Spínola afirma, no obstante, que "no hay restricción para jueces y fiscales para que puedan disponer de sus despachos fuera de ese horario".
El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha defendido este martes el recorte en el horario de los juzgados por el ahorro económico que permite.
Así, cuestionado por el diputado del PP Emilio Moreno sobre si se han modificado los horarios de acceso y permanencia de los operadores jurídicos en los edificios judiciales, Spínola aclaró que "las medidas que ha adoptado el Gobierno son consecuencia de ahorro de costes y gastos, reduciéndose el coste de vigilancia y seguridad en un 20%; limitando su horario de 07.30 a 17.00 horas".
Moreno aseguró que "existe oposición a estas limitaciones entre el personal". Según el diputado popular, las leyes establecen "sin ambages que las horas hábiles son de 08.00 a 20.00". Además, criticó que se pretenda "limitar el uso de los ordenadores por parte de jueces o otros operadores jurídicos para que sean ellos los que se hagan cargo de los gastos como luz o teléfono". "Jueces y magistrados desempeñan un poder del Estado, no solamente son los prestadores de un servicio público", añadió.
Por su parte, Spínola quiso dejar claro que "no hay ningún tipo de restricción para jueces, fiscales y secretarios para que puedan disponer de sus despachos fuera del uso de ese horario que se ha establecido". Así, según el consejero, "no se va a ver perturbado el trabajo de jueces, fiscales y secretarios".
Guagua para ahorrar
Por otro lado, la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias seguirá permitiendo que los agentes judiciales entreguen comunicaciones (como notificaciones, requerimientos, citaciones y emplazamientos) en taxi, aunque priorizará el uso de la guagua para ahorrar.
El consejero Francisco Hernández Spínola anunció este martes en el Parlamento de Canarias que el ahorro es el propósito de la medida adoptada por su departamento.
Spínola respondía a una pregunta del diputado del PP Emilio Moreno que, en la Comisón de Gobernación, Justicia y Desarrollo Autonómico, advirtió del "alarmismo" que se ha provocado en los funcionarios judiciales con esta medida.
Según recordó Moreno, "el artículo 118 de la Constitución Española obliga a la Consejería a arbitrar todos los mecanismos útiles para cumplir la labor de los funcionarios". Sin embargo, considera que con esta medida los plazos de 3 días que marca la ley para entregar las comunicaciones "pueden ser vulnerados, ralentizando el servicio si se produce la supresión de otros recursos, como el taxi".
Aunque coincidió con que "en ocasiones debe reducirse el gasto de los medios que se ponen a disposición de la Administración de Justicia", planteó que "no debe eliminarse el uso de otros medios". Además, la guagua, "no produce un adecuado transporte cuando la documentación a entregar es una demanda voluminosa", consideró Moreno.
Por su parte, Spínola aseguró que "los servicios de notificaciones funcionan". Además, anunció que "se va a cumplir la ley en ese plazo de tres días". "Los recursos públicos hay que utilizarlos correctamente, el uso del transporte colectivo terrestre debe realizarse con carácter general", añadió el consejero.
No obstante, quiso dejar claro que "no está excluido el taxi". "Éste se utilizará cuando se trate de una dirigencia urgente o cuando las líneas regulares de guaguas no lleguen a una zona determinada", explicó.
La medida no es del nuevo equipo, que sin embargo la asume, ya que "en 2010, la Consejería de Presidencia dictó una instrucción que dejó muy claro este asunto que dice que se contratará en casos urgentes o a direcciones donde no existan líneas de guagua o frecuencias corrientes".
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