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El grupo apuesta por Navia, en donde, entre 2007 y 2011, ha inyectado 230 millones frente a los 40 de Pontevedra.
B.M. - PONTEVEDRA La incertidumbre sobre que va a pasar después del año 2018 pesa como una espada de Damocles sobre la planta pontevedresa de Ence y "lo que ya ha pasado volverá a pasar", augura el presidente del comité de empresa, Jesús Graña, en alusión al retraimiento de las inversiones en la fábrica de Lourizán y la decidida apuesta del grupo por la factoría de Navia, en Asturias.
El plan estratégico que finaliza con el año (2007-2011), y que fue presentado ante la junta de accionistas de la compañía, ya contemplaba una inversión de 230 millones de euros en la planta asturiana frente a los 40 millones reservados para las de Pontevedra y Huelva, lo que en su día suscitó cierto resquemor entre la plantilla local deEnce, ahora reactivado ante la proximidad de la definición del nuevo plan de actuaciones que se está definiendo y se pondrá en marcha a partir de 2012.
Los trabajadores pontevedreses no pierden de vista el hecho de que, en este mismo año, la Xunta anuló la preselección (con la máxima puntuación) del proyecto de central energética de Ence para Lourizán en el concurso autonómico de plantas de biomasa mientras que paralelamente se autorizaba y ponía en marcha la que será la mayor planta de energía a partir de biomasa de España en Huelva. Un proyecto cuya construcción ha sido adjudicada a OHL por 101 millones y que se enmarca en el plan de energía renovable diseñado por la compañía para el quinquenio 2011-2015.
"Es posible que Ence deje de invertir más de lo estrictamente necesario para el mantenimiento de nuestra fábrica y eso nos va a perjudicar" apunta Jesús Graña quien, al frente del comité y en nombre de la plantilla, recalca que van a pelear por la continuidad de la planta de Lourizán, convencidos de que existen alternativas para que no haya que echar el cierre en el año en el que finaliza, en aplicación de la Ley de Costas, la concesión estatal de los terrenos que ocupan en terrenos de dominio marítimo-terrestre.
El 2018 es un punto y final para el alcalde y el gobierno local (BNG y PSOE), una tesis que mantienen desde hace años y que les ha llevado entre otras cosas a recurrir el plan sectorial supramunicipal aprobado para dar cobertura al frustrado proyecto de papel tisú. Ahora se ha sumado a este planteamiento la Xunta (PP) con el matiz añadido de que apuesta por su reubicación en la comarca para mantener el empleo y en este línea tanto el presidente como el conselleiro de Medio Ambiente insisten públicamente en que deben buscar una localización aunque su inacción lleva a opositores a la permanencia deEnce y a los propios trabajadores a criticar lo que consideran una calculada ambigüedad.
En cualquier caso todos dirigen su mirada hacia Madrid ya que es el Estado el que puede autorizar una posible prórroga de la concesión.
El plan estratégico que finaliza con el año (2007-2011), y que fue presentado ante la junta de accionistas de la compañía, ya contemplaba una inversión de 230 millones de euros en la planta asturiana frente a los 40 millones reservados para las de Pontevedra y Huelva, lo que en su día suscitó cierto resquemor entre la plantilla local deEnce, ahora reactivado ante la proximidad de la definición del nuevo plan de actuaciones que se está definiendo y se pondrá en marcha a partir de 2012.
Los trabajadores pontevedreses no pierden de vista el hecho de que, en este mismo año, la Xunta anuló la preselección (con la máxima puntuación) del proyecto de central energética de Ence para Lourizán en el concurso autonómico de plantas de biomasa mientras que paralelamente se autorizaba y ponía en marcha la que será la mayor planta de energía a partir de biomasa de España en Huelva. Un proyecto cuya construcción ha sido adjudicada a OHL por 101 millones y que se enmarca en el plan de energía renovable diseñado por la compañía para el quinquenio 2011-2015.
"Es posible que Ence deje de invertir más de lo estrictamente necesario para el mantenimiento de nuestra fábrica y eso nos va a perjudicar" apunta Jesús Graña quien, al frente del comité y en nombre de la plantilla, recalca que van a pelear por la continuidad de la planta de Lourizán, convencidos de que existen alternativas para que no haya que echar el cierre en el año en el que finaliza, en aplicación de la Ley de Costas, la concesión estatal de los terrenos que ocupan en terrenos de dominio marítimo-terrestre.
El 2018 es un punto y final para el alcalde y el gobierno local (BNG y PSOE), una tesis que mantienen desde hace años y que les ha llevado entre otras cosas a recurrir el plan sectorial supramunicipal aprobado para dar cobertura al frustrado proyecto de papel tisú. Ahora se ha sumado a este planteamiento la Xunta (PP) con el matiz añadido de que apuesta por su reubicación en la comarca para mantener el empleo y en este línea tanto el presidente como el conselleiro de Medio Ambiente insisten públicamente en que deben buscar una localización aunque su inacción lleva a opositores a la permanencia deEnce y a los propios trabajadores a criticar lo que consideran una calculada ambigüedad.
En cualquier caso todos dirigen su mirada hacia Madrid ya que es el Estado el que puede autorizar una posible prórroga de la concesión.
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