Madrid, 12 ene (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió durante el año pasado 47 expedientes disciplinarios y sancionó a 41 jueces, lo que supone un 0,8 por ciento de la carrera judicial, integrada por 4.600 jueces y magistrados.
Estos son datos del balance de actuación del Servicio de Inspección del Consejo 2009-2010, dado a conocer hoy por la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, el presidente de la Comisión Disciplinaria, Pío Aguirre, y la jefa del Servicio de Inspección del CGPJ, Virginia García Alarcón.
El número de informaciones previas abiertas ha sufrido un descenso del 61,7 por ciento entre 2008 y 2010, al pasar de 2.485 en 2008 a 952 en 2010.
Las diligencias informativas también han experimentado un descenso, de un 84,7 por ciento, al registrarse 143 en 2008 a 22 el año pasado.
En cuanto a los expedientes incoados y a las sanciones las cifras, según Bravo, se mantienen en los mismos niveles, salvo en el caso de los expedientes incoados en 2009 -un total de 72-.
La explicación de este "ascenso considerable" -ha dicho Bravo- es que al menos 25 de esos expedientes estaban atribuidos a cinco jueces.
De los 47 expedientes disciplinarios once fueron a jueces de Madrid, 9 de Cataluña, 8 de Andalucía y 5 de Galicia.
Según el vocal del CGPJ Pío Aguirre no hay constancia de que haya más casos de jueces expedientados y sancionados en una jurisdicción concreta, ni en una Comunidad Autónoma determinada.
En 2010 se realizaron 336 visitas de inspección a órganos judiciales y tribunales y el Servicio de Inspección acordó 300 planes de refuerzo para aliviar la presión que los juzgados de lo Mercantil y de lo Social sufren debido a la crisis.
Este Servicio recibió durante el año pasado 2.200 quejas, la mayor parte referidas a conflictos generados en el trato personal recibido por los ciudadanos cuando se acercan a la Administración de Justicia.
Por ello, según ha anunciado Bravo, el Poder Judicial propondrá al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencias transferidas que todos los funcionarios de Justicia lleven una identificación personal para que los ciudadanos sepan con quién están hablando.
"Esto es algo normal en otras Administraciones como Sanidad", ha recalcado Bravo, que ha explicado que también se está elaborando una Guía de Buenas Prácticas que estará disponible para los jueces a través de internet a lo largo del primer trimestre de este año.
El Plan de Inspección para este año incluye la elaboración de un estudio de la carga de trabajo que realizan los jueces, formación para los inspectores, un nuevo reglamento del Servicio de Inspección y otro sobre las quejas de los ciudadanos.
Además, la implantación de la Nueva Oficina Judicial tendrá un seguimiento específico por el Servicio de Inspección, para que, según Aguirre, ésta "sea un éxito".
Sobre la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la decisión del Consejo de suspender de su cargo por 12 años al juez de Málaga Juan de Dios Anguita, al haber caducado el procedimiento disciplinario, Aguirre ha indicado que el próximo martes la comisión disciplinaria estudiará este asunto y podría acordar pedir que se amplíe de seis a doce meses el plazo para resolver los expedientes.
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