Renueva a los coordinadores de la oficina judicial a cinco días del 20-N
El ministro de Justicia saliente, Francisco Caamaño, está decidido a dejar su huella en el desarrollo de la oficina judicial que corresponde dirigir al próximo Gobierno que, según apuntan todos los sondeos, será del Partido Popular. En el límite del tiempo disponible, y a apenas cinco días de las elecciones generales, el secretario de Estado, Juan Carlos Campo, firmará hoy por delegación del ministro la orden ministerial para el nombramiento de 18 directivos del departamento. La designación en el cargo es para los próximos cinco años.
En medios políticos y judiciales se considera «desafortunada» la actuación del titular de Justicia, pues la renovación en bloque de los secretarios coordinadores provinciales no puede hacerse en las postrimerías de la legislatura, explican, «aunque sólo sea por respeto institucional al Gobierno entrante». El próximo titular de Justicia, indican, tiene dos opciones: «O acepta los nombramientos o acuerda el cese de los recién nombrados, con el problema que tal decisión generaría». Del total de 50 coordinadores repartidos por el territorio nacional, una treintena fueron renovados a principios de septiembre y el resto, esta semana.
Estos profesionales, cuyo nombramiento es discrecional, juegan un papel decisivo en el desarrollo de la implantación de la nueva oficina judicial, que Caamaño ha querido impulsar a marchas forzadas durante su mandato. A principios de año, el Consejo General del Poder Judicial forzó al ministro a dejar en suspenso la puesta en marcha de la tercera fase del proyecto para poder hacer una evaluación de los problemas que habían ido surgiendo y darles solución antes de seguir avanzando en la implantación de la oficina judicial.
Ahora, las prisas se producen para dejarle «resueltos» los nombramientos al Gobierno que gane el 20-N. La mayoría de los secretarios coordinadores, que fueron nombrados por primera vez hace cinco años, han sido renovados en sus puestos; sin embargo, en algunas provincias clave, donde ya ha echado a andar la oficina judicial, han sido nombrados miembros de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, afín al Gobierno socialista. Es el caso de Burgos, Murcia o Ciudad Real.
Valencia, otra de las plazas clave, constituye un caso aparte, pues se ha quedado fuera de la convocatoria. Su renovación, por tanto, quedará pendiente. Curiosamente, el coordinador es Rafael Lara, presidente del Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, muy crítico con Caamaño. No será este ministro quien le reelija; se lo deja al PP, «lo que supondrá un plus de politización del cargo», avisan.
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