La carta secreta que Europa envió al Gobierno va más allá de una mera petición urgente para limitar el déficit en la Constitución. A escasos tres meses de que se celebren las generales, el Ejecutivo se ha visto abocado a poner patas arriba la legislación laboral.
La amenaza de que Bruselas no comprará más deuda nacional, si no constata reformas ambiciosas, ha metido al país en una senda de cambios improvisados. El último: el Gobierno quiere promover el contrato de formación para que las empresas lo usen a su discreción. Es decir, sin limitar por ley, como ocurre ahora, el cupo máximo de aprendices que puede haber en la plantilla.
Esta píldora, que no ha tardado en encencer los ánimos de los sindicatos, está recogida en el borrador del decreto ley que hoy estudiará el Consejo de Ministros. Lejos de parecer inocua, la medida supone directamente borrar de un plumazo el artículo 11.8 del Estatuto de los Trabajadores ("que queda derogado", apuntala el texto ).
El Gobierno justifica esta repentina decisión por la necesidad de sacar de las listas del paro a los jóvenes, con un nivel de desempleo (46%) que supera al de la media nacional. Y a problemas drásticos, soluciones a la altura: a partir de ahora, no habrá cortapisas para hacer contratos de formación (el único requisito, como detalla el texto, es que se realice a personas de entre 16 y 30 años que carecen de la cualificación certificada para el puesto).
En el marco ahora vigente, la figura del aprendiz está limitada. Las grandes empresas (las de más de 500 trabajadores), pueden tener hasta un máximo del 4% de la plantilla –o 30 contratos– bajo esta modalidad. A las empresas que cuentan con entre 251 y 500 trabajadores se les permite destinar el 6% de sus puestos –o 20 contratos– a ayudantes en formación, mientras las que tienen entre 101 y 250 efectivos se les permite reservar el 8% de la plantilla –o 10 contratos–. La horquilla va variando hasta llegar a las pymes: con cinco trabajadores en plantilla se puede fichar a un aprendiz.
"Estamos ante una situación inasumible", admite el Gobierno, que repara en la necesidad de dar formación y trabajo al 60% de los menores de 25 que no tienen graduado escolar (según el INE, suman cerca de 900.000 personas).
El Gobierno defiende que las personas que prolonguen hasta tres años su contrato formativo y lo combinen con ciertas clases reciban "el título de Educación Secundaria Obligatoria".
Ante la falta de apoyo social, vía libre al decretazo
La ronda de reformas que está lanzando el Ejecutivo empiezan con mal pie. Los agentes sociales están en contra de las nuevas medidas laborales. Los sindicatos dicen que son abusivas –además del contrato de formación, el Ejecutivo ha propuesto eliminar el tope legal para encadenar contratos temporales, actualmente en dos años–, mientras que la patronal se siente decepcionada porque no figura por ninguna parte el contrato a tiempo parcial, que permitiría a las empresas redistribuir la jornada del trabajador.
Ayer unos y otros manifestaron su descontento. Con la aprobación del real decreto de hoy, será la cuarta vez que el Ejecutivo tenga que gobernar de espaldas a los agentes sociales. Ni la reforma laboral, ni la de las pensiones (con la famosa subida de la edad de retiro a los 67) ni la negociación colectiva dieron frutos
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