El Gobierno de Zapatero únicamente deja sentadas las bases de la reforma
Julio Á. Fariñas REDACCIÓN / LA VOZ 18/7/2011
Uno de los principales compromisos de Rodríguez Zapatero en el discurso de investidura de su segundo mandato, en abril del 2008, fue la modernización de la Administración de Justicia. Pero el hombre sobre el que pilotaba la responsabilidad de hacer realidad ese compromiso, Mariano Fernández Bermejo, que se había hecho cargo de la cartera ministerial un año antes, en sustitución de Juan Fernando López Aguilar, no era la persona más adecuada, por su talante bronco y poco dialogante.
El cambio, en realidad, empezó en febrero del año siguiente (2009) con la llegada de Francisco Caamaño al antiguo palacio de la marquesa de Sonara, en la madrileña calle San Bernardo, sede del Ministerio de Justicia.
Con este gallego de la Costa da Morte que hasta entonces había sido secretario de Estado de Relaciones con las Cortes -donde se había fajado como negociador de estatutos de autonomía y cuyo talante dialogante le reconocen sus rivales políticos, incluido Federico Trillo, el interlocutor de los populares en materia de Justicia- echó a andar la reforma. Una de sus primeras iniciativas fue la puesta en marcha de la nueva Oficina Judicial, aprobada por ley desde diciembre del 2003, pero sobre la que estaba todo por hacer.
Al año de llegar al ministerio, Caamaño y su equipo ya habían logrado elaborar y aprobar un plan estratégico de modernización a desarrollar en tres años. En octubre del 2009 sacó adelante en el Congreso un paquete de reformas de la legislación procesal que eran imprescindibles para la aplicación del nuevo modelo. Eso sí, a cambio de concesiones como la introducción de importantes restricciones en la utilización de la jurisdicción universal por los tribunales españoles, concretamente la Audiencia Nacional.
Pero la modernización de la Justicia, además de diálogo, necesitaba dinero. Y alguno llegó, aunque no todo el necesario, especialmente desde que se tomó conciencia de las dimensiones de la crisis económica.
Descrédito
Desde el 2004 las partidas presupuestarias destinadas a la Justicia han registrado un incremento anual sostenido del 10 %. Pero la situación de deterioro de la Administración de Justicia era tal que en el último barómetro del CIS casi el 50 % de los encuestados decían que la Justicia en España funciona mal o muy mal y más del 75 % que marcha igual o peor que en los últimos tres o cuatro años.
Todos los operadores judiciales coinciden en que el problema radica en la falta de recursos humanos y materiales para hacer frente a la avalancha de asuntos (más de 9,5 millones en el 2010) que llegan a los tribunales. El incremento del 30 % de la plantilla de jueces y en un porcentaje significativo de la de fiscales y secretarios judiciales, así como las reformas judiciales en proceso, aún no se han plasmado en resultados tangibles.
Todas las partes implicadas en la resolución del problema -Administraciones, y operadores judiciales y políticos- coinciden en una cosa: se ha empezado a andar, pero aún queda mucho camino por hacer.
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