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La Generalitat de Cataluña afirma que no hará nuevos recortes sociales en 2012 pero, para cumplir con las previsiones económicas de la UE, lo compensará con una rebaja del sueldo de los empleados públicos, venta de patrimonio, y un incremento de las tasas.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha anunciado una rebaja del sueldo de los funcionarios y empleados públicos en 2012: será el precio que hay que pagar para cumplir con las previsiones económicas de la UE sin emprender nuevos recortes sociales.
Tan sólo 48 horas después de las elecciones generales del pasado domingo, Mas ha aprovechado la reunión de hoy del Govern para hacer un inesperado anuncio: si Cataluña quiere hacer los "deberes", no hay más remedio que asumir nuevos "sacrificios" con un "ajuste duro", informa Efe.
A la rebaja en la partida de los sueldos públicos se sumarán otras medidas como la renuncia de los altos cargos a una paga extra, la venta de patrimonio y una nueva subida de las tasas universitarias, así como subirá el precio del transporte público y el recibo del agua. El Govern también introducirá una tasa por receta farmacéutica dispensada en la sanidad pública para "evitar abusos".
El Govern es consciente de que no se puede recortar más en sanidad, educación y servicios sociales porque se cruzarían "líneas rojas" que deteriorarían estas prestaciones públicas, ha señalado el presidente de la Generalitat, Artur Mas, en la rueda de prensa posterior al primer Consell Executiu tras las elecciones generales, informa Europa Press.
El conseller de Economia, Andreu Mas-Colell, ya advirtió este verano que los trabajadores de la administración autonómica �muy posiblemente� tendrían que trabajar más por un poco menos�. El Gobierno de Mas ya había congelado la contratación de personal público. El president de la Generalitat, Artur Mas, después aseguro que su intención era "congelar" el sueldo de los funcionarios de la Generalitat, pero no aplicar un nuevo recorte, aunque esto dependía de si la crisis económica se recrudecía o no, señaló el pasado mes de septiembre. En su programa electoral figuraba la promesa de despedir a entre 40.000 y 50.000 empleados públicos, entre cargos, personal y organismos públicos.
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