Los responsables de Justicia del nuevo Gobierno de Aragón deberán afrontar, como principales retos, un escollo logístico y un problema técnico, además de resolver un asunto filosófico con notables repercusiones laborales. La gestión de los salientes --o no-- Rogelio Silva, José María Bescós y José Borrás ha dejado prácticamente resuelto el problema de las sedes: Los nuevos gestores tendrán que pilotar el traslado de los 60 órganos unipersonales a Ranillas y la concentración de los diez tribunales colegiados de la capital aragonesa en el Coso. Más complejo será que logre dotar de los medios técnicos necesarios a los juzgados efectuando los ajustes necesarios para que el programa informático Minerva NOJ soporte su actividad. NOJ son las siglas de Nueva Oficina Judicial, el gran reto inalcanzado de la pasada legislatura. Consiste en reorganizar y reestructurar todo el aparato judicial mediante la creación de servicios comunes, lo que conllevaría mover a más de la mitad de la plantilla. Los gobiernos del PP han eludido este reto en comunidades como Madrid y Valencia. Una constante desde el traspaso de las competencia han sido los retrasos en el pago de las asistencias del turno de oficio a los colegios de abogados cuya factura ronda ya los cinco millones anuales. ¿Se verá afectada por los recortes? En materia de Interior, uno de los pocos frentes abiertos es el remate de la reordenación del sector del juego, con varias de las últimas normas recurridas ante los tribunales, y culminar la ampliación de la plantilla y el despliegue de las competencias de la unidad adscrita del Cuerpo Nacional de Policía.
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