CSI●F JUSTICIA INFORMA
Lleva cinco años al frente del decanato de la Ciudad de la Justicia y reconoce que, pese al trabajo, se siente muy orgulloso de desempeñar el puesto. Agustín Valero asegura que la Justicia no atraviesa su mejor momento y que el número de asuntos que cada día llegan a los juzgados ilicitanos ralentizan inevitablemente la actividad mientras se congela la creación de nuevos órganos judiciales.
M. J. MORA Agustín Valero es juez decano de los magistrados ilicitanos desde hace cinco años y tres meses, un cargo del que se siente muy orgulloso, aunque reconoce que entraña gran responsabilidad.
¿Qué ha aportado la Ciudad de la Justicia a los ilicitanos?
Que los que trabajamos en el ámbito de la justicia podamos hacerlo en condiciones de dignidad. Este edificio ha cumplido las espectativas y, además, tuvimos la suerte de que se adjudicara al inicio de la crisis. Evidentemente hay problemas y deficiencias y algunas disfunciones por defectos de concepción, pero no tengo duda que hemos mejorado y hay que dar gracias, porque si se hubiese tardado un poco más no sé cuándo hubiera habido una Ciudad de la Justicia en Elche.
¿Cuáles son las necesidades de órganos judiciales en Elche?
Las necesidades son muchas. Hace once años que no se crea ningún órgano civil desde que se puso en marcha el de familia y a eso se suman cuatro años de crisis en los que se ha notado mucho la carga de trabajo. Hace cuatro años los señalamientos se realizaban a dos meses vista y ahora nos vamos a un año. Antes de la crisis entraban unos 1.800 asuntos por juzgado, hace dos años llegamos a los 3.200 y ahora estamos en torno a los 3.000. Esas cifras son inasumibles (antes en seis meses se sentenciaba un juicio ordinario y ahora llegamos al año y medio si no hay complicaciones). A principios de septiembre tuve una reunión con la presidenta del TSJ que nos informó que no hay dinero y que no se puede crear el séptimo de primera instancia que debía haber entrado en funcionamiento hace un año. Por eso elevé un informe para pedir un juez en prácticas o un sustituto, o lo que sea, para reforzar los cinco juzgados. En estos momentos, si cerráramos el juzgado tendríamos trabajo para cinco años y por ello sería necesario crear tres juzgados de primera instancia, uno de instrucción, dos sociales y dos contenciosos, con lo que tendríamos una situación razonable. Además, no ha crecido la plantilla de funcionarios y no se han creado plazas en el decanato.
¿Cómo le afecta al ciudadano?
En el tiempo de respuesta a sus peticiones. Por ejemplo, los pleitos entre dos empresas por cuantía habitual se dilata hasta 18 meses como mínimo cuando antes se resolvía en seis meses y eso estrangula a las empresas. La impresión es que resolvemos tarde, muy tarde. Los jueces tenemos fama de trabajar poco, pero yo tengo mil pleitos vivos y si señalo para un año no es porque mientras tanto no haga nada, sino porque los asuntos nos desbordan. La tardanza desvirtúa la justicia. En estos momentos sería conveniente resolver los asuntos relacionados con cuantías importantes que afectan a familias o empresas porque provocan un efecto dominó. Si se resolvieran contribuirían a dinamizar la economía y aliviaría muchos problemas de liquidez, pero en este país la Justicia nunca ha sido una prioridad. Si un juicio tarda es porque hay colapso y eso hay que explicárselo al ciudadano, hay que decirle que aquí los jueces trabajan por la tarde. La dedicación de los magistrados, de los fiscales, forenses y funcionarios es tremenda, pero el problema es la carencia de recursos.
Siguen esperando la modernización del sistema...
Se habla de crear la nueva oficina judicial, de implantar el expediente digital, pero para eso se necesita de una inversión económica. La nueva oficina judicial iba a ser un proyecto piloto a principios de año en Elche y en otra localidad en la Comunidad, pero se frustró porque no había dinero. Es un proyecto en el que hay aspectos que no comparto, pero que habría que ver cómo funciona.
Pese a las penurias, la Justicia es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar.
Es el único poder del Estado que no tiene autonomía presupuestaria. El poder judicial siempre ha ido a la greña con los poderes que intentan controlarlo y eso es una reivindicación constante del Consejo General del Poder Judicial. Cuando se recortan las pensiones o las prestaciones sanitarias y educativas hay un reflejo inmediato en los medios, pero no ocurre lo mismo con la Justicia. La Justicia no da votos.
¿Qué ha aportado la Ciudad de la Justicia a los ilicitanos?
Que los que trabajamos en el ámbito de la justicia podamos hacerlo en condiciones de dignidad. Este edificio ha cumplido las espectativas y, además, tuvimos la suerte de que se adjudicara al inicio de la crisis. Evidentemente hay problemas y deficiencias y algunas disfunciones por defectos de concepción, pero no tengo duda que hemos mejorado y hay que dar gracias, porque si se hubiese tardado un poco más no sé cuándo hubiera habido una Ciudad de la Justicia en Elche.
¿Cuáles son las necesidades de órganos judiciales en Elche?
Las necesidades son muchas. Hace once años que no se crea ningún órgano civil desde que se puso en marcha el de familia y a eso se suman cuatro años de crisis en los que se ha notado mucho la carga de trabajo. Hace cuatro años los señalamientos se realizaban a dos meses vista y ahora nos vamos a un año. Antes de la crisis entraban unos 1.800 asuntos por juzgado, hace dos años llegamos a los 3.200 y ahora estamos en torno a los 3.000. Esas cifras son inasumibles (antes en seis meses se sentenciaba un juicio ordinario y ahora llegamos al año y medio si no hay complicaciones). A principios de septiembre tuve una reunión con la presidenta del TSJ que nos informó que no hay dinero y que no se puede crear el séptimo de primera instancia que debía haber entrado en funcionamiento hace un año. Por eso elevé un informe para pedir un juez en prácticas o un sustituto, o lo que sea, para reforzar los cinco juzgados. En estos momentos, si cerráramos el juzgado tendríamos trabajo para cinco años y por ello sería necesario crear tres juzgados de primera instancia, uno de instrucción, dos sociales y dos contenciosos, con lo que tendríamos una situación razonable. Además, no ha crecido la plantilla de funcionarios y no se han creado plazas en el decanato.
¿Cómo le afecta al ciudadano?
En el tiempo de respuesta a sus peticiones. Por ejemplo, los pleitos entre dos empresas por cuantía habitual se dilata hasta 18 meses como mínimo cuando antes se resolvía en seis meses y eso estrangula a las empresas. La impresión es que resolvemos tarde, muy tarde. Los jueces tenemos fama de trabajar poco, pero yo tengo mil pleitos vivos y si señalo para un año no es porque mientras tanto no haga nada, sino porque los asuntos nos desbordan. La tardanza desvirtúa la justicia. En estos momentos sería conveniente resolver los asuntos relacionados con cuantías importantes que afectan a familias o empresas porque provocan un efecto dominó. Si se resolvieran contribuirían a dinamizar la economía y aliviaría muchos problemas de liquidez, pero en este país la Justicia nunca ha sido una prioridad. Si un juicio tarda es porque hay colapso y eso hay que explicárselo al ciudadano, hay que decirle que aquí los jueces trabajan por la tarde. La dedicación de los magistrados, de los fiscales, forenses y funcionarios es tremenda, pero el problema es la carencia de recursos.
Siguen esperando la modernización del sistema...
Se habla de crear la nueva oficina judicial, de implantar el expediente digital, pero para eso se necesita de una inversión económica. La nueva oficina judicial iba a ser un proyecto piloto a principios de año en Elche y en otra localidad en la Comunidad, pero se frustró porque no había dinero. Es un proyecto en el que hay aspectos que no comparto, pero que habría que ver cómo funciona.
Pese a las penurias, la Justicia es uno de los pilares fundamentales del estado del bienestar.
Es el único poder del Estado que no tiene autonomía presupuestaria. El poder judicial siempre ha ido a la greña con los poderes que intentan controlarlo y eso es una reivindicación constante del Consejo General del Poder Judicial. Cuando se recortan las pensiones o las prestaciones sanitarias y educativas hay un reflejo inmediato en los medios, pero no ocurre lo mismo con la Justicia. La Justicia no da votos.
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