Cómo abonar el terreno para una ley mordaza

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  CSI●F               JUSTICIA INFORMA

  http://www.intereconomia.com

  26-06-2011

  El CGPJ tiene un borrador para reformar artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde el máximo órgano judicial se quejan de que los "periodistas pretenden suplantar a los jueces". No pretenderá el CGPJ que las páginas de opinión se callen ante la legalización de Bildu. Hay algunos jueces que se desacreditan a partir de sus conductas y su protagonismo. ¿Debe mantener silencio la prensa ante situaciones más políticas que judiciales? El 90% de los jueces españoles son ajenos a los casos tratados en las páginas de los periódicos.




• Hace unos días, la portavoz del Consejo del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, durante un encuentro sobre "El Derecho a la Información y sus límites", reclamaba "un justo equilibrio entre el derecho a la información y las necesarias garantías a un proceso justo". Según Bravo, los periodistas deberíamos ser tremendamente respetuosos con las actuaciones judiciales para que los jueces pudieran decidir "en un marco ajeno a manifestaciones peyorativas y ataques personales". La consejera del Poder Judicial se quejó de las "consecuencias perniciosas de informaciones obtenidas de forma indebida que daban lugar a juicios paralelos en que algunos medios tratan de sustituir al propio juez en su función de juzgar" (sic, según una información del diario El Economista del 16 de junio).
  No sé en qué se basa para llegar a tal conclusión la portavoz del CGPJ, sobre todo, cuando nos atribuye a los profesionales de la información la pretensión de suplantar a los magistrados en sus funciones. Demasiado tenemos con aguantar nuestro cáliz como para asumir nuevos papeles. ¿Se imaginan ustedes a un periodista convertido en policía porque informa de asuntos criminalísticos; en espía porque destapa las miserias del CNI; en fiscal porque se muestra crítico con imputados investigados por el ministerio público; en soldados de fortuna porque denuncia la violencia de los mercenarios; en militares porque cuestiona las políticas militares del Ministerio de Defensa; en monarca sin corona porque informa sobre interioridades de la Casa Real o médico de cabecera porque destaca los errores médicos sobre un paciente? Dios nos coja confesados si, partiendo de las premisas de la portavoz judicial, los periodistas tuvieran que ponerse en la piel de todos los personajes de papel. En las relaciones entre el profesional y los protagonistas de la información impera sobre todo un aserto muy popular: que cada palo aguante su vela.
  Si en medio de ese escenario un magistrado mete la pata, se muestra indolente, actúa con prepotencia o demuestra ignorancia procesal, corre el riesgo de exponerse a la crítica de los medios de comunicación. De la prensa la libre e independiente, de la opinión pública y también de otros profesionales de la judicatura, organizados en asociaciones profesionales. Ese es nuestro sistema y así funciona desde que nos impusimos una constitución democrática en 1978. Si la portavoz Gabriela Bravo lo que reclama, entre líneas, es un trato de favor para los jueces, o la asunción por parte de los periodistas de una autocensura o la aplicación de la censura previa como en la dictadura, que promueva desde el CGPJ una ley mordaza y la envíe a los diputados para su estudio. Si no, que se limite a aplicar las leyes de nuestro ordenamiento jurídico, que ya de por sí son suficientes para proteger el honor, la intimidad y la independencia de los profesionales de la judicatura.
  Posiblemente, ante quienes los magistrados se sientan más desprotegidos es ante los políticos, quienes la eligieron para ocupar su cargo en el CGPJ. Si acudimos a las hemerotecas, podremos verificar fehacientemente que los exabruptos hacia los jueces provienen de la bancada de los diputados. Los jueces, como nos pasa al resto de los mortales –periodistas, abogados, militares, políticos, médicos o profesores– están sometidos al mismo ordenamiento legal que les garantiza un mismo sistema de derechos, pero también de obligaciones. Tienen abiertas las puertas de los tribunales para ejercitar acciones judiciales o quejarse cuando se sientan vituperados por los periodistas. Otros vericuetos o atajos supondrían conferirles la condición de intocables o la creación de un estatuto especial que los convertiría en una nueva casta con privilegios contrarios a una sociedad democrática. En definitiva, la imposición de unas prerrogativas más próximas a los sistemas judiciales de China, Corea del Norte o Cuba, donde las garantías procesales son inexistentes.
  Con respecto a Cuba no es necesario darle muchas vueltas. El periodista Sebastián M. Ferraté lleva camino de cumplir un año entre las rejas de una cárcel de La Habana por unos cargos inventados por el Gobierno cubano y amparados por la Justicia de aquel país. Las autoridades castristas pretenden vengarse de un reportaje de Sebastián sobre la prostitución en aquel país, que fue emitido hace años en Telecinco. La actitud ilegal del régimen castrista no me sorprende, pero sí me solivianta la del Gobierno español y de la Embajada española. ¿Cómo se puede consentir que un periodista español permanezca un año en prisión de manera arbitraria y nadie haga nada para evitarlo? Y ahí coloco a Asuntos Exteriores, Embajada y Consulado, la productora que le encargó el trabajo y lo supervisó, Federación de Asociaciones de la Prensa, asociaciones humanitarias y los periodistas que han trabajado con Sebastián y conocen su seriedad y honradez.
  Tras el paréntesis de una injusticia de verdad, en la que el protagonista es un periodista y no un juez, y una vez aclarado que los profesionales de la información lo último que pretendemos es convertirnos en jueces o sustituirlos en sus funciones, sino que sólo aspiramos a informar con libertad y con garantías legales, niego la mayor de otro comentario de la portavoz judicial. Se queja de unos supuestos ataques a la clase judicial que, según Gabriela Bravo, colocan a la Justicia "en una situación muy débil de descrédito" sobre la que se puede atentar "de forma tan irracional contra una función tan importante como es la de juzgar".
  Se confunde una vez más en sus observaciones. Y eso me preocupa porque esas objeciones proceden de uno de los pilares de nuestro sistema: el CGPJ. En respuesta, habría que desarrollar algunas puntualizaciones. Primero: son algunos jueces quienes se desacreditan así mismo a partir de sus conductas y sus descabelladas sentencias. Segundo: son los propios magistrados quienes desprestigian a la Judicatura cuando colocan, por encima de su condición de juez, sus inclinaciones políticas o morales. Sólo ellos y exclusivamente ellos son los responsables de disparar la alarma social cuando, por un error judicial, ponen en libertad a un pederasta, a un agresor machista o a un terrorista o cuando se ven salpicados por un caso de corrupción urbanística. Como no me gusta escribir en abstracto y esos casos sólo afectan, afortunadamente, a una minoría, recordaré los nombres de la juez Ramírez de Marbella, de Rodríguez Hermida en la fuga de Bardellino o al juez de Sevilla en el asunto Marta del Castillo. Si entonces se produjo la alarma social o el descrédito de la Justicia, fue por culpa de unos garbanzos negros, no de los medios de comunicación. Eran acciones muy focalizadas en las que nada tenía que ver la clase judicial. Por tanto, silenciar esos casos habría supuesto la complicidad de la prensa libre con la mediocridad y la injusticia. Un menosprecio a la libertad de información y de expresión. Una dejación de funciones. Si algunos pretenden obtener para los jueces corruptos o mediocres la impunidad y la impostura, nunca recibirán el silencio de los periodistas.
  Es cierto que el 90% de los jueces españoles es ajeno a los casos tratados en las páginas de los periódicos o en los informativos televisivos. Y, con toda seguridad, jamás se convertirán en los protagonistas de las noticias. En España trabajan miles de jueces que no aparecen en periódicos y telediarios y que todos los días realizan con eficacia su trabajo de manera anónima y silenciosa. El otro día, sin más, conocí al juez de paz de El Escorial y les puedo asegurar que difícilmente algún día podrá ser objeto de críticas periodísticas. Es uno de tantos profesionales que realizan intramuros su trabajo sin levantar ruido. Hay que convenir que a los periodistas no nos interesa ni la personalidad ni la vida privada de los magistrados, sólo los casos que tratan y los datos que figuran en los sumarios. Sólo nos fijamos en los jueces cuando cruzan la delgada línea del riesgo: cuando prefieren ser juez mediático o convierten los casos que investigan en algo personal. Es decir, cuando buscan el estrellato para pegar el salto o cuando buscan medrar para ascender en su carrera profesional. Eso conlleva el riesgo de tener que atravesar un campo sembrado de minas. Pero allá cada uno con sus actuaciones y decisiones. Si unos miembros del Tribunal Constitucional deciden adoptar una sentencia tan trascendental para la vida política española como es la legalización de Bildu en contra de la opinión del Tribunal Supremo, no pretenderá la portavoz del Consejo que las páginas de opinión de los medios de comunicación aplaudan tal resolución. No pretenderá que una decisión tan polémica pase desapercibida en medio del silencio de los periodistas. Sobre todo cuando otros magistrados del Constitucional redactan votos particulares mucho más críticos que los comentarios periodísticos. Y ya no digamos las opiniones que profesan en privado los miembros del Tribunal Supremo sobre sus compañeros del Constitucional. En ese escenario, ¿debemos los periodistas, siguiendo la doctrina de la señora Bravo, mantenermos al margen de un asunto mucho más político que judicial? Que nos lo explique. ¿Respeto para el colectivo de jueces? Todo el del mundo. ¿Acatamiento de las sentencias? Lo marca la Constitución. ¿Libertad para opinar y comentar sobre el contenido de las sentencias? Nos lo exigen nuestros lectores en un sistema de prensa libre e independiente.
  Comenta Gabriela Bravo que los periodistas publicamos informaciones que "pueden poner en tela de juicio la actividad procesal" y que "no deberían salir del proceso por la quiebra que supondrían para su marcha y para los derechos de los enjuiciados", que los periodistas sometemos a los jueces a una presión mediática que va "mucho más allá de la mera crítica a resoluciones judiciales", que incurrimos en juicios paralelos y vulneramos el derecho al honor y la presunción de inocencia.
  La portavoz del Consejo, que ha demostrado ser una profesional brillante, se introduce por tierras movedizas. Y lo escribe alguien que jamás ha sido corporativista, no ha encubierto a los periodistas delincuentes y ha sido acribillado a querellas por el poder cuando ha denunciado casos de corrupción política o económica –GAL, fondos reservados, saqueo de Marbella o escuchas del Cesid–. ¿Por qué por tierras movedizas? Porque una profesional con formación jurídica, si conoce todos esos atropellos contra los jueces, debería denunciar a los compañeros de profesión con nombres y apellidos y no limitarse a hablar genéricamente en una mesa redonda. A no ser que la portavoz del Consejo lo que persigue es preparar el terreno para introducirnos con calzador una nueva ley mordaza.
  Todo viene a cuento porque el CGPJ tiene preparado un borrador para reformar algunos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que afectan al derecho a informar de los periodistas, y se pretende enmascarar tal iniciativa. Para ello hay que justificar lo malísimos que son los periodistas