La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, afrontó ayer sin esconderse un desayuno de trabajo, en la sede de la editorial La Ley, con los miembros de la Asociación de Comunicadores Jurídicos (Acijur). Y habló sobre el derecho a la información.La vocal del CGPJ criticó las presiones a las que son sometidos los jueces a través de las informaciones que se publican en los medios. En su opinión, con determinadas noticias amparadas en el derecho a la información, se vulneran otros derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva o la presunción de inocencia.
Bravo defendió el secreto de sumario y condenó la publicación de determinadas informaciones conseguidas a través de filtraciones que no deberían producirse.
Para la portavoz, quien invoca el derecho a la información debe saber que hay unos límites aunque reconoció que es difícil encontrar el equilibrio entre el derecho a la información y los derechos de los justiciables.
Después de muchos años de dictadura, Bravo entiende que los periodistas se rebelen contra cualquier tipo de imposición. En su opinión, los periodistas son los que deben realizar un ejercicio de autocontrol y responsabilidad antes de publicar determinadas informaciones.
Gabriela Bravo defendió el secreto de sumario para que el juez tenga herramientas con las que poder ejercer un control sobre el proceso y los derechos que se protegen.
El debate con los periodistas fue directo, intenso y sin poner vendas. Xavier Gil, presidente de Acijur, señaló que "los periodistas no forman parte del Poder Judicial" por lo que no deben estar limitados "salvo por el propio límite de la veracidad" que debe iluminar el trabajo de un informador.
También se puso sobre la mesa el origen de las filtraciones. En muchas ocasiones, el origen de la información proviene de dentro de los juzgados por lo que surgió la opinión de que no se debía matar al mensajero sino limpiar antes la Justicia por dentro.
Bravo, que no rehuyó ninguna cuestión, reconoció que ya está prevista la pena por revelación de secretos pero insistió en la necesidad de que se produzca una armonización entre el derecho a la información y los derechos fundamentales de los procesados. La vocal del CGPJ, preguntada por la filtración de la decisión de la Sala 61 del Supremo sobre Bildu mientras todavía se estaba produciendo el debate, aseguró que el tema se estaba investigando.
La portavoz del órgano de gobierno de los jueces se declaró contraria a la "Ley Mordaza" y mostró su pesar por el hecho de que la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "no vea la luz en esta legislatura".

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