CSI●F JUSTICIA INFORMA
El fiscal general plantea que las autonomías devuelvan al Estado las competencias en Justicia.
Torres-Dulce califica de "error" el traspaso en su momento de estas funciones a las comunidades porque no ofrece ventaja alguna
REDACCIÓN - SANTIAGOEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, calificó ayer de "error" el traspaso de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas y se mostró partidario de, "si es posible", proceder a su devolución al Estado. Torres-Dulce aseguró que "muchas comunidades autónomas estarían de acuerdo" con su propuesta, si bien, precisó, "lo dirían con la boca chica".
Así lo sostuvo en su intervención en el seminario "Justicia y Economía", celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid). En su opinión, "un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar".
"Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tener los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas, como sucede actualmente en el desarrollo del Estado de las Autonomías, es realmente insuficiente", comentó el fiscal general, para quien el traspaso de las competencias sobre medios materiales y de personal de Justicia a las autonomías fue un "error".
El Partido Popular no ha mostrado una clara opinión en este asunto. Desde Madrid, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha manifestado en reiteradas ocasiones que "la Justicia es un poder del Estado" y que, junto a Sanidad y Educación, son competencias que "pueden devolverse al Estado". Por su parte, la Xunta, al igual que otras autonomías, se ha mostrado partidaria de conservar las competencias judiciales y de no devolver al Estado ninguna de las ya traspasadas.
Por otra parte, el fiscal reclamó una mayor partida económica en los presupuestos para permitir ofrecer una Justicia "eficiente y moderna". Además, calificó de "hachazo presupuestario" la reducción de 400.000 euros que ha sufrido el Ministerio Fiscal en materia de formación, lo que afecta a la formación inicial y continuada, idiomas y becas para el acceso a la Carrera Fiscal. En su opinión, la solución pasa por un presupuesto "singularizado" para el Ministerio, que garantice una mayor independencia y autonomía de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo.
Torres-Dulce añadió que si se quieren jueces o fiscales excelentes, "hay que pagarlos", en referencia a la imposición de las nuevas tasas judiciales, ya que a su entender, los ciudadanos deben colaborar en la financiación de la Justicia: "Quien impulse la Justicia y pueda pagarla, que la pague", dijo el fiscal general.
PSOE y asociaciones judiciales rechazan la sugerencia
El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, no comparte para nada la propuesta del fiscal general del Estado. Para los socialistas, la posibilidad de que las comunidades autónomas devuelvan al Estado las competencias en materia de Justicia "no está encima de la mesa".
El dirigente socialista destacó que todos los Estatutos de Autonomía de segunda generación recogen la descentralización de estas competencias, incluso en las comunidades donde gobierna el Partido Popular.
A estas críticas se suman las del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, que considera que la propuesta de transferencias "no puede tener recorrido".
Por otra parte, el diputado de ERC, Pere Aragonés, manifestó que su partido se opone "radicalmente"al retorno de competencias.
Desde la Generalitat, la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, reivindica las "competencias plenas" y reclama la modificación de la ley para hacer efectivos los traspasos pendientes.
El propio sistema judicial, también ha respondido al fiscal general. La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia expresaron ayer su postura en contra al entender que la propuesta va en contra del sistema autonómico que consagra la Constitución.
Así lo sostuvo en su intervención en el seminario "Justicia y Economía", celebrado en la Universidad Rey Juan Carlos en Aranjuez (Madrid). En su opinión, "un Estado en el que no hay un núcleo importante en Justicia, Sanidad y Educación, difícilmente podrá funcionar".
"Si somos un Estado federal, somos un Estado federal, pero tener los inconvenientes de un Estado federal y ninguna de las ventajas, como sucede actualmente en el desarrollo del Estado de las Autonomías, es realmente insuficiente", comentó el fiscal general, para quien el traspaso de las competencias sobre medios materiales y de personal de Justicia a las autonomías fue un "error".
El Partido Popular no ha mostrado una clara opinión en este asunto. Desde Madrid, la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ha manifestado en reiteradas ocasiones que "la Justicia es un poder del Estado" y que, junto a Sanidad y Educación, son competencias que "pueden devolverse al Estado". Por su parte, la Xunta, al igual que otras autonomías, se ha mostrado partidaria de conservar las competencias judiciales y de no devolver al Estado ninguna de las ya traspasadas.
Por otra parte, el fiscal reclamó una mayor partida económica en los presupuestos para permitir ofrecer una Justicia "eficiente y moderna". Además, calificó de "hachazo presupuestario" la reducción de 400.000 euros que ha sufrido el Ministerio Fiscal en materia de formación, lo que afecta a la formación inicial y continuada, idiomas y becas para el acceso a la Carrera Fiscal. En su opinión, la solución pasa por un presupuesto "singularizado" para el Ministerio, que garantice una mayor independencia y autonomía de la Fiscalía respecto del poder ejecutivo.
Torres-Dulce añadió que si se quieren jueces o fiscales excelentes, "hay que pagarlos", en referencia a la imposición de las nuevas tasas judiciales, ya que a su entender, los ciudadanos deben colaborar en la financiación de la Justicia: "Quien impulse la Justicia y pueda pagarla, que la pague", dijo el fiscal general.
PSOE y asociaciones judiciales rechazan la sugerencia
El secretario de Organización del PSOE, Oscar López, no comparte para nada la propuesta del fiscal general del Estado. Para los socialistas, la posibilidad de que las comunidades autónomas devuelvan al Estado las competencias en materia de Justicia "no está encima de la mesa".
El dirigente socialista destacó que todos los Estatutos de Autonomía de segunda generación recogen la descentralización de estas competencias, incluso en las comunidades donde gobierna el Partido Popular.
A estas críticas se suman las del consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, que considera que la propuesta de transferencias "no puede tener recorrido".
Por otra parte, el diputado de ERC, Pere Aragonés, manifestó que su partido se opone "radicalmente"al retorno de competencias.
Desde la Generalitat, la consejera de Justicia, Pilar Fernández Bozal, reivindica las "competencias plenas" y reclama la modificación de la ley para hacer efectivos los traspasos pendientes.
El propio sistema judicial, también ha respondido al fiscal general. La Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia expresaron ayer su postura en contra al entender que la propuesta va en contra del sistema autonómico que consagra la Constitución.
CSI-F SECTOR NACIONAL DE JUSTICIA
PRIMERA FUERZA SINDICAL EN JUSTICIA A NIVEL NACIONAL
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