CSI●F JUSTICIA INFORMA
Discurso pronunciado por el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, en la inauguración del X Congreso Nacional de la Abogacía el 26 de octubre de 2011:
Se inicia aquí y ahora el X Congreso de la Abogacía Española. El primero se celebró en San Sebastián en el año 1.917. Es decir hace casi un siglo.
LA CONSTITUCION DE 1812
Pero hemos venido a Cádiz sobre todo porque ahora se conmemoran los 200 años de acontecimientos extraordinarios en esta preciosa ciudad, de entre los que destaca, claro está, la primera Constitución española. La castiza y cariñosamente denominada "Pepa". Pero, al margen de la obra maestra que fue y es la Constitución de Cádiz, hemos venido a Cádiz el 2011, sobre todo, para conmemorar y admirar el trabajo de aquellos trescientos diputados, una quinta parte de los cuales eran abogados, todos ellos con un gran amor a la patria a la libertad y al Derecho.
Casi nunca los grandes avances de la civilización mediante el Derecho se producen en momentos de prosperidad y bienestar. La Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776), la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1.789, o la Declaración de Derechos Humanos de 1948 se producen durante y tras durísimos momentos históricos de terror, dolor y muerte. La Constitución de Cádiz se elaboró también en una ciudad asediada por los franceses y en estado de guerra. Apenas habían pasado unos años de la aprobación de la Constitución más antigua, la de los Estados Unidos de América (1787) o de la francesa (1.791).
Cádiz era una ciudad moderna, cosmopolita y culta, con más de 60.000 habitantes (Zaragoza tenía 50.000 y Madrid 175.000). Atravesaba una situación en extremo difícil. Además de la guerra y del acoso francés, la ciudad recibió también la visita de la apocalíptica peste o epidemia amarilla que llegó a afectar a alguno de los diputados y que por fortuna fue atajada por las medidas sanitarias impuestas por las autoridades.
El esfuerzo de los diputados fue extraordinario y no sólo en la preparación y hasta la promulgación de la Constitución de 1.812 sino en la producción legal previa y posterior a ella, singularmente la Ley de supresión de la censura y la de la erradicación de la tortura, o la supresión de los privilegios señoriales y jurisdiccionales.
Aquellos sesenta abogados y otros juristas supieron interpretar con valor y coraje la voluntad de un pueblo que les otorgó su confianza para acabar definitivamente con el despotismo imperante para expandir las libertades entre aquellos que naturalmente ostentan la soberanía popular.
Se dice que la historia de la humanidad es sobre todo una secuencia de acciones para limitar y erradicar las decisiones arbitrarias mediante el imperio de la Ley. Lo expresaba muy bien la prensa gaditana de la época. "El Conciso", en su número 28 de septiembre de 1.810, proponía elaborar un "código de leyes que contenga el torrente de despotismo y forme costumbres puras y liberales".
Muchos pagaron demasiado caro el valor y la osadía de intentar liberar a España del despotismo arbitrario.
EL IV CONGRESO DE LA ABOGACIA DE LEON
Nada que ver con esta reunión congresual que se celebra también en Cádiz, en un Cádiz moderno, demócrata, culto, pacífico y placentero, acogedor y para siempre adalid de las libertades.
Aquellos integrantes de la Cortes de Cádiz en 1.811 tendrían más que ver con nuestros compañeros asistentes al IV Congreso celebrado en la ciudad de León en 1.970, en plena dictadura. Se diría que en situaciones de dificultad la abogacía española se crece y es capaz de las mejores producciones en justicia, derecho y libertades.
Nuestros compañeros asistentes al IV Congreso de León permanecerán para siempre en nuestra memoria individual y colectiva, como ejemplo de lo que, también hoy debe ser el espíritu de la Abogacía y de sus instituciones, en la defensa a ultranza de los derechos y libertades. Y para ello, tanto los diputados a Cortes de Cádiz en 1811 como los congresistas de 1.970 de León trabajaron sobre una base común: la adecuación del Derecho a las necesidades de la dignidad de las personas.
EL CONGRESO DE CADIZ
Sumidos en el espíritu de nuestros compañeros de 1811 y 1.970 iniciamos hace unos años una permanente evolución para acomodar la profesión y sus instituciones. Desde 1995, con total regularidad convocamos la celebración de nuestros Congresos cuatrienales, que ya no son como aquellos de 1917 en San Sebastián o el de Madrid de 1.932. Pero tampoco se parece mucho a los últimos celebrados en Salamanca o Zaragoza. Este es el primer Congreso que se transmite en tiempo real por Internet. No sólo a los más de 166.000 colegiados españoles y de cualquier lugar del mundo. También a los que no sean abogados y tengan curiosidad por nuestros trabajos y manifestaciones todos me están viendo y oyendo en este momento y pueden realizar cuantas aportaciones deseen. No existen ya barreras de ninguna clase para conocer con total transparencia nuestras actividades.
Al Congreso no venimos con un elenco de ponencias cerradas y defendidas desde puntos de vista estrictamente profesionales. Venimos a aprender y para ello hemos traído a los mejores juristas, a los más relevantes, y, por qué no decirlo a los más generosos. Desde el vicepresidente del Tribunal Constitucional al ministro de Justicia, a cuatro ex ministros de Justicia, magistrados, periodistas, usuarios y consumidores y hasta dos internos de centros penitenciarios. El Congreso se estructura en cuatro grandes áreas para hablar del ejercicio de la abogacía, de su función social, de los derechos humanos, del futuro, de las relaciones con la Justicia o con los medios de comunicación... Más de 90 extraordinarios ponentes hacen de Cádiz la capital de la Abogacía y de la Justicia.
LA CRISIS ECONOMICA
Venimos a Cádiz, además, en medio de una profunda crisis económica. Teóricamente no nos correspondería a los abogados hablar de las posibles soluciones a la crisis si no fuera porque sus efectos no sólo se están sintiendo en la economía de los despachos, sino porque sus víctimas son los sectores menos favorecidos, los últimos eslabones de la cadena.
Los que pierden la vivienda pero mantienen la deuda, los parados, los enfermos en dilatadas listas de espera, los extranjeros, los menores, los discapacitados, los enfermos, los mayores, los presos, las victimas de todo tipo, especialmente las de la violencia de género.
Ellos nos legitiman institucionalmente para pedir a los gobiernos soluciones, otras soluciones. Está en riesgo el crédito de las instituciones, pero también la quiebra de derechos fundamentales de las víctimas.
¿Por qué nadie detectó o, al menos, informó de la gravedad del problema?
¿Por qué si el desempleo es el mayor problema de la crisis no se establecen prioridades crediticias para la creación de empleo?
¿Por qué no se dispensa a los ciudadanos con problemas económicos el trato dispensado a Bancos y Financieras?
¿Por qué no nos dicen de una vez hasta qué agujero del cinturón debemos apretarlo para salir de esta dichosa crisis?
¿Por qué no se hacen públicas, de una vez, las identidades de quienes se esconden en los denominados "mercados"?
¿Por qué, hasta el momento, unos pocos obtienen beneficios obscenos, a costa de otros que carecen de casi todo?
¿Por qué se permite que directivos que han gestionado mal reciban compensaciones, sí compensaciones, millonarias por su mala gestión?
Verdad y coraje demandamos a los políticos que nos gobiernan y nos han de gobernar. Que no permitan los abusos y que repartan los cargos con justicia.
Esta crisis que nos atenaza ya desde hace cuatro años ha arruinado la vida de millones de personas y amenaza poner en peligro el Estado y el bienestar de todos. Pero no puede poner en mayor riesgo el estado de la justicia. La conquista del denominado bienestar merece un gran esfuerzo para que llegue a todo el mundo y eso solo será posible en un Estado de justicia. El Estado Social y de Derecho es responsable de la igualdad y ésta es tributaria de la justicia. Los excluidos no son solo los reconocidos y colectivamente afectados, sino todos aquellos que no pueden acceder al ejercicio de sus derechos por carecer de medios para asesorarse o litigar. Las conquistas sociales no son privilegios sino derechos.
Como acaba de decir el ex presidente de Brasil Lula da Silva, "los políticos deben pensar más en las próximas generaciones que en las próximas elecciones".
LA POLITICA
Este es un momento de crisis, y no solo económico. El Estado de Derecho se resiente a veces de violaciones de derechos fundamentales y de sus garantías como la intervención de las comunicaciones entre abogado y cliente, pero también estructuralmente.
La separación de poderes está perdiendo vigencia y al ciudadano apenas le cabe más derecho que depositar su voto cada cuatro años.
Hoy, cuando los políticos descalifican otras opciones, descalifican también a las masas de votantes que los designaron libremente. El primero de nuestros llamamientos severo seria a los que tienen responsabilidad política para que no fomenten el enfrentamiento, para que no aireen acusaciones desmedidas, para que no impongan restricciones a las restantes opciones políticas. Los ciudadanos pueden entender algún exceso en periodos electorales, pero aborrecen la permanente obstrucción vestida de oposición y, por descontado, la descalificación permanente del contrario.
LA JUSTICIA
¿Qué diría yo de la Justicia que no enoje a mis jueces y magistrados? Pero me resulta muy difícil dulcificar lo profundamente amargo del problema. Y me es imposible callar. Del gobierno de los Jueces ya se ha dicho bastante y eso que he de reconocer que el actual C.G.P.J, ha sido más receptivo que cualquier otro a la defensa de la defensa y al CGAE.
Claro que hay cosas buenas en la Justicia española. Nadie discute la preparación, honradez, dedicación y hasta la austeridad de nuestros jueces.
Pero echamos en falta mayor activismo y compromiso más autocrítica y crítica.
Continuaremos respaldando incondicionalmente a los jueces y a sus órganos de gobierno en la tarea de defender su competencia, imparcialidad e independencia pero con absoluta lealtad les diremos en cada momento lo que pensamos y, lo que es más importante, lo que opinan los ciudadanos de su trabajo y comportamiento.
BUENAS PRÁCTICAS
Estamos siempre dispuestos a mejorar conjuntamente con jueces, fiscales y secretarios. A hacer la Administración de Justicia más accesible, con un leguaje inteligible. A continuar demandando mayores recursos económicos en Justicia. Es cierto que se viene haciendo un gran esfuerzo económico. Proporcionalmente el mayor de la historia. Pero hay que recordar que durante décadas la Administración de Justicia quedó desenganchada de los procesos modernizadores del Estado, en vía muerta, ajena al ritmo del cambio político y social. Se ha parcheado muchísimas veces su estructura, pero el sistema para la administración de la Justicia no consigue coger el paso de la sociedad a la que sirve. Y leyes tan vitales para impartir justicia como la de Enjuiciamiento Criminal (1882) o el Código Civil (1889), pensados para la sociedad del siglo XIX, siguen vigentes en pleno siglo XXI.
En definitiva, el servicio público de Justicia no ha funcionado ni a satisfacción de sus destinatarios, los ciudadanos, ni de los profesionales que en ella actuamos.
Es un clamor social afrontar de una vez por todas reformas radicales en nuestra Administración de Justicia para racionalizar los marcos de actuación institucional, acabar con la descoordinación competencial y el caos informático y ganar eficiencia, sobre todo en aquellos asuntos que más preocupan y afectan a los ciudadanos de a pie.
Conseguir que la Justicia funcione adecuadamente, de forma ágil, fundada, previsible y neutral es, hoy más que nunca, necesidad del Estado de Derecho y factor imprescindible en el desarrollo económico, necesitado más que nunca de seguridad jurídica.
Tendríamos que desechar para siempre el viejo tópico de que existe interés en que la Justicia no funciona.
Derribar esos tópicos es tarea de todos. De los políticos que miran más el relumbrar en el corto plazo que la callada realización de los valores democráticos. De los responsables de la Justicia: Jueces, Fiscales y Abogados, principalmente, pero también Procuradores, Secretarios, Peritos, Graduados Sociales y funcionarios al servicio de la Justicia.
Entre todos, hay que regenerar la Justicia en España con imaginación, utilizando y aun apurando las nuevas tecnologías que facilitan la eficiencia, la eficacia, la transparencia y la objetividad.
Pedimos a los partidos que en sus programas electorales otorguen a la Justicia el lugar que ésta merece y exige para que deje de ser la cenicienta del Estado de Bienestar.
Reclamamos que cese la colonización partidista de las instituciones de la Administración de Justicia.
Reivindicamos la presencia activa de la Abogacía en todo lo que afecta a la reforma de la Justicia.
En los últimos años he venido reivindicando un Pacto de Estado por la Justicia. Pensándolo bien, teniendo en cuenta la debilidad histórica de estos pactos, lo único realmente necesario es la voluntad política de los partidos y la decidida participación de las gentes del Derecho en la gestación de una nueva cultura de Justicia, valor superior del Ordenamiento Jurídico que responda a las demandas sociales, sin mutilaciones de derechos y sin penalización por acudir a recibir Justicia.
COMPROMISO
La preocupación por lo que sucede en nuestra Justicia, en nuestro país o en otros cercanos, como los del Norte de África y Oriente Medio, la lucha por las libertades, nos debe hacer renovar nuestro compromiso histórico en cada momento conjuntamente con quienes están llamados a impartir la justicia.
Los principios del Estado de Derecho sufren tensiones, dificultades y acechanzas derivadas de los avances científicos, técnicos y sociales. También económicos. La tentación de los poderes públicos de regular en exceso anula en muchas ocasiones el progreso económico, científico y tecnológico y hasta los espacios de formación y difusión de la cultura.
A pesar de los numerosos avances de todo tipo todavía no podemos hablar de una justicia europea más allá del propio Tribunal de la Unión Europea. Sin embargo sí podemos hablar de una abogacía europea comprometida. Ningún juez español puede ir a desarrollar su cometido en un país europeo y sin embargo cualquier abogado español hoy mismo puede ponerse en contacto o no con un cliente, dentro de la Unión Europea y asistirle jurídicamente en un contrato, en la preparación de una declaración o en la defensa o simplemente en el asesoramiento jurídico. Tenemos que mejorar en idiomas, en especialidades internacionales.
DE QUE VAMOS A HABLAR EN EL X CONGRESO
De lo que preocupa a la sociedad, de los derechos de los ciudadanos. Vamos a hablar, sobre todo de Abogacía y del Derecho de Defensa, pero también de la Justicia, cómo no, de la crisis y en general de cuanto tiene que ver con el derecho y con la centralidad de la persona humana.
JUSTICIA GRATUITA
Es hora de decir: ya basta. La Ley 1/1.996 impone a las Administraciones públicas, la obligación de remunerar dignamente a los abogados que prestan el servicio de justicia gratuita. Somos conscientes de la crisis pero estamos en un constante y flagrante incumplimiento de la Ley. Las retribuciones que perciben nuestros compañeros no son dignas y lo denunciamos porque es contrario a la ley y por tanto completamente injusto no sin añadir que no es una cuestión solo de impago sino también de falta de reconocimiento y desconsideración hacia profesionales todos ellos especializados en la materia, que prestan, tantas veces desinteresadamente un servicio impagable a la sociedad a la que sirven. En buena parte del territorio español no se han actualizado los baremos desde el año 2003. No es justo. Como tampoco lo es el permanente retraso en los pagos.
La Abogacía española ha desarrollado sus mejores esfuerzos para solucionar los aparentes problemas económicos en el turno de oficio, incluso mediante la creación a costa del propio Consejo de una aplicación informática que permite tramitar las solicitudes a través de un expediente digital que ahorra tiempo al ciudadano, reduce la burocracia, garantiza la transparencia y agiliza todo el proceso, evitando el fraude. Lo que antes costaba cuarenta o cincuenta días se puede hacer en tres o en cinco. El sistema es absolutamente transparente y acaba de ser distinguido por el Ministerio de Justicia como una "buena práctica" de la Justicia.
Igual que hemos puesto en marcha este sistema, financiado por los abogados, estamos dispuestos a buscar soluciones imaginativas para garantizar la máxima eficacia del actual modelo de justicia gratuita, el mejor del mundo, el más eficiente y el más justo. El turno de oficio es voluntario para los abogados, más de 36.000, que trabajan 24 horas al día 365 días al año, pero también la última esperanza de la Justicia para cientos de miles de ciudadanos, los más desfavorecidos, los perdedores de la crisis. Si les quitamos o reducimos su derecho a la defensa, ¿qué quedará del Estado social y democrático de Derecho?
DERECHO DE DEFENSA
Otro de los grandes asuntos es la regulación legal del derecho de defensa. La Abogacía está comprometida, desde siempre, con la tarea de crear, afirmar y preservar el derecho de defensa que no es una formulación utópica sino que se materializa día a día en la mejor de las justicias al alcance de los hombres. No son pocas las amenazas al derecho de defensa.
En la defensa de la defensa no queremos ni podemos ser neutrales y buscamos, a través del derecho y de la política institucional, el respeto y aplicación de las múltiples garantías que al ciudadano reconoce el Estado de Derecho, denunciando públicamente violaciones como la intervención de las comunicaciones.
El anteproyecto de LECrim y la Ley orgánica que regula el estatuto del investigado ya no serán viables en esta legislatura.
Pero no dejaremos de realizar el legítimo lobby institucional para hacer oír nuestras opiniones en éste y en todos los proyectos de ley que nos afectan a nosotros, a nuestros clientes, o a los ciudadanos en general.
Desde este magnífico Cádiz de 2011 la Abogacía Española organiza su Congreso para aprender de los que más saben y lanzar al mundo sus mensajes de democracia, libertad en paz y justicia, con voluntad de seguir realizando el derecho, siempre incompleto, enterrando para siempre los regímenes e imposiciones autoritarias.
También vamos a hablar de política, especialmente de la política que afecta o cercena derechos y libertades de las personas, denunciando situaciones que debilitan los derechos y la convivencia democrática.
Pero queremos que éste Congreso sea también un canto a la esperanza, a la salida de la crisis, al esfuerzo colectivo. Vamos a trabajar por una sociedad más justa, por un Estado al servicio de los ciudadanos. Se necesita el esfuerzo de todos y la Abogacía quiere estar en primera línea. Podemos salir. Vamos a salir.
En plena crisis, las abogadas y los abogados están sacando adelante sus bufetes, con dificultades, como todos, y con mucho esfuerzo. En esta situación están manteniendo incluso los puestos de trabajo. Sin duda vamos a resistir y a reforzarnos para la salida de la crisis. Institucionalmente también hemos venido haciendo esfuerzos, congelando las cuotas del CGAE desde hace cuatro años. Y, a pesar de eso, hemos invertido y vamos a seguir invirtiendo en formación, en nuevas tecnologías y en acciones ante las instituciones públicas.
La ley de acceso y su reglamento entraran en vigor el lunes próximo. Vamos a equiparar la formación de los abogados a las de los mejores juristas, porque en el curso de acceso vamos a inyectarles el gusto por la concordia, el derecho y la justicia. Los estudiantes de hoy serán mejores abogados mañana. Y garantizaremos así a la ciudadanía una defensa de la máxima calidad que propiciara además, la mejor administración de justicia.
Con el coraje de aquellos compañeros que hace 200 años se encerraron primero en la isla de León y luego en Cádiz,
Con el valor que exhibieron los abogados asistentes al Congreso de León en 1.970 aunque sin el riesgo vital que padecieron,
Sin más armas que el derecho y la palabra y con la colaboración de nuestros invitados, en plena libertad, en este X Congreso en Cádiz vamos a hacer un poco más posible la Justicia.
La Abogacía es, también, un arma cargada de futuro
Muchas gracias.
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