http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-telerioja/ minuto 6,17
http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-telerioja/rio-20130619com/1883049/ minuto 9,10
http://www.tvr.es/programas/informativos/ minuto 4,31
http://www.larioja.com/20130619/local/region/rioja-total-funcionarios-juzgados-201306191739.html
http://www.csi-f.es/es/node/144745/image_gallery
Critican la "privatización" de servicios como los registros civiles./DÍAZ URIEL
A mediodía de este miércoles, los organizadores han repartido hasta 131 números a los funcionarios reunidos en la escalera de acceso a los juzgados de Logroño que han secundado esta jornada de movilización a nivel nacional y han gritado: "luego diereis que somos cinco o seis".
La concentración estaba convocada por la Plataforma de sindicatos con representación en la Administración de Justicia Riojana (CSI-F, CCOO, UGT y STAR) con el objeto de defender el servicio público de la justicia y expresar la oposición de la Plataforma a su privatización.
El portavoz de la Plataforma, Alberto Herrería (CSIF La Rioja) ha leído un comunicado en el que se denunciaba que "las reformas que está planteando el Gobierno con respecto a la justicia, se resumen en disminuir el volumen de procedimientos que entran en los juzgados, obstaculizando el acceso a la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad, gratuidad y universalidad", ha dicho.
"Pretenden privatizar determinados servicios: registros civiles, actos de comunicación y ejecución, etc". Algo que "no producirá una mejora en el servicio al ciudadano y que, además, perderá la imparcialidad y objetividad que hasta ahora le proporcionan los funcionarios de justicia".
Herrería ha advertido sobre los colectivos que podrían hacerse cargo de dichos cometidos. "Como cabe suponer, se deberán a los que les pagan, por lo que acabaremos teniendo dos justicias: una de primera, para el que tenga dinero, y otra de segunda, para el resto".
Por otra parte, intentan limitar elacceso a la justicia, alejándola de los ciudadanos mediante la disminución o eliminación de los Juzgados de paz.
Los funcionarios de justicia se oponen a todas estas medidas y van a luchar hasta las últimas consecuencias para conseguir que el Gobierno recapacite y rectifique.
A partir de septiembre, los sindicatos consultarán a los trabajadores de justicia y ellos serán los que decidan hasta donde están dispuestos a llegar; no descartando ninguna medida, incluida una huelga indefinida
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