Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza
El juez Decano de Zaragoza hace una radiografía de la Justicia aragonesa, con sus problemas, necesidades y mayores retos de futuro. El buen funcionamiento del sistema pasa por una independencia económica de la Justicia que le permita una mayor autonomía.
—En estos momentos, ¿cuál es la situación de la Justicia aragonesa?
—El volumen de trabajo es muchísimo en todos los juzgados, pero la saturación se da sobre todo en la jurisdicción de lo Mercantil, donde se están recibiendo un triple de asuntos más en concursos de lo que es habitual. La crisis es la razón principal. Creíamos que esto iba disminuyendo, pero en cambio, en el 2011, hemos vuelto a repuntar con los concursos de acreedores. Además de lo Mercantil, las jurisdicciones donde más se está notando la carga de trabajo es en lo Social, con los despidos, sobre todo, que también se han incrementado; los impagos, toda la jurisdicción Civil está con muchísimo nivel de trabajo; y en Familia por las revisiones, en el último año, de las custodias compartidas.
—¿Qué medidas hay que tomar para aliviar esta situación?
—En estos momentos nosotros tenemos necesidad de un juzgado de lo mercantil de forma imperiosa, el número cuatro de familia lo mismo, y luego haría hincapié en el social número ocho, y en el contencioso número seis. Eso por lo que respecta a Zaragoza. Y en el caso de que no se creasen por parte del Ministerio de Justicia esos juzgados, con el personal y los medios correspondientes, haríamos hincapié en la figura de los jueces de inscripción territorial, que ya no dependen solo de la propia Consejería de Justicia, sino del Ministerio de Justicia y del Consejo General del Poder Judicial.
—¿En qué consiste esta figura, la de jueces de adscripción territorial?
—Se trata de jueces ya profesionales, de carrera, que vienen a cubrir en un territorio —como puede ser el Tribunal Superior de Justicia de Aragón— determinadas plazas, como bajas de larga duración o bien refuerzos en aquellas jurisdicciones donde puntualmente —para seis o nueve meses— necesitamos poner un juez de apoyo. Entonces, si no tenemos creación de nuevos juzgados, pero nos mandasen cinco o seis jueces de adscripción territorial para todo Aragón y los pudiésemos distribuir entre las tres provincias, desde la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón podríamos repartirlos dónde fueran más necesarios.
—Ante la falta de personal, ¿la redistribución de efectivos es una solución?
—Es necesario establecer una nueva relación de puestos de trabajo, en función de la nueva Oficina Judicial, para dimensionar las plantillas. Hay juzgados en los que el refuerzo de la plantilla es una necesidad imperiosa, mientras que en otros se podrían disminuir. Lo que no es razonable es que unos funcionarios vivan mejor que otros. Hay que distribuir el trabajo y sabemos que hay ciertos funcionarios que por sus puestos específicos viven notablemente mejor que otros que están muy agobiados por la carga de trabajo que soportan.
—Además, los sistemas informáticos tampoco ayudan a dar una mayor agilidad...
—Los fallos informáticos son de distinta naturaleza y condición. Tenemos problemas en muchas ocasiones con el Minerva, que es la aplicación informática con la que todos los juzgados trabajan para que salga el trámite procesal. En ocasiones, o bien se cuelga o no da la gestión correspondiente. También tenemos problemas con el sistema de grabación de vistas orales. Si no se graba o se graba mal eso conlleva la repetición del juicio, con todos los gastos que eso ocasiona. El sistema de videoconferencias también falla, sobre todo si son simultáneas; el sistema de notificaciones no funciona en ocasiones, provocando un retraso importante o la vuelta a la notificación en papel.
—¿Tienen los jueces la sensación de que como la Justicia no tiene rédito político pasa a un segundo plano?
—Somos conscientes de que eso es así, pero sobre todo a la clase política no les interesa que funcione adecuadamente la Justicia ni la independencia del poder judicial, porque al fin y al cabo es un órgano de control de la clase política a través de los procedimientos. En muchas ocasiones si no nos dan los medios, los jueces no pueden hacer un trabajo adecuado en todas las jurisdicciones. Por ejemplo en lo penal. Si nosotros tenemos que hacer una gran investigación en un procedimiento de prevaricación administrativa o en algún tipo de cohecho y no nos dan los medios adecuados para que eso funcione, pues una forma de limitar la independencia de los jueces y, por lo tanto, el Estado social, democrático y de derecho viene por esa vía.
—¿Qué herramienta tienen los jueces para acabar con esta situación?
—Todo pasa por la independencia económica, no solo de salarios, sino para conseguir los medios y el personal para hacer una Justicia adecuada. Lograr esta independencia económica es algo muy complicado, pero nosotros estamos haciendo hincapié, a nivel de reivindicaciones, que sería muy interesante que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) tuviese un presupuesto propio, con el que nutriese de dinero, por ejemplo, al salario de los jueces. Si se diera esta independencia presupuestaria, el CGPJ sería el responsable de nutrir adecuadamente a los jueces y al buen funcionamiento del sistema. Si eso no así, estamos dependiendo del Ministerio de Justicia y, por tanto, del Gobierno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario