El Poder Judicial plantea eliminar juzgados y dejar sólo oficinas para presentar escritos

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El nuevo Palacio de Justicia de Gijón no será ocupado hasta septiembre de 2012 l El CGPJ da un plazo de dos años para unificar los órganos de Oviedo

Oviedo, L. Á. VEGA
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) planteará una nueva demarcación judicial en Asturias, que incluirá la concentración de juzgados y la desaparición de algunos de ellos, sobre todo en los partidos judiciales pequeños. Esta redefinición se incluye en el plan para la modernización de la justicia, y también fue planteada por el presidente regional, Francisco Álvarez-Cascos, en la apertura del año judicial. En lugar de estos juzgados, el Poder Judicial propone dejar una oficina para presentar escritos y denuncias, según indicó el magistrado Manuel Almenar, vocal territorial del CGPJ para Asturias, tras reunirse con Cascos, acompañado del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ignacio Vidau.

La actual planta judicial, formada por dieciocho partidos, «ha quedado completamente desfasada», señaló Almenar. Data de 1988, aunque reproduce con pocos cambios la de 1834. Almenar añadió que, «ahora, las distancias se miden en tiempos, no en kilómetros», lo que permite una concentración de juzgados. El objetivo es ofrecer «un servicio de calidad a un precio asumible», aseguró. El vocal añadió que, para llevar a cabo la concentración, el Consejo está buscando «criterios objetivos, que no dependan de la sensibilidad de cada pueblo». «No podemos aplicar la nueva oficina judicial con la actual demarcación», añadió.

Almenar comparó los juzgados únicos de algunos partidos con «las tiendecitas de los pueblecitos», un sistema que «fue necesario» pero que ha perdido su sentido. Y añadió: «Del mismo modo que no puede haber un hospital o una Universidad en cada sitio, tampoco puede haber un Juzgado en cada lugar». En cualquier caso, aunque se cerrasen juzgados, eso no implicaría el cierre de edificios, puesto que podrían «mantenerse oficinas de presentación de escritos». Almenar resumió lo que conllevará la nueva demarcación: «Puede haber cierre de juzgados, puede mantenerse abierta una oficina o pueden fundirse partidos judiciales, con una especialización de los juzgados».

No fue el único asunto tratado con Cascos. Almenar se refirió a los problemas de otras autonomías para establecer la nueva oficina judicial, concretamente el servicioo de ordenación del procedimiento. Estas disfunciones tienen «consecuencias colaterales como que la ocupación del nuevo Palacio de Justicia de Gijón haya de esperar hasta que se halle una solución», indicó. Vidau apostilló que el traslado a la nueva sede está previsto para septiembre del año que viene y que no se descarta una pequeña redistribución para adaptar el edificio a las exigencias de la nueva oficina judicial.

Uno de los puntos fue la necesaria unificación de los juzgados de Oviedo en una sola sede judicial. No hay proyectos concretos, indicó el magistrado, pero éste trasladó a Cascos la necesidad de que, «en un plazo que no debería exceder los dos años, los órganos judiciales de Oviedo tendrían que estar concentrados en un único Palacio de Justicia». Lo que no puede mantenerse, añadió, es «la actual indefinición», aunque también indicó que «el Consejo es sensible a las dificultades económicas». En cualquier caso, trasladó a Cascos la necesidad de «buscar soluciones ya para determinados órganos ubicados en edificios de viviendas», así como la necesidad de «buscar soluciones ya para la nueva ubicación del Palacio de Justicia de Oviedo».

Almenar indicó que, hasta finales de 2012, no se planteará la creación de nuevas plazas de juez en Asturias, debido a la situación económica y la falta de espacio físico. También señaló que el actual modelo de creación de juzgados, que conlleva la constitución de plazas de juez, secretario y un plantel de funcionarios, con un coste de entre 300.000 y 380.000 euros, «no puede prolongarse en el tiempo, ya que causa duplicidades no operativas y económicamente insostenibles». Por ello se buscarán fórmulas para crear plazas de jueces sin que paralelamente se establezcan nuevos juzgados, lo que obligaría a ampliar la plantilla de funcionarios.