03-06-2011 / 15:50 h
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Torres Vela dijo en rueda de prensa que esas disfunciones son lógicas en una nueva estructura de oficina judicial que empieza a funcionar, y defendió la necesidad de cambiar el clásico modelo de los juzgados, que proviene del siglo XIX.
"El modelo de juzgado con un juez, un secretario judicial y diez funcionarios está superado", afirmó Torres Vela en una rueda de prensa con motivo de su visita a Tenerife para pronunciar una conferencia sobre la Nueva Oficina Judicial.
En el nuevo modelo que se quiere implantar, el juez tiene sólo dos o tres funcionarios de apoyo directo, y son unos oficinas comunes para todos los magistrados las que se encargan de los servicios comunes de tramitación, ejecución y generales, con el objetivo de tratar de resolver la lentitud de la justicia.
La Nueva Oficina Judicial está implantada de forma experimental en Murcia, Burgos, Ciudad Real y Cáceres, y antes de fin de mes se extenderá a León, Mérida y Cuenca, pero a partir de ahí se han aplazado "sine die" los planes que había para abrir en Palma de Mallorca, Ceuta y Melilla.
"Hay disfunciones propias de un sistema novedoso, algunas de ellas graves, y se trabaja para superarlas", pero hasta que se superen el proceso de despliegue está paralizado.
En el caso de Canarias, Arrecife y Arona son los lugares donde empezará el proceso, por contar con sedes nuevas, pero no hay fecha fijada, explicó el vocal del CGPJ.
Entre los problemas que paralizan el proceso, Torres se refirió a la deficiente distribución del personal entre los servicios y a la burocratización, con constante trasiego de expedientes de un lugar para otro, algo que debería acabarse con la implantación del expediente digital para sustituir al expediente en papel.
Manuel Torres Vela también se refirió al déficit tradicional de jueces de carrera en Canarias, que obliga a utilizar jueces sustitutos y magistrados suplentes, y señaló que en parte se ha solucionado con la última promoción, de la que diecisiete jueces han sido destinados a las islas.
El mismo problema que en Canarias se da históricamente en Cataluña y País Vasco, debido a que en estas tres comunidades no ha habido suficientes opositores para la carrera judicial.
Según el vocal, son las comunidades autónomas las que deben articular medidas para fomentar que los licenciados en derecho opositen a la judicatura mediante el apoyo con becas a los estudiantes, por ejemplo.
"Si queremos estabilidad en juzgados y tribunales tiene que haber jueces de la tierra", dijo Torres Vela, para quien "la estabilidad en el ámbito judicial es señal, dentro de lo que cabe, de buen funcionamiento de la justicia en ese territorio". EFE
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