En este caso, la denuncia se ha formalizado ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por los problemas con el agua corriente en los juzgados de Ocaña
El sindicato de funcionarios CSI.F ha vuelto a denunciar la «lamentable» situación en que se encuentran las sedes de los juzgados de la provincia de Toledo. En concreto, la denuncia se ha formalizado ante la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dirigida contra el Ministerio de Justicia para alertar, en este caso por segunda vez, de los problemas en los juzgados de Ocaña, «que padecen la falta reiterada y vergonzante de agua corriente en los baños».
Es tal el problema, indicó el responsable de Justicia del sindicato, José Vicente Martínez, a La Tribuna, que los funcionarios se ven obligados a hacer sus necesidades en la oficina del INEM que está al lado o en un bar. Igualmente, se quejó de que quienes acuden como particulares a un juicio se ven obligados igualmente a tener que salir fuera para ir al baño si la cita se demora más de lo previsto.
La incidencia es aún más grave si se tiene en cuenta que ya el 29 de diciembre del pasado ejercicio se denunció una situación similar también por el estado de los juzgados de Ocaña y lo único que se ha hecho hasta el momento, dijo Martínez, se poner una cinta para evitar que trabajadores y usuarios pasen por el patio central por el riesgo de desprendimiento de la cornisa del edificio.
Desde el sector de Justicia del sindicato se han contabilizado un total de seis denuncias en los últimos diez meses, contra los juzgados de Orgaz, el juzgado de Paz de Madridejos, los juzgados dos y tres de Torrijos, el Instituto de Medicina Legal y la Audiencia Provincial, además de la relativa a los juzgados de Ocaña.
En todos los casos, las imputaciones reclamadas por el sindicato tienen que ver con carencias en la estructura, «deficiencias evidentes que ponen en peligro la seguridad de los trabajadores, y situaciones evidentes de falta de bienestar o privación de derechos de los funcionarios judiciales. En todos los casos, CSI.F ha recurrido a la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Toledo», porque recurrir directamente a la Administración central, de quien dependen las competencias, es poco menos que hacer un viaje en balde, según Martínez.
Tal y como indica CSI.F, hasta el momento, la interposición de las denuncias se ha resuelto favorablemente en Orgaz y Madridejos, donde la Administración se ha concedido un plazo para efectuar las mejoras necesarias que caduca el 31 de diciembre. A este respecto, el sindicalista criticó que dicho plazo se va a cumplir y las mejoras no ha llegado. En Orgaz, por ejemplo, donde se detectaron hasta 12 situaciones de riesgo de gravedad para los trabajadores, apenas, señaló, se han cambiado algunas baldosas, cuando las obras tendrían que suponer mejoras en las paredes -cuentan con problemas de humedad-, etc., cuestiones que no darán tiempo a ejecutar hasta finales de año.
En cualquier caso, desde el sindicato se ha recibido con satisfacción la resolución de las denuncias previas, y esperan que las restantes sean de la misma condición, «pues no resulta de recibo que un Ministerio permita entornos judiciales tercermundistas y peligrosos para el conjunto de los ciudadanos y para sus empleados públicos, que ya soportan la acumulación de tareas y la extrema lentitud de los procedimientos, para que además aguanten lamentables condiciones de trabajo.
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