y de grabación de informes y resoluciones. Martínez Moya, que tiene previsto participar hoy en un acto oficial en el Colegio de Abogados de Cartagena, destacó que los propios letrados están manifestando su «sorpresa» por la agilidad que está aportando la solución adoptada.
Es más, la Sala de Gobierno del TSJ aprobó el pasado martes trasladar este proyecto de resolución de ejecutorias al Consejo General del Poder Judicial, de forma que su Comisión de Modernización estudie su aplicación en toda España.
«Tenemos cientos de ejecutorias que exigen una atención especial por parte de los jueces, los fiscales y los abogados. Y esta iniciativa pone de manifiesto un alto grado de responsabilidad y de compromiso por parte de todos los que estamos implicados mejorar la prestación del servicio público pese a la falta de medios personales y técnicos por las restricciones presupuestarias», señaló Martínez Moya.
El nuevo método de aplicación de sentencias supone un paso añadido en el avance logrado durante el primer semestre de este año en este ámbito procesal. Así, según señaló hace unos días el responsable del TSJ en la primera mitad del año salieron adelante 1.353 resoluciones, lo que hace augurar que se superará el ritmo de finales de año.
Montañas de expedientes
En términos generales, los juzgados de Cartagena tramitaron de enero a julio 22.450 asuntos, lo que supone un 2% más que en el mismo tramo de 2010. No obstante, en el caso de Lo Penal el atasco detectado en las inspecciones ordenadas por el TSJ (visible en forma de montañas de expedientes acumulados incluso fuera de los armarios por falta de espacio) ha llevado a implantar la sala de ejecuciones.
En todo caso, desde el órgano de gobierno de los jueces en la Región insistieron en que a nivel técnico no puede hablarse de «colapso», ya que se están tramitando todos los nuevos expedientes. El problema es que hay muchos casos acumulados durante los últimos años por el aumento de la población y también, de forma significativa, del número de denuncias formuladas.
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