Como ya adelantó Expansión.com, la secretaria de Estado de Presidencia del Gobierno, Consuelo Rumí, ha anunciado esta mañana a los sindicatos que se bajará el sueldo base de los funcionarios de un modo progresivo, es decir, que la medida afectará más a los que más cobren. Eso sí, el recorte de los complementos salariales será igual para todos en la Administración General del Estado, según indicó el secretario nacional del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Miguel Borra.
El anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la semana pasada hacía prever que se produciría una reducción progresiva de los sueldos de los funcionarios. No se había referido a que la reducción de las remuneraciones variables sería igual para todos.
En una rueda de prensa posterior a la reunión con los sindicatos, la secretaria de Estado aseguró que el recorte salarial se aplicará a partir del 1 de junio en cada una de las nóminas hasta la de diciembre, incluida la paga extra de Navidad, aunque no afectará a la paga extra de junio. En 2011, añadió, las remuneraciones permanecerán congeladas.
Los más perjudicados por el nuevo real decreto ley que va a aprobar el Consejo de Ministros esta tarde serían, según lo que les han comunicado a los sindicatos esta mañana en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, los que reciban una parte mayor de sus ingresos en variable. Dentro de este colectivo destacan los miembros de la Administración de Justicia, Sanidad y de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
El secretario nacional de CSI-CISF aseguró a Expansión.com que los sindicatos estaban "indignados" no sólo ante la falta de concreción del Gobierno sino también de las comunidades autónomas. Una parte importante del recorte al que se ha comprometido el Ejecutivo depende de las decisiones de los organismos regionales.
Rumí explicó que la medida no tiene carácter retroactivo y detalló que el recorte para el sueldo básico y los trienios tendrán una escala gradual según las retribuciones de cada grupo, en tanto que los complementos de destino y específicos tendrán una "afectación fija", que no aclaró.
Según Efe, los dirigentes de los sindicatos de la Función Pública UGT, CCOO y CSI-CSIF calificaron de "burla" la reunión de la Mesa General de la Función Pública mantenida esta mañana porque no se les ha explicado nada sobre el recorte salarial a los empleados públicos que hoy aprobará el Gobierno.
Así lo han estimado los secretarios generales de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, de la Federación para la Ciudadanía de CCOO, Enrique Fossoul y el presidente del sindicato de funcionarios CSI-CSIF, Domingo Fernández. Según han explicado, la secretaria de Estado, Consuelo Rumí, les ha remitido a que escuchen por la radio la rueda de prensa del Consejo de Ministros para conocer los detalles de esta medida y saber a qué colectivos de empleados públicos afectará, y que -según los sindicatos- podrían ser menos de los esperados.
Julio Lacuerda ha confirmado que ante esta incertidumbre los sindicatos impugnarán el real decreto ley, porque es "discriminatorio" y no tiene garantías de "ecuanimidad".
Ha asegurado que además de vulnerar el derecho a la negociación colectiva introduce un elemento nuevo que es una bajada salarial que vulnera derechos individuales consolidados.
Una medida excepcional y legal
Rumí quiso dejar claro que la rebaja salarial de los funcionarios es una medida "excepcional" para alcanzar el objetivo del 3% de déficit en 2013, y garantizó su "progresividad y equidad".
La secretaria de Estado, que resaltó el "ambiente de responsabilidad" de los sindicatos en la reunión, descartó que el recorte salarial incumpla el Acuerdo de la Función Pública suscrito en septiembre con los sindicatos, al considerar que afecta "sólo parcialmente", ya que sólo toca el capítulo de las retribuciones.
Así pues, Rumí aseguró que la medida cuenta con el "sustento legal" del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, y se refirió a su artículo 38.10, en el que se contempla la suspensión de los acuerdos ante la "alteración" de la situación económica.
Rumí quiso dejar claro que la rebaja salarial de los funcionarios es una medida "excepcional" para alcanzar el objetivo del 3% de déficit en 2013, y garantizó su "progresividad y equidad".
La secretaria de Estado, que resaltó el "ambiente de responsabilidad" de los sindicatos en la reunión, descartó que el recorte salarial incumpla el Acuerdo de la Función Pública suscrito en septiembre con los sindicatos, al considerar que afecta "sólo parcialmente", ya que sólo toca el capítulo de las retribuciones.
Así pues, Rumí aseguró que la medida cuenta con el "sustento legal" del Estatuto Básico de los Empleados Públicos, y se refirió a su artículo 38.10, en el que se contempla la suspensión de los acuerdos ante la "alteración" de la situación económica.
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