Más embargos que nunca, ejecuciones de hipotecas, expedientes de regulación de empleo, despidos de trabajadores, estafas... La crisis es el origen de un aumento de trabajo en los juzgados extremeños en los que, sin embargo, se mantiene el mismo personal que había antes del declive económico y que, según los sindicatos, ya resultaba escaso.
El caso es que una descompensada balanza es la que representa en estos momentos a la justicia extremeña, en la que aumenta considerablemente el número de asuntos que resolver sin que ocurra lo mismo con las personas que tienen que sacar ese trabajo adelante.
La situación agobia en las principales sedes judiciales extremeñas, para las que los sindicatos demandan con urgencia una mayor dotación de personal, que permita agilizar una labor que ven cómo se atasca sin que nadie le ponga remedio.
«Cada vez que pedimos algo, la respuesta que nos encontramos es la de la falta de presupuesto», asegura Cristina Blázquez, responsable del sector judicial de CSIF. «Para el juzgado de Plasencia hemos pedido una plaza de refuerzo que ha sido denegada», añade.
Previsión poco halagüeña
No hay dinero en el Ministerio del Interior para aumentar el número de plazas que hoy se hace más necesaria que nunca. La escasez de personal es tan importante que en algunos juzgados, como el de Plasencia, se ha pedido incluso que se prolonguen las jornadas, para que se acuda a trabajar durante la tarde, como ya se está haciendo en la capital cacereña.
«Los trabajadores están haciendo un esfuerzo tremendo para despejar la situación, yendo a trabajar incluso sin cobrar» como ha ocurrido en Cáceres, cuenta José Moreno, delegado de Personal de UGT.
Los responsables sindicales indican que casi habría que doblar el número de empleados para ganar agilidad. Los de Primera Instancia e Instrucción, que se encargan de los asuntos civiles, así como los de lo social, son los que necesitan incorporaciones con más urgencia porque en ellos se manejan las denuncias que llevan claramente impresa la huella de la crisis económica. Hay que sumarles el aumento de casos de violencia de género, que tapona aún más la labor.
Los últimos datos que ofrece el Consejo General del Poder Judicial ponen de manifiesto la importancia de la situación. Por ejemplo, la estadística señala que en el tercer trimestre del año pasado, las ejecuciones hipotecarias crecieron un 79'1 por ciento respecto al mismo período de 2009, quedando tan solo a una veintena de puntos para haberse duplicado.
Otros datos revelan que el número de concursos de acreedores se elevó en un 51 por ciento en la provincia pacense respecto al tercer trimestre del año precedente, mientras que en el caso de Cáceres la subida fue menor, de un 13 por ciento.
Números más fríos que nunca, datos tras los que se esconden quienes tienen que lidiar con ellos, que son en primer lugar quienes se ven implicados como afectados en cualquiera de estos procesos pero, también, el personal de la justicia extremeña que tiene que sacar los expedientes adelante. Una tarea con la que no dan abasto, hasta el punto de que solo en Cáceres hay en estos momentos un millar de procedimientos civiles sin incoar y más de 500 escritos sin proveer, según datos de UGT.
Las previsiones de crecer en personal son, sin embargo, poco halagüeñas, ya que no se espera convocatoria de oposiciones ni tampoco que se invierta en contrataciones.
La tecnología no ayuda
El proyecto de modernizar la justicia que ha puesto en marcha el Estado no está tampoco ayudando precisamente en este proceso. A las críticas de los propios profesionales por la ralentización de los asuntos a raíz de la apertura de la Nueva Oficina Judicial de Cáceres se une la que se vierte sobre las nuevas herramientas informáticas como el programa 'Minerva'. Quienes lo manejan aseguran que hace el proceso todavía más lento que antes de que se implantara porque está pensado para oficinas digitalizadas y ese no es precisamente el caso ni de los juzgados extremeños ni de los del resto de la justicia española, en los que el papel se apila en cualquier rincón.
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