Alegan que el sistema de control en vigor es suficiente y que los empleados públicos cumplen en su mayoría
Defienden que se penalice a los funcionarios díscolos, pero denuncian una falta de seguimiento a los altos cargos
- Serafín Lorenzo
- SANTIAGO/LA VOZ.
- 27/5/2010
Las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios aportan una nueva perspectiva en el debate abierto por el Gobierno de Feijoo sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de los que dispone para controlar el cumplimiento de los horarios por parte sus empleados. Los sindicatos asumen que la Xunta tiene que realizar esa labor de seguimiento, pero reclaman que no la limite solo a los trabajadores públicos y la extienda también a los altos cargos de cada departamento, entre los que perciben una laxitud mayor en la observación de sus obligaciones.
En general, las centrales del ámbito de la Administración autonómica entienden que la inmensa mayoría de los funcionarios desempeñan con rigor su actividad, y que incluso a menudo suplen con más horas de trabajo unos medios que no siempre son los idóneos, aunque también reconocen que «hay quien cumple y habrá quien intenta burlarse». Así lo manifiesta Fran Núñez, del sector autonómico de UGT-Galicia, que asegura que los sindicatos no van a proteger a «alguien que se burla». «La medida de la Xunta nos merece un respeto absoluto, porque tiene la capacidad de controlar a sus empleados públicos», apunta Núñez, que apostilla que «más del 90% de los empleados públicos cumplen con sus horarios sobradamente». La cuestión, matiza, es quién vigila al vigilante. «Citroën controla a sus altos directivos, pero este Gobierno no lo hace. Nos gustaría que el control fuera también a los mandos, y ver qué uso hacen de los coches oficiales», plantean en UGT.
En la misma línea se posicionan en la CIG-Administración. Mar Peteira esgrime que «o control horario xa o hai, porque todo o persoal ten a súa tarxeta. É aos directores e subdirectores xerais e persoal de gabinete aos que non se controla». Peteira, que ve «demagóxico» que la Xunta pretenda extender el control sobre los empleados, señala que «hai un réxime de sancións para os que non cumpren. Terán que facerlle recuperar as horas, descontarllas do salario ou abrirlle un expediente». El delegado de CC.?OO. en los servicios centrales de la Xunta, Pedro Méndez, insiste en la posibilidad de aplicar esas medidas si, por medio de unos mecanismos de control «que xa existen e son fiables», se detectan irregularidades. «Se alguén non cumpre, non nos parece mal que se vaia á chepa», asevera. Con todo, Méndez advierte en este proceso de endurecimiento de la vigilancia sobre los funcionarios un tono «oportunista e provocador», porque «parece que queren alimentar esa teórica mala fama que temos».
Desde el CSIF, Juan Carlos Rivas devuelve la pelota al tejado del Gobierno gallego, en cuanto a la necesidad de seguir el ejercicio de cargos directivos de designación política. «En ningún caso nos oponemos a la mejora del control de horarios y de cualquier modernización de la Administración, pero si se va a hacer ese tipo de control a lo mejor hay que empezar por los mandos, porque el funcionario raso cumple sobradamente con sus obligaciones», indica Rivas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario