De Ángel Puerta (el 04/08/2011 a las 20:18:17, en Impertinencias, 303 Visitas)
Ya estamos de nuevo a vueltas con las autonomías, tras sugerir algunas comunidades del PP la devolución o el rechazo de competencias por falta de dinero. Es puro calentón de verano, pero como teoría para el debate da cierto juego. No hicieron más que pronunciarse y de inmediato salieron los socialistas a dar la réplica en esta cantinela permanentemente desafinada. Veamos la partitura. Para empezar y según publica ABC, prestigiosos juristas sostienen que la Constitución no prevé devoluciones, pero tampoco las impide, de modo que todo sería cuestión de modificar estatutos. Tarea casi imposible, entre otras razones porque sería necesario que las hipotéticas modificaciones estatutarias se hicieran por consenso y, en estos momentos, los consensos entre los dos principales partidos, PP y PSOE, parecen inviables, primero, porque se odian a muerte y, segundo, porque se tendrían que tragar muchos sapos y muchos tópicos. Sería inviable, además, porque renunciar a competencias supone renunciar a muchos cargos para "colocar" a compañeros del partido correspondiente, y eso cuesta. En cualquier caso, por mucho que se empeñen los que ponen las etiquetas, esta no es cuestión de izquierdas o derechas. Por ejemplo, el consejero de Hacienda y Administración Pública de la Generalitat valenciana, el popular de centro-derecha José Manuel Vela, censuraba la tendencia a "demonizar" a las comunidades autónomas como responsables del déficit de España. Viene a coincidir con diferentes dirigentes socialistas, como el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, que, además, destaca que el modelo autonómico ha sido un éxito y que con este modelo "España ha creado más empleo que nunca y ha crecido más que nunca". Tampoco hay que exagerar, que buena parte de nuestro desarrollo se lo debemos a la UE, pero ahí los tenemos: los dos autonomistas, de izquierda y de derecha, y con su parte de razón. Lo mismo que quienes plantean, al menos de boquilla, la devolución de competencias. Esto de las autonomías es cuestión de dinero y si el Estado no les da lo suficiente para gestionar los servicios transferidos, pues no parece tan descabellado que se planteen devolver esa gestión al Gobierno central. Y tampoco esto es de izquierda o de derecha. Por ejemplo, el presidente de la comisión de Justicia del Congreso, el socialista Álvaro Cuesta, considera el planteamiento de los populares como "una auténtica algarada populista de corte electoral". Puede que sí, pero en cualquier caso sería tan "algarada", tan "populista" y tan "electoral" como cuando la Junta de Extremadura, entonces en manos del PSOE, sugería la devolución de Sanidad o cuando, la pasada legislatura, la de Castilla-La Mancha, entonces también en manos del PSOE, advertía de que renunciaría a aplicar la ley de Dependencia y que devolvería sus competencias al Gobierno central si no recibía una mayor dotación económica para aplicarla. O sea, que no vale enarbolar "algaradas" y "populismos" a medida, porque, como se ve, hay para todos los gustos.
La teoría va de ver si los servicios básicos, son mejores o peores en función de que los preste la Administración central o una autonómica. Y eso no está tan claro. Por ejemplo, la Sanidad, trasferida a las autonomías, funciona razonablemente bien, pero ¿a qué coste? Lo que es innegable es que la deuda sanitaria es bastante preocupante y que es una de las partidas que trae de cabeza a todas las autonomías, de izquierdas o de derechas, nacionalistas o no nacionalistas, e informes serios sostienen que el Sistema Nacional de Salud (SNS) necesita una reordenación de las competencias que actualmente tienen el Gobierno central y las comunidades, así como una mayor coordinación en materia legislativa para buscar un nuevo modelo de gestión de la salud. Luego algo falla. La Administración de Justicia, sin embargo, sólo está transferida a once comunidades. ¿Alguien puede asegurar que la Justicia funciona mejor en esas comunidades que en las seis que aún no han asumido esas competencias? El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, afirma que "la aportación de las comunidades autónomas a la Administración de Justicia ha permitido un acercamiento a la ciudadanía y una mejora del servicio público". Por contra, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, afirma que esta transferencia a las comunidades autónomas "ha producido muchas disfunciones porque cada una de ellas tiene un sistema de gestión procesal distinto e incompatible con el de otra comunidad y con los del Ministerio". ¿En qué quedamos, ha sido un éxito o una chapuza? Los datos del CIS tampoco parecen dar soporte al triunfalismo del Secretario de Estado. En Educación, también transferida, seremos todo lo buenos que diga el ministro, pero los indicadores internacionales nos colocan a en los puestos de cola de las listas europeas. De modo, que tampoco el panorama da para tanto entusiasmo autonomista como se empeñan algunos. Así que tampoco estaría de más –es pura teoría- que los políticos se dejaran de "algaradas" de conveniencia y por una vez se centraran en los intereses del ciudadano, o sea, en evaluar lo que sale más barato dentro de una relación calidad-precio, porque todo eso cuesta mucho dinero y quienes lo pagan siempre son los contribuyentes. Y buena parte de ellos lo que quiere es que le opere un buen médico y le enseñe un buen maestro lo más cerca de casa y en las mejores condiciones posibles. Que las nóminas y las facturas las firme un ministro o un consejero, le importa un rábano. Al fin y al cabo, los cuartos salen del mismo sitio, de su bolsillo. Es de sentido común, o sea, pura teoría.
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