El notario mayor del Reino mantuvo ayer un encuentro con una numerosa representación de la sociedad isleña en la sede de CANARIAS7, en el que repasó el horizonte inmediato de la Justicia –el jueves entra en vigor la mayor reforma que ha experimentado el Código Penal desde su publicación en 1995– y aludió a otras reformas de no menor calado a corto plazo –la nueva Ley Concursal o la Ley de Agilización Procesal– , a medio –la implantación de la nueva oficina judicial– y a largo plazo, como es la asunción de la instrucción penal por parte del Ministerio Fiscal.
Caamaño se esforzó por transmitir un mensaje de tranquilidad hacia la clase empresarial, en referencia a la instauración de la responsabilidad penal de las personas jurídicas –la joya de la corona de la reforma penal– y aseveró que ninguna entidad va a delinquir de forma inconsciente: «La reforma se ha elaborado con un escrupuloso respeto a la legalidad y las garantías están en el propio Código Penal», dijo, «y protege al conjunto de empresarios que actúan dentro de la ley y que se ven perjudicadas por una minoría que no lo hace».
Recordó que la modificación de cerca de un centenar de artículos del catálogo punitivo no es caprichosa, sino que responde a la necesidad de sincronizar la norma con las tendencias de Europa y de actualizar el texto a la luz de los últimos acuerdos del Supremo. Poco antes de iniciar su conferencia, ante la prensa, había enfatizado que la rebaja de pena en el tráfico de drogas no va a suponer, «como temen algunos» que este jueves, cuando entre en vigor la norma, se sucedan «excarcelaciones masivas», sino que serán pocos los casos, y siempre de acuerdo con las circunstancias de cada supuesto, no de manera generalizada. [en Las Palmas, unos 16, tal y como adelantó CANARIAS7].
Mediación. En referencia a las medidas para descongestionar la Justicia, anunció la publicación de leyes de arbitraje y mediación para primar estas vías de resolución extrajudicial de litigios y advirtió que intentará acabar con la confusión entre el derecho a la tutela judicial efectiva con el derecho a recurrir. Criticó el abuso en el acceso a la segunda, la tercera, la cuarta y hasta la quinta vía y anunció que el Gobierno está preparando una ley que suprimirá el recurso de apelación contra las sentencias de juicios verbales que diluciden pleitos por cuantía inferior a 6.000 euros. Dijo que, en esos casos, las partes tendrán que contentarse con lo que diga en juez de primera instancia.
Habló de la reforma de la Ley Concursal como apremiante. Recordó que la de 2003 lo fue para «tiempos de bonanza», y expuso que si hasta 2007 en España no se superaban los 1.000 concursos, ese año los juzgados iniciaron 7.000, que afectaron a 85.000 trabajadores. Ello, aseveró, exige una ley con más medidas para permitir el reflote de la empresa concursada y más facilidades al acuerdo extraprocesal.
Defendió el refuerzo de las Fiscalías Anticorrupción de 2004, y recordó que ese mismo año su actividad había crecido un 150%. Habló, en este contexto, de que con la nueva reforma todos los delitos de corrupción están castigados con cárcel.
Aludió a la modernización de la oficina judicial. «No se pueden aplicar nuevas tecnologías a un sistema del siglo XIX», sintetizó. Acabó su discurso con un «la Justicia está en obras, disculpen las molestias».
No hay comentarios:
Publicar un comentario